Hay datos de la historia que parecen simples curiosidades, pero en realidad explican mucho del presente. Luis Batlle Berres fue diputado por Minas en 1923. Bernardo Berro representó al departamento en el Senado. Atanasio Cruz Aguirre, que luego llegaría a la Presidencia de la República, también estuvo vinculado políticamente a esta tierra. Y Feliciano Viera alcanzó la presidencia gracias a una de las operaciones políticas más intensas de su tiempo, iniciada precisamente en Minas, cuando el país todavía elegía a sus mandatarios mediante un sistema de elecciones indirectas.
Eran otros tiempos. Votaban los notables, los hombres más influyentes de cada departamento, y el peso de las redes políticas era determinante. Los departamentos del interior, especialmente los más cercanos a Montevideo, comprendieron que representar figuras nacionales no era solo una cuestión de prestigio: era una forma de asegurar presencia en el centro de las decisiones.
Lavalleja supo jugar ese juego. Y lo hizo con inteligencia.
Elegir representantes de proyección nacional significaba abrir puertas en los ministerios, en los organismos públicos, en las empresas del Estado y en el Parlamento.
Significaba obtener obras, caminos, servicios, inversiones y prioridad administrativa. Buena parte del desarrollo institucional y de infraestructura que conoció Minas durante buena parte del siglo XX no puede entenderse sin esa capacidad de influir en Montevideo.
No se trataba únicamente de tener dirigentes talentosos. Se trataba de entender que el poder, en Uruguay, siempre ha tenido un fuerte componente territorial. Los departamentos que logran hacer valer su peso político suelen obtener más atención del gobierno central que aquellos que solo administran sus asuntos internos.
La pregunta inevitable es qué ocurre hoy.
¿Quién defiende a Lavalleja frente al gobierno central?
La historia ha producido una situación singular: por primera vez en mucho tiempo, el departamento tiene un intendente de una fuerza política diferente que, no obstante, es del mismo partido que el presidente de la República.
Daniel Ximénez y Yamandú Orsi pertenecen al Frente Amplio. Sin embargo, no integran el mismo sector político y, según es conocido, su vínculo personal es escaso. La coincidencia partidaria no garantiza influencia.
Y allí aparece un problema mayor.
Durante décadas, la política departamental estuvo obsesionada con ganar elecciones locales. Pero ganar una elección no es lo mismo que construir poder. El poder verdadero consiste en tener capacidad de interlocución con quienes toman las decisiones nacionales. Consiste en conseguir recursos extraordinarios, acelerar expedientes, priorizar proyectos, atraer inversiones y colocar a Lavalleja en la agenda del país.
Hoy cuesta identificar esa estrategia. Mientras otros departamentos desarrollan lobbies permanentes, sostienen delegaciones activas en Montevideo y construyen alianzas transversales, Lavalleja parece haberse resignado a administrar la escasez.
Se reclama, se protesta, se denuncia, pero pocas veces se observa una acción coordinada destinada a influir donde realmente se define el presupuesto, la infraestructura o la inversión pública.
Tal vez el problema no sea solo del gobierno departamental. También es del sistema político local, de sus legisladores, de sus dirigentes empresariales, de sus organizaciones sociales y de una cultura que, en ocasiones, confunde independencia con aislamiento.
La historia de Lavalleja demuestra que el departamento supo ser mucho más que un actor periférico. Siempre fuimos pocos, pero se supo colocar presidentes, ministros y figuras nacionales de relieve.
Se debe apostar a convertir la representación política en desarrollo concreto.
Quizá haya llegado el momento de recuperar esa vieja lección: los departamentos no progresan únicamente por sus recursos naturales o por el esfuerzo de su gente. También progresan cuando alguien es capaz de sentarse en la mesa donde se reparte el poder y recordar, con firmeza, que Lavalleja existe y merece ser escuchado.
Pablo Melgar