Por Pablo Melgar
La Mesa Política Departamental del Frente Amplio de Lavalleja respaldó ayer jueves la política de reducción y regularización de trabajadores zafrales impulsada por la administración del intendente Daniel Ximénez, en medio de la creciente polémica generada por el cese de centenares de contratos en la Intendencia.
En una declaración pública emitida tras su reunión semanal, el oficialismo departamental sostuvo que al asumir el gobierno, el 11 de julio de 2025, encontró una situación “muy diferente” a la informada durante la transición con la administración nacionalista encabezada anteriormente por Mario García.
Según el documento, la nueva administración detectó “una situación económica compleja y un déficit no previsto”, además de un volumen de contrataciones zafrales muy superior al presupuestado.
La fuerza política afirmó que mientras existían previsiones para unos 220 cargos bajo esa modalidad, la plantilla efectiva superaba los 630 trabajadores.
El pronunciamiento constituye la defensa política más contundente realizada hasta el momento por el Frente Amplio local respecto a una de las decisiones más controvertidas del primer año de gestión: la desvinculación de alrededor de 300 trabajadores contratados de forma zafral, medida que provocó cuestionamientos sindicales y críticas de dirigentes nacionalistas.
La Mesa Política argumentó que el gobierno departamental recibió una Intendencia con “importantes niveles de abandono institucional”, problemas administrativos y carencias tecnológicas, y sostuvo que el proceso de ajuste responde a criterios de sostenibilidad y reorganización del Estado departamental.
En paralelo, el Frente Amplio buscó instalar una lectura política más amplia sobre el origen del problema. En el texto acusa directamente al Partido Nacional de haber desarrollado durante años “políticas de clientelismo” que derivaron en un “crecimiento desmedido” de la plantilla municipal, afectando “seriamente la sostenibilidad y el funcionamiento de la institución”.
El comunicado también intenta responder a uno de los cuestionamientos más sensibles que enfrenta la administración: el impacto social de los despidos en un departamento con elevados niveles de desempleo.
Al respecto, señaló que continúa realizándose un estudio socioeconómico “caso a caso” de los trabajadores afectados y remarcó que en Lavalleja existen actualmente más de 3.500 personas sin trabajo.
En ese contexto, el oficialismo reivindicó los mecanismos de ingreso implementados durante la nueva gestión, particularmente los programas “Lavalleja Concursa” y “Uruguay Impulsa”, basados en sorteos y concursos abiertos. Según el Frente Amplio, esos mecanismos buscan sustituir prácticas de “acomodo” político por criterios de igualdad de oportunidades y transparencia.
“La dignificación del trabajo” y “las reglas claras” aparecen como conceptos reiterados en la declaración, que además insiste en que las decisiones adoptadas no responden a intereses electorales sino a la necesidad de “ordenar” las cuentas y la estructura de la Intendencia.