Cada cierto tiempo reaparece una idea que parecía haber quedado definitivamente atrás: que no todas las personas deberían tener el mismo derecho a decidir sobre los asuntos públicos. La propuesta suele formularse en términos de responsabilidad, preparación o conocimiento, pero en el fondo plantea una distinción entre ciudadanos considerados aptos para participar de la vida política y otros a los que se presume incapaces de hacerlo.
Una de las formas contemporáneas de esa idea es el llamado voto calificado, particularmente cuando se propone vincular el derecho al sufragio con el nivel educativo. Según esta concepción, una persona con estudios universitarios estaría mejor capacitada para votar que alguien que no los tiene.
El problema aparece inmediatamente cuando uno se pregunta quién establece qué conocimientos son suficientes, qué títulos deben ser reconocidos y por qué una determinada formación académica debería convertirse en una medida de ciudadanía.
La historia de la democracia ofrece algunos antecedentes que deberían hacernos cautelosos frente a estas propuestas. Durante buena parte de la historia moderna, el sufragio estuvo restringido por criterios de propiedad, renta, sexo, origen social o posición jurídica. El sufragio censitario no era presentado necesariamente por sus defensores como una forma de privilegio, sino como una garantía de que las decisiones políticas quedaran en manos de quienes, según ellos, tenían suficiente independencia, educación o responsabilidad para tomarlas.
La expansión democrática consistió, en buena medida, en cuestionar esa premisa.
Uruguay no fue ajeno a ese proceso. La Constitución de 1830 estableció un régimen de ciudadanía política considerablemente restringido para los parámetros actuales. Con el transcurso de las décadas, distintos sectores fueron incorporándose a la vida política hasta llegar a la ampliación del sufragio.
Un momento decisivo fue el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, que permitió su participación en una elección nacional por primera vez en 1938, después del célebre antecedente de Cerro Chato de 1927.
Cada ampliación de la ciudadanía encontró argumentos destinados a justificar por qué determinados grupos todavía no estaban preparados para participar plenamente en las decisiones públicas. La historia posterior obliga a mirar esos argumentos con cierta distancia.
Por eso resulta difícil sostener que el acceso a la universidad pueda funcionar como una frontera entre quienes están habilitados para decidir y quienes no. La educación superior proporciona conocimientos específicos y puede ampliar las herramientas intelectuales de una persona, pero no constituye por sí misma una garantía de criterio político, honestidad, prudencia o conocimiento de la realidad social.
Tampoco puede ignorarse que las oportunidades educativas están distribuidas de manera desigual. Hay quienes pueden dedicar varios años de su vida a una carrera universitaria y quienes deben incorporarse tempranamente al trabajo. Hay trabajadores rurales, obreros, comerciantes, empleados, pequeños empresarios, jubilados y personas dedicadas al cuidado de sus familias que no tuvieron formación universitaria y que, sin embargo, poseen una experiencia considerable sobre cuestiones que afectan directamente a la comunidad.
Pretender que esa experiencia carece de valor porque no está acompañada por un diploma supone una concepción demasiado estrecha del conocimiento.
También conviene evitar una idealización inversa. Tener estudios superiores no convierte automáticamente a nadie en una persona más capaz o moralmente superior. La historia está llena de decisiones desastrosas tomadas por personas perfectamente instruidas, así como de aportes fundamentales realizados por individuos cuya educación formal fue limitada. El conocimiento académico tiene un enorme valor, pero no agota las formas en que una sociedad adquiere experiencia, criterio y comprensión de sus propios problemas.
El desprecio hacia las personas de menores ingresos o hacia quienes no poseen títulos universitarios resulta todavía más difícil de justificar cuando se recuerda que las trayectorias individuales no dependen exclusivamente del esfuerzo. Las oportunidades familiares, económicas y sociales influyen profundamente en las posibilidades de educación y ascenso. Y no siempre quienes ocupan posiciones de prestigio llegaron hasta ellas únicamente mediante los mecanismos de estudio y esfuerzo que luego invocan para juzgar a los demás.
Apellidos, herencias, contactos, instituciones, oportunidades excepcionales y circunstancias históricas también intervienen en muchas trayectorias de éxito. No hay nada ilegítimo en reconocer esas circunstancias; lo cuestionable es convertir una posición ventajosa en una prueba de superioridad personal y, a partir de ella, pretender determinar quién merece participar plenamente de la ciudadanía.
La democracia puede ser incómoda precisamente porque impide establecer esa jerarquía con facilidad. En el momento de votar, la experiencia del trabajador, del comerciante, del profesional, del académico, del empresario y del jubilado tiene el mismo peso político. No significa que tengan los mismos conocimientos ni que sus opiniones sean igualmente acertadas en cada asunto. Significa que la ciudadanía no se distribuye de acuerdo con títulos académicos, patrimonio o prestigio social.
Ese principio puede generar decisiones que no nos gusten. Es parte del costo de aceptar que una sociedad democrática está compuesta por personas con experiencias, intereses y niveles educativos muy diferentes.
Quienes consideran que determinadas personas deberían tener menos capacidad política debido a su educación harían bien en recordar de dónde provienen históricamente esas restricciones y qué otros criterios de exclusión podrían aparecer una vez que se acepta que el derecho al voto depende de demostrar una determinada condición.
Porque una vez que el título universitario se convierte en requisito para la ciudadanía plena, la discusión deja de ser sobre educación y pasa a ser sobre poder: quién establece el estándar, quién queda dentro y quién queda fuera.
El voto universal no afirma que todos sepamos lo mismo. Afirma algo diferente y mucho más importante: que las diferencias de conocimiento, riqueza, profesión o posición social no convierten a unos ciudadanos en dueños de los demás.
Esa es una de las razones por las que vale la pena defenderlo.
Pablo Melgar