Existe una confusión tan instalada como errónea en el sentido común: la tendencia a fundir en un mismo concepto el hecho acontecido, el relato y la historia. Se suele asumir, de forma casi automática, que todo lo que se repite en el imaginario popular, en los medios de prensa, en las redes sociales o en el núcleo de una tradición familiar constituye un hecho histórico indiscutible. Sin embargo, no todo lo que se repite es un hecho. El pasado, una vez que ocurre, desaparece; lo que nos queda de él es la historia, que no es otra cosa que una reconstitución intelectual, una producción del pensamiento humano que se elabora siempre a posteriori.
Esta distinción no es un capricho contemporáneo, sino un pilar de la academia. Como señalaba el historiador francés Henri-Irénée Marrou en su clásica obra “Del conocimiento histórico”, la historia es “el conocimiento del pasado humano de forma válida, científicamente elaborado por una reconstrucción intelectual”. El hecho puro no se encuentra flotando en el aire esperando ser recogido; se construye y se delimita a través de las preguntas que el investigador le hace a las fuentes. Por ende, la historia no se decreta por imposición ni por la repetición constante de un dato aislado: se demuestra a través de la razón y del documento.
Lamentablemente, el debate público actual suele verse empañado por la competencia y la inflación del ego. Hay quienes asumen un rol de autoridad basándose en la edad, la jerarquía o el simple entusiasmo, transformando el intercambio de ideas en una disputa personal por tener la razón. Pero la búsqueda del conocimiento no es un asunto de competencia ni se resuelve en una discusión informal de almacén. Cuando se escribe desde la convicción de la verdad y amparándose en la acepción académica, no se busca ganar un trofeo, sino respetar el rigor del oficio. Al igual que un título universitario no reemplaza la capacidad real de una persona, la repetición obstinada de un relato no reemplaza su veracidad.
Este fenómeno de la repetición ciega se observa con total claridad en el plano intrafamiliar, donde a menudo surge un fuerte rechazo hacia las narrativas basadas estrictamente en documentos cuando estos contradicen las tradiciones del hogar. Las familias tienen la necesidad lógica de construir mitos fundacionales para cimentar su propia identidad, dado que toda identidad es una construcción social y afectiva. Es comprensible que, por puro cariño, respeto o falta de herramientas, los relatos del abuelo o de los padres nunca se cuestionen. Si la abuela afirmaba haber conocido en su juventud al compositor Eduardo Fabini, ese relato debe tomarse como lo que es: un testimonio oral, un indicio valioso, pero no un hecho histórico comprobado. La historiografía seria sabe separar el trigo de la cizaña, distinguiendo con precisión científica el hecho de la leyenda y el mito.
Un ejemplo universal de esta necesaria separación es el célebre y supuesto encuentro entre Mozart y Beethoven en Viena en 1787. Aunque se repite de forma casi unánime como un hito en la juventud de Beethoven, la investigación histórica rigurosa demuestra que no es más que una leyenda; no existe hasta el día de hoy un solo documento que lo compruebe. A pesar de esto, muchas personas lo asumen como un hito científico consolidado. Este tamiz es la esencia del oficio: ante una granja de datos dispersos, el investigador debe saber distinguir una planta de otra y otorgarle a cada cosa su justo lugar.
El verdadero problema de nuestra sociedad actual surge cuando las personas, cegadas por el sesgo afectivo, rechazan el dato y el método objetivo. Con tal de no soltar el relato heredado, prefieren contradecir a quien presenta la evidencia general y la norma documentada. Es así como quien demuestra una equivocación con pruebas en la mano debe tolerar descalificaciones e improperios de quienes creen que lo válido es la intensidad de su creencia y no lo comprobable. El afecto explica la permanencia del mito, pero no verifica el acontecimiento. Si bien un documento puede contener una inclinación al error o una incongruencia -como cuando un antepasado declaraba una edad falsa en un censo-, esto no es una norma generalizada. Para refutar la veracidad de un documento oficial no basta con la sospecha; se requiere otro documento que lo contradiga y un análisis coherente que contraste las fuentes.
Un ejemplo clásico de esta generalización de la excepción ocurre cuando se asume, como verdad absoluta, que antiguamente todos los niños eran registrados con meses o años de retraso, convirtiendo una anomalía en una regla universal para salvar el relato oral. Caer en la ligereza de validar cualquier testimonio sin verificarlo es abrirle la puerta a un relativismo peligroso donde cualquier versión se vuelve verdad absoluta por el mero hecho de ser enunciada. Este descuido metodológico se ha trasladado incluso a la prensa contemporánea, donde se publican narraciones e imágenes antiguas sin indicar la procedencia de la información, bajo la falsa premisa de que la historia “no es de nadie”. Pero aquí no se discute la propiedad, se discute la procedencia, que es infinitamente más importante. Sin procedencia clara, la información se vuelve un verso.
A nivel macro, el escenario digital ha naturalizado el uso de capturas de pantalla de búsquedas en Google o Wikipedia como si fuesen tribunales de última instancia. Se ignora que los algoritmos de inteligencia artificial están diseñados para brindar y organizar datos dispersos en la red, no para verificarlos; carecen de la capacidad cognitiva para demostrar si lo que recopilan es cierto o falso. La historia proviene siempre de los documentos y de la investigación, jamás de la superficie de un buscador.
Esto implica un profundo respeto por el oficio de la historiografía y de las ciencias de la información, disciplinas que constantemente se reivindican y se revisan. Incluso un trabajo historiográfico riguroso -como las narrativas de autores como Aníbal Barrios Pintos- no constituye una verdad absoluta e incuestionable. Dichas obras están construidas bajo el criterio, la percepción y la selección de fuentes del propio historiador, y siempre están sujetas a revisión si se descubren nuevos documentos que cambien la perspectiva de lo establecido. Todo lo que se sabe de un proceso puede dejar de ser del todo exacto según los nuevos hallazgos.
Finalmente, este desafío metodológico y técnico encuentra su trinchera más estricta en la Archivología. En la era de la virtualidad, donde instituciones como la Facultad de Información y Comunicación (FIC) y la Biblioteca Nacional realizan un esfuerzo enorme por poner a disposición el patrimonio digital a través de colecciones de acceso público en internet, las redes sociales y la prensa han caído en un vicio alarmante: difundir cualquier imagen antigua omitiendo su procedencia bajo la excusa de que pertenece al “dominio público”. Se confunde burdamente la libertad de difusión con la abolición de los derechos morales, los cuales permanecen intactos. El dominio público no anula la obligación científica de declarar de dónde salió un documento.
Esta ligereza conceptual fomenta la desinformación y dinamita las bases de la investigación, arrastrando incluso el mal uso de los términos técnicos de la disciplina. En los propios canales institucionales e incluso en el ámbito pedagógico se suele confundir de forma flagrante lo que es un archivo de lo que es una colección. Un archivo responde al principio fundamental de procedencia: es el conjunto orgánico de documentos producidos o recibidos por una persona o institución en el ejercicio de sus funciones. Una colección, en cambio, se agrupa de forma artificial; es una reunión voluntaria de documentos que provienen de múltiples y diferentes productores, unida únicamente por abarcar una temática, materia o interés especial.
En la propia web de la Biblioteca Nacional queda en evidencia este error conceptual con la denominada “Colección Barrios Pintos”. No existe técnicamente un archivo Barrios Pintos, sino una colección artificial. El investigador recibió e incorporó un cúmulo de fotografías procedentes de una enorme diversidad de autores y orígenes, muchas de ellas carentes de datos básicos, mal descritas o con dataciones erróneas. Al despojarse del principio de procedencia orgánica, el material se vuelve vulnerable al error de catalogación.
Esta misma confusión terminológica se naturaliza cuando en escuelas o liceos se anuncia con entusiasmo que las aulas pretenden “armar un archivo histórico” de una localidad o ciudad. Un salón de clases o un proyecto educativo no es una institución productora que genera esos documentos en el ejercicio natural de sus funciones legales o administrativas. Lo que estos proyectos escolares realmente construyen es una colección: un acopio artificial de fotografías y registros cedidos por diversos productores particulares, un proceso donde lamentablemente se suele omitir la procedencia exacta de cada pieza.
Intercambiar estos conceptos o ignorar el rastro original de los materiales no es un detalle menor; es un obstáculo directo para la trazabilidad del conocimiento. El marco legal uruguayo es tajante en este sentido a través de la Ley Nº 9.739 de Propiedad Intelectual. En su articulado se establece con claridad la división entre los derechos patrimoniales (económicos) y los derechos morales (de autoría y procedencia). Cuando una imagen o documento antiguo ingresa al denominado “dominio público” -regulado por el Artículo 42 de dicha ley-, lo único que se extingue es la restricción económica para su reproducción; sin embargo, los derechos morales de paternidad e integridad de la obra permanecen intactos de forma perpetua e irrenunciable. El dominio público no es una carta blanca para el anonimato ni para el libertinaje informativo; exige, por mandato legal, que se declare y respete el origen de la pieza.
El panorama internacional acompaña este criterio mediante herramientas estandarizadas: grandes contenedores patrimoniales como la Biblioteca Nacional de España o la Biblioteca Nacional de Uruguay utilizan licencias Creative Commons. Estas licencias funcionan bajo la lógica del derecho de autor pero con menos restricciones, permitiendo la libre circulación de los bienes culturales. Sin embargo, que un periódico histórico o una fotografía antigua digitalizada estén disponibles bajo estas licencias no anula la procedencia. La digitalización del patrimonio debe ser un puente hacia el rigor, no una carta blanca para el anonimato de las fuentes. La historia, la archivología y el pensamiento crítico exigen un escepticismo metodológico constante: un compromiso innegociable con la verificación donde la última palabra nunca la tiene el algoritmo, la prensa irresponsable o el orgullo, sino el rigor de la evidencia documentada.
Andrés Llorente Tellechea
Investigador independiente, autor y estudiante de ciclo intermedio de la Licenciatura en Archivología.