Peor que un escándalo político es que tras cada escándalo la gente empiece a pensar que todos los políticos son iguales.
Ahí comienza el verdadero problema. Porque una democracia puede soportar un dirigente que se equivoque, un funcionario que cometa una imprudencia, un partido que deba dar explicaciones. Lo que difícilmente puede soportar durante mucho tiempo es que sus ciudadanos dejen de creer en quienes los representan.
El caso de los asesores de un edil montevideano tiene, por eso, una dimensión que excede largamente a sus protagonistas. La Justicia determinará responsabilidades penales, como corresponde. Los partidos deberán asumir las políticas que correspondan. Pero existe otra pregunta, bastante más incómoda, que no responde ningún expediente judicial: ¿Qué ocurre cuando la gente empieza a desconfiar de la política como actividad?
No tengo elementos para afirmar que el narcotráfico esté penetrando las estructuras políticas uruguayas. Tampoco creo que cada político que aparece relacionado, directa o indirectamente, con una persona investigada o condenada sea por eso parte de una organización criminal.
Eso sería una irresponsabilidad.
Pero tampoco sería sensato mirar hacia otro lado. El narcotráfico existe. El dinero del narcotráfico existe. Las organizaciones criminales existen. Y cualquier democracia razonable debe preguntarse si sus instituciones tienen los controles suficientes para impedir que esos intereses encuentren una puerta de entrada.
La respuesta no puede ser una acusación general contra la clase política. Entre otras cosas porque esa clase política está formada también por personas que trabajan durante años por un sueldo que, en términos generales, no convierte a nadie en millonario.
Llevo casi tres décadas mirando la política desde el periodismo. He conocido políticos buenos, malos, brillantes, mediocres, trabajadores, vagos, honestos, imprudentes, soberbios y también personas extraordinariamente generosas. Pero no he conocido esa caricatura según la cual todos entran a la política para enriquecerse.
No es así.
La política tiene algo que todavía parece difícil de explicar en estos tiempos: vocación. Hay hombres y mujeres que dedican años de su vida a una actividad que consume tiempo, exposición, discusiones, elecciones, derrotas, críticas y, muchas veces, la tranquilidad que tenían antes de entrar en ella.
No es una actividad para hacerse rico.
Otra cosa son las campañas electorales. Allí circulan recursos, aparecen intereses, se multiplican los contactos y aumenta la posibilidad de que alguien intente aprovecharse de una estructura política para sus propios fines. Precisamente por eso los controles deben ser mayores.
Pero una cosa es admitir el riesgo y otra convertir el riesgo en una acusación colectiva.
Uruguay tiene mucho que perder si cae en esa trampa. Porque los partidos políticos no son un accesorio de la República. Son una de sus columnas. Y los partidos necesitan algo que no se compra con publicidad, ni con encuestas, ni con discursos: credibilidad.
Cuando esa credibilidad se pierde, aparece el cinismo. El ciudadano comienza a pensar que las normas son para los demás. Que todos tienen un precio. Que detrás de cada contratación hay un negocio. Que cada asesor tiene un padrino. Que cada dirigente esconde algo.
Puede que muchas de esas cosas sean falsas. Pero una vez instalada la sospecha, demostrar que son falsas resulta muchísimo más difícil.
Por eso la política tiene una obligación que va más allá de la ley. La ley establece lo que puede y lo que no puede hacerse.
La ética pregunta algo diferente: ¿corresponde hacerlo? Y existe todavía otra pregunta, quizá más incómoda: ¿cómo será percibido?
No todo lo legal es necesariamente ejemplar. Y quien ocupa una función pública no puede comportarse como si la única vara que debiera importarle fuera la del Código Penal. La Justicia determinará si hubo delito.
Los partidos deberían preguntarse, además, si hubo una conducta compatible con la responsabilidad política. Son cosas diferentes.
La famosa mujer de César no es una extravagancia literaria. Es una regla elemental de la vida pública: quien administra una cuota de poder debe cuidar no solamente sus actos, sino también las circunstancias que rodean esos actos.
Hay decisiones que quizá puedan defenderse jurídicamente y, sin embargo, resulten políticamente indefendibles.
Hay relaciones que pueden ser perfectamente legales y, sin embargo, obligar a quien las mantiene a ofrecer explicaciones.
Y hay momentos en que apartarse no significa admitir una culpa.
Significa cuidar la institución.
Yo, personalmente, en un caso de esta naturaleza, habría apartado a todos los involucrados políticamente mientras se aclaran las circunstancias. A todos.
Después que investigue la Justicia. Después que se conozcan los hechos. Después que cada uno responda por lo que corresponda. Pero primero hay que proteger la institución. Porque la permanencia de una persona en un cargo puede terminar costándole mucho más a la institución que al propio interesado.
Y aquí aparece otro problema que a veces se subestima: la soberbia. Un político que atraviesa una situación delicada debería comprender que la arrogancia es una pésima estrategia. No porque tenga que pedir perdón por existir ni porque deba someterse al tribunal de las redes sociales. Sino porque representa a otros.
La ciudadanía puede perdonar un error. Incluso puede perdonar una torpeza. Lo que difícilmente perdona es que alguien le explique, desde arriba y con suficiencia, que no tiene derecho a hacer preguntas.
El poder necesita humildad. No por una cuestión religiosa ni moralista. Por supervivencia institucional. El político debería entender que hay momentos en que explicar vale más que justificarse; escuchar vale más que contestar; y apartarse puede ser una demostración de responsabilidad, no de debilidad.
El problema no es solamente ser honesto. Es parecerlo. Y no por hipocresía. Por respeto. Porque el ciudadano no está obligado a conocer cada expediente, cada contrato, cada conversación, cada antecedente. Lo que ve es mucho más simple: quién nombra a quién, quién trabaja para quién, quién responde, quién se enoja, quién explica y quién desaparece.
Con esas piezas construye su confianza. O la destruye.
Por eso los partidos tienen una responsabilidad enorme. No pueden limitarse a esperar que la Justicia resuelva cada controversia. La Justicia no está para administrar la ética de los partidos. A su vez, los partidos tienen que establecer límites y saber que una decisión políticamente incómoda tomada a tiempo puede evitar un problema institucional mucho mayor mañana.
No hay que confundir prudencia con condena. Tampoco garantías jurídicas con absolución política. Y mucho menos sospecha con prueba. Son tres cosas distintas.
En una época en la que abundan las leyendas, los rumores, las teorías y las certezas fabricadas a partir de media noticia, conviene recuperar una vieja costumbre: esperar los hechos.
Pero esperar los hechos no significa quedarse sentado. Y exigir explicaciones. La democracia uruguaya no necesita que sus ciudadanos crean que todos los políticos son santos. Necesita algo mucho más modesto y mucho más importante: que crean que las reglas funcionan. Que quien comete un delito enfrenta a la Justicia. Que quien ejerce el poder tiene límites. Y que quien representa a los demás entiende que ese poder no le pertenece. Porque quizá ese sea el punto que estamos olvidando.
La política no es solamente administrar recursos, votar leyes o ganar elecciones. Es representar. Y representar significa cargar con una responsabilidad que no termina cuando se cierra el expediente judicial. Una persona puede salir jurídicamente indemne de una situación y, sin embargo, haber perdido la confianza de quienes representa.
Si dejamos que cada episodio se convierta en otra prueba de que “todos son iguales”, terminaremos construyendo una sociedad en la que nadie confía en nadie.
Y entonces aparecerá la pregunta inevitable: ¿Quién ocupa el lugar que dejan vacíos los partidos? La respuesta no necesariamente será mejor. Por eso hay que cuidar la política incluso cuando hay que criticarla. Hay que defender a las instituciones precisamente cuando quienes las integran cometen errores.
Y hay que exigir más a los políticos, no menos. No para proteger a los políticos. Para proteger a la República. Porque cuando la política pierde credibilidad, no pierde solamente la política. Perdemos todos.
Pablo Melgar