Por Natalia Gorgoroso
El conflicto por la no renovación de los contratos zafrales en la Intendencia de Lavalleja se traslada formalmente al ámbito Legislativo comunal. El edil departamental por el Partido Colorado (Lista 10), Néstor Calvo, oficializó un pedido de informes dirigido al intendente Daniel Ximénez para exigir datos precisos, documentados y definitivos sobre la reestructura laboral que sacude al departamento.
El documento, fechado el 27 de mayo de 2026 y amparado en el artículo 284 de la Constitución de la República, fue ingresado a la Junta Departamental de Lavalleja (JDL) y busca echar luz sobre una polémica que ha estado marcada por la danza de cifras y las versiones cruzadas entre el oficialismo y la oposición.
EL DOCUMENTO
En su solicitud, Calvo pide a la Intendencia Departamental de Lavalleja (IDL) responder de manera pormenorizada sobre nueve puntos clave de la gestión de recursos humanos y financieros:
- Motivo de decisión de cese.
- Cantidad de contratos que se discontinúan (un dato que ha variado en las declaraciones públicas, oscilando entre 150 y 300).
- Sueldos que percibían los zafrales.
- Dependencia de la Intendencia en la cual desempeñaban sus funciones los afectados.
- Legajo laboral con antigüedad y calificación de desempeño en sus funciones de cada uno de los cesados.
- Monto que significaba para la Intendencia desde el punto de vista económico mantener a estos funcionarios.
- Antigüedad de cada contrato y si hay contratos anuales que dejaron de ser zafrales que también son afectados.
- Resoluciones de cada una de la contratación de función directa con salario y compensaciones.
- Compensaciones de funcionarios en comisión desempeñando tareas en la Intendencia Departamental.
EL FOCO DEL RECLAMO
El pedido de informes de Calvo no se limita a pedir explicaciones sobre los trabajadores cesados, sino que apunta directamente a la justificación financiera esgrimida por la cúpula de la administración de Ximénez.
Al solicitar los montos que la Intendencia ahorra con estos despidos (Punto 6) y exigir, en paralelo, las resoluciones de contrataciones directas (Punto 8) y las compensaciones a pases en comisión (Punto 9), el edil busca demostrar si existe una contradicción en el discurso de la austeridad.
Este movimiento va en estricta sintonía con las declaraciones que el curul colorado brindó recientemente a SERRANO. Néstor Calvo había calificado el accionar de la administración como “desprolijo” e “irresponsable”, advirtiendo que la comuna “no va a colapsar con los funcionarios que ganan 12 o 15 mil pesos”, pero cuestionando el ingreso de personal con sueldos que superan los 100 mil pesos.
Con el ingreso de este documento al pleno de la Junta, el Ejecutivo departamental se encuentra ahora en la obligación constitucional de responder y poner sobre la mesa los documentos oficiales. De esta manera, la oposición intenta forzar la transparencia en un tema que, según el Frente Amplio, busca erradicar el modelo de “changas por votos”, pero que para sus detractores representa un severo golpe a la vulnerabilidad de las familias lavallejinas en las puertas del invierno.