Por Natalia Gorgoroso
A las repercusiones por el cese masivo de trabajadores zafrales en la Intendencia de Lavalleja y la controversia por la instalación de una placa recordatoria en la vía pública, se suma ahora la voz de la edil del Partido Nacional, Carol Aviaga.
En diálogo con SERRANO, la curul lanzó duras acusaciones contra el intendente Daniel Ximénez, denunciando un accionar ilegal, desprecio por los más vulnerables y un afán recaudatorio para financiar “arreglos y acomodos” políticos.
CESES
Para la edil nacionalista, las recientes determinaciones del Ejecutivo departamental respecto al personal no revisten ninguna novedad respecto al perfil del jefe comunal. “No es sorpresa para mí, ya conocíamos la forma de trabajar del intendente cuando era director del Hospital”, expresó Aviaga.
Abordando directamente el cese de zafrales de la comuna, la edil remarcó que “esta es una medida arbitraria, inhumana y déspota, que muestra la verdadera cara de quienes nos gobiernan desde la Intendencia”.
Aviaga apuntó directamente a las promesas de campaña del actual jefe comunal, señalando que “el intendente Ximénez le mintió al pueblo de Lavalleja, especialmente a las familias más vulnerables que dependen del trabajo en la Intendencia”. Según detalló, el jerarca “específicamente se comprometió públicamente a mantener las fuentes laborales de las personas zafrales y a generar una política que terminara con las ‘políticas esclavizantes del Partido Nacional’”.
Con tono irónico y crítico, analizó el resultado de aquellas promesas: “hay que reconocer que lo está llevando adelante, ‘libera a las personas’, según él esclavizadas, dejándolas sin trabajo”.
CARGOS POLÍTICOS
Al referirse a los motivos económicos detrás de estos recortes, Aviaga desestimó que se trate de un cuidado genuino de las finanzas de la comuna y acusó a la administración de utilizar estos fondos para engrosar sueldos de jerarcas.
“El Frente Amplio vino a ‘hacer caja’ con los recursos de los lavallejinos, han aumentado exponencialmente los cargos de confianza de más de 200.000 pesos y los contratos de más de 100.000 pesos”, denunció la edil blanca, remarcando que “los arreglos y acomodos son los que se llevan la mayor parte del presupuesto departamental”.
La curul explicó su opinión sobre la ecuación financiera del Ejecutivo de la siguiente manera: “ahorran eliminando los trabajadores zafrales, ahorran con la eliminación de cargos presupuestales obreros, ahorran eliminando derechos adquiridos de los trabajadores y vuelcan esos recursos para los suculentos sueldos de los cargos políticos frenteamplistas de Lavalleja”.
LEGALIDAD
Más allá del plano laboral, Aviaga alertó sobre un preocupante manejo institucional en Lavalleja. “Es muy preocupante el desprecio hacia los más vulnerables, hacia quienes lo cuestionan y hacia quienes piensan diferente”, señaló y añadió inmediatamente que “es muy preocupante el desprecio por la legalidad y el cumplimiento de las normas vigentes”.
Según la representante del Partido Nacional, “estamos ante un gobierno departamental que viola normas constitucionales, desoye las observaciones del Tribunal de Cuentas a su presupuesto y hoy está denunciado en la JUTEP (Junta de Transparencia y Ética Pública) y en el Parlamento Nacional”.
PLACA DE LA MEMORIA
El conflicto ha escalado también a raíz de la instalación de la placa de la memoria en Avenida Artigas. “El 29 de mayo se estaría colocando en Minas una placa del Sitio de la Memoria”, indicó Aviaga, aclarando rápidamente su postura: “no sería un problema si se colocara dentro del Batallón N° 11, el problema es que lo van a colocar en la vía pública violentando las normas legales vigentes”.
Para la bancada del PN, el principio es claro: “Lo político no debe estar por encima de lo jurídico”.
A raíz de esto, se ha desplegado una fuerte ofensiva legal. “Por ilegales resoluciones del intendente de Lavalleja la bancada de ediles blancos, asesorada a través del Directorio del Partido Nacional, presentó impugnación con 2 recursos administrativos. Uno en el Parlamento y otro en la comuna”, detalló la edil.
Carol Aviaga explicó el respaldo de estas medidas: “ante la flagrante violación a la Ley 9.515 y a la Constitución, la Bancada de Ediles blancos solicitó apoyo jurídico al presidente del Directorio (de su fuerza política), Álvaro Delgado. Amparados en la consulta hecha desde el Directorio del Partido Nacional al Dr. Durán Martinez se decidió impugnar el acto del gobierno departamental”.
En este sentido, agregó que “junto al Dr. Marcelo Nievas, abogado representante de la Bancada, se interpuso un recurso en Cámara de Representantes invocando el artículo 303 de la Constitución”.
Esta acción ha logrado unificar a la oposición en la Junta. “Es importante destacar que se puso en conocimiento de la acción a tomar al Comité Ejecutivo del Partido Colorado de Lavalleja y sus ediles se sumaron a firmar los recursos de impugnación”, subrayó.
“UN PRECEDENTE OSCURO”
Aviaga quiso separar la discusión ideológica del problema institucional que denuncian. “Sobre si estamos de acuerdo o no con la Ley de los Sitios de la memoria, ese no es el tema que nos convoca y ocupa en este momento”, afirmó, reconociendo que “seguramente en la Bancada de Ediles del Partido Nacional de Lavalleja, tengamos visiones personales diferentes”.
Sin embargo, dijo a SERRANO que “lo que sí nos une es la defensa de la legalidad y el cumplimiento de las leyes en el accionar de la Junta Departamental y del gobierno departamental”.
El nudo del conflicto radica en las mayorías requeridas. “En el caso particular de la instalación en la vía pública de una placa señalando un Sitio de la Memoria, nosotros estamos denunciando que se han violentado las normas vigentes al avanzar en su colocación sin tener los votos necesarios en la Junta Departamental”. Aviaga fue tajante al respecto: “el intendente Ximénez no tiene permiso de la Junta para colocar esa placa en la vía pública”.
“Acá está en juego la institucionalidad y la legalidad del gobierno de Lavalleja”, advirtió. Explicó que “es claro que se necesitan 21 votos en la Junta para colocar dicho monumento en la vía pública. Cuando se trató la solicitud del intendente, Ximénez, el oficialismo solo obtuvo 17”. A pesar de ello, la edil indicó que “arbitrariamente el presidente de la Junta, Mauro Álvarez, dio por aprobada” la solicitud.
Aviaga reflexionó sobre lo que considera la gravedad del panorama actual en el departamento: “estamos frente a un hecho inédito en Lavalleja. Estamos frente a un hecho que genera un precedente oscuro y que crea un ambiente de inseguridad política en Lavalleja”.
Y finalizó dejando una pregunta abierta a la ciudadanía: “si no hay prurito en violar la Ley vigente en este caso, ¿qué garantía tienen los vecinos de que no existan atropellos a sus derechos en el futuro?”.