Entre 1992 y el presente hay algo más que una distancia cronológica: hay una transformación silenciosa —y en algunos casos inadvertida— en la forma en que el sistema político uruguayo concibe el rol de las empresas públicas. Aquella consulta popular que frenó la privatización no fue simplemente una decisión coyuntural; fue, en términos doctrinarios, una reafirmación de principios. El Estado empresario no sólo debía existir: debía hacerlo bajo reglas de transparencia, control público y subordinación al interés general.
Ese marco, sin embargo, parece haberse ido erosionando con el paso del tiempo, no tanto por decisiones explícitas, sino por desplazamientos graduales en el lenguaje y en los instrumentos. La discusión reciente sobre mecanismos de financiamiento de proyectos estatales mediante estructuras propias del derecho privado —como las acciones al portador— no es un hecho aislado. Es, más bien, la manifestación de una deriva conceptual que ha ido desdibujando los límites entre lo público y lo privado.
No se trata aquí de una cuestión técnica menor. Las acciones al portador, por definición, diluyen la trazabilidad de la propiedad. En el ámbito privado pueden ser discutibles; en el ámbito estatal, directamente tensionan los principios de publicidad y rendición de cuentas que justifican la existencia misma de las empresas públicas. Introducirlas como herramienta para canalizar inversiones en proyectos estatales supone, en los hechos, un cambio de paradigma que rara vez es explicitado como tal.
Lo llamativo no es sólo la propuesta en sí, sino la naturalidad con la que se instala en el debate. Como si entre la defensa cerrada del patrimonio público en 1992 y las actuales fórmulas de financiamiento híbridas no mediara una ruptura, sino una continuidad. Y sin embargo, la hay. Lo que antes era objeto de resistencia frontal hoy se presenta bajo ropajes técnicos, despojado de su carga ideológica, como si la ingeniería financiera pudiera neutralizar las implicancias políticas.
En ese tránsito hay, efectivamente, un espacio de tiempo que parece haber quedado fuera del registro. No porque no haya ocurrido nada, sino porque lo ocurrido no fue narrado como un cambio, sino como una adaptación. Las “confusiones filosóficas” a las que algunos aluden no son meros deslices conceptuales: son el síntoma de una discusión que se ha vuelto implícita, cuando debería ser central.
Una democracia madura no debería temerle a estos debates. Pero sí debería exigir que se den con claridad. Si el modelo de empresa pública está cambiando —y todo indica que así es—, corresponde decirlo sin eufemismos. Porque en política económica, como en tantas otras áreas, las formas no son neutrales: son, muchas veces, el fondo mismo de la cuestión.
Pablo Melgar