La discusión sobre los más de 300 trabajadores cesados por la Intendencia de Lavalleja empezó torcida. Y cuando una discusión pública nace torcida, casi siempre termina convertida en una caricatura.
De un lado quedaron los “acomodados”. Del otro, quienes denuncian una “cacería política”. Entre ambos extremos se perdió algo elemental: los hechos.
El gobierno departamental encabezado por Daniel Ximénez instaló con insistencia la idea de que estas 300 personas habían ingresado a la comuna como parte de una maniobra electoral del último tramo del gobierno anterior.
Dicho de otro modo: el gobierno del Frente Amplio está echando a 300 blancos. Y como son blancos, no pasa nada. Relato falso.
El mensaje era simple, efectivo y brutal: militantes disfrazados de funcionarios. El problema es que la realidad, cuando se la mira de cerca, es bastante menos cómoda para el relato oficial.
Según información aportada a SERRANO por fuentes cercanas al exintendente Mario García y al exjefe comunal interino Vergara, aproximadamente 240 de esos trabajadores no ingresaron por recomendación política, ni por comités de base, ni por punteros, ni por favores electorales.
Llegaron mediante sorteos realizados en programas laborales surgidos durante la pandemia, cuando el país entero intentaba evitar que cientos de personas quedaran definitivamente afuera del sistema.
Después, la Intendencia absorbió esos contratos porque las necesidades seguían existiendo. Porque la pobreza no terminó cuando terminó la emergencia sanitaria.
Hay otro dato todavía más incómodo para la narrativa oficial: entre 50 y 60 de esos ingresos fueron solicitados por directores que ya venían trabajando desde la administración anterior.
Directores que Vergara decidió mantener precisamente porque entendió que gobernar seis meses no habilitaba una purga administrativa. Y fueron esos mismos directores -no operadores partidarios clandestinos- quienes pidieron contrataciones concretas para sostener áreas de funcionamiento cotidiano.
Después aparece el núcleo más humano y quizás más brutal de toda esta historia: cinco o siete personas que ingresaron directamente por decisión del intendente debido a situaciones extremas de vulnerabilidad social o de salud.
Personas para las cuales ese contrato no representaba un privilegio sino una tabla de salvación. Y acá conviene detenerse un instante. Porque en Uruguay se ha naturalizado una forma particularmente cruel de discutir el empleo público: se habla de números, nunca de personas.
“Los 300”. “Los cesados”. “Los ingresos”. Como si fueran paquetes. Como si detrás de cada contrato no hubiera una familia, una olla, un alquiler o una heladera vacía.
Nada de esto significa que no pueda discutirse la dimensión del Estado departamental. Claro que puede. Tampoco significa que todas las contrataciones hayan sido impecables desde el punto de vista administrativo. Sería ingenuo afirmarlo.
Pero una cosa es debatir criterios de gestión y otra muy distinta es construir un relato moral donde centenares de personas quedan presentadas públicamente como parásitos políticos.
Ahora comenzó la etapa terrible: jerarcas anunciando las cesantías. Dando la cara, aguantando el dolor. Hombres grandes y mujeres jóvenes sin chances de ser absorbidos por el sector privado.
Todos a la calle bajo la acusación de ser blancos. La prueba está en los hechos: no los defiende el sindicato y tampoco el partido. No son de la casta sindicalizada ni de la clase politizada. Simples laburantes.
Se ha llorado mucho en las últimas horas. Lloran los cesados y sus jefes. También lloran los alcaldes, dirigentes obligados a ver cada día el daño del despido político.
Hay algo que ningún comunicado oficial podrá borrar: detrás de esos “300” hay historias concretas. Y cuanto más se las conoce, más difícil resulta sostener el discurso simplista de que todo fue apenas una gigantesca maniobra electoral.
No se dirá que al Frente Amplio le gusta cuidar los dineros públicos. Esto es otra cosa. Aquí hay un tufillo a algo más.
Esta batalla la viene ganando el gobierno del Frente Amplio y su intendente Daniel Ximénez. Echa a 300 personas a la calle y el sindicato no le hace un día de paro, ni se declara en conflicto, ni llama a asamblea. Además, la oposición no lo llama a dar explicaciones a la Junta Departamental.
Como si fuera poco, tras salir dos veces en la televisión local, el intendente Ximénez se agotó, parece, y mandó al director de Desarrollo a poner la cara por él. Aguantó muy poco.
Parece mentira, años dando la batalla por alcanzar el gobierno departamental para terminar dejando sin trabajo a los más pobres de Lavalleja.
Pablo Melgar