Una alcaldesa impulsó un sistema de reciclaje. Logró convertir residuos en recursos y recursos en juegos para niños. Es difícil encontrar una síntesis más clara de lo que debería ser la buena política: creatividad, compromiso ambiental y beneficios concretos para la comunidad.
Sin embargo, la noticia no terminó allí.
En algún punto del proceso, el dinero obtenido por la venta de materiales reciclables fue depositado en una cuenta personal antes de ser destinado a la compra de los juegos. Desde una perspectiva administrativa, se trata de un error. Pero el debate de fondo exige una mirada más amplia que la mera observación de un procedimiento.
La enorme maraña normativa que regula el funcionamiento del Estado, los gobiernos departamentales y los municipios suele partir de una premisa implícita: la desconfianza. Todo está diseñado para controlar, fiscalizar y prevenir abusos. Y eso tiene sentido.
El problema aparece cuando el sistema es incapaz de reconocer que, a veces, alguien puede generar beneficios para la comunidad sin perseguir una ventaja personal.
La información siguió el recorrido habitual hasta los organismos de control. Allí, lejos de la realidad cotidiana de los pequeños municipios, se detectó lo que algunos presentaron como una grave irregularidad. Sin embargo, resulta difícil sostener que exista aquí un beneficio indebido o un aprovechamiento personal de los recursos.
La moral pública no puede medirse exclusivamente por la perfección contable de cada trámite. Los errores administrativos deben corregirse. Pero no todo error administrativo constituye una falta ética ni mucho menos un acto de corrupción.
Lo que pudo haber sido una observación técnica destinada a mejorar procedimientos terminó adquiriendo una dimensión política desproporcionada. La maquinaria partidaria encontró en el episodio una oportunidad para amplificar una controversia menor y convertirla en tema nacional.
Resulta llamativo que quienes encuentran dificultades para explicar asuntos de mucha mayor relevancia institucional dediquen tantos esfuerzos a cuestionar una iniciativa local cuyo resultado tangible son juegos para niños y una comunidad más comprometida con el cuidado ambiental.
Ahora el expediente seguirá su curso. Un diputado decidió remitir el caso a la JUTEP. El organismo deberá analizar los antecedentes y emitir su opinión. Lo hará junto a decenas de otros asuntos que esperan resolución, algunos de ellos de una entidad considerablemente mayor para la transparencia pública.
Pero existe un riesgo que suele pasar inadvertido. Cuando la burocracia castiga con igual severidad la mala fe y el error de procedimiento, termina enviando una señal desalentadora a quienes intentan innovar.
La consecuencia es conocida: funcionarios y autoridades optan por no hacer nada antes que exponerse a cuestionamientos interminables.
Si eso ocurre, el perjuicio será mucho mayor que cualquier observación contable. Porque el reciclaje se abandonará, los juegos dejarán de construirse y la iniciativa quedará sepultada bajo expedientes, informes y trámites.
Una vez más, la burocracia habrá derrotado a la creatividad.
Pablo Melgar