Por Natalia Gorgoroso
La reciente decisión del Ejecutivo departamental de cesar a cerca de 300 trabajadores zafrales ha encendido el debate político en Lavalleja. En medio de un clima de alta sensibilidad, los ex intendentes nacionalistas Adriana Peña y Mario García manifestaron su rechazo a la medida de la administración de Daniel Ximénez.
No obstante, al contrastar sus recientes declaraciones públicas con el “Informe Técnico 2019-2025” elaborado por la propia Intendencia, surgen notorias diferencias entre el relato político y la evolución documentada del empleo municipal.
A continuación, un repaso estrictamente basado en los datos oficiales y las palabras textuales de los protagonistas.
ADRIANA PEÑA
La diputada y ex intendenta Adriana Peña cuestionó los ceses advirtiendo sobre el impacto económico y social. En sus declaraciones, desmintió que todos los afectados fueran ingresos recientes: “No es verdad que todos sean ingresos de 2024 o 2025. Hay trabajadores que hace muchos años estaban en listas para ser contratados”.
Al defender la estructura de su gestión, Peña argumentó que el gasto en personal evitaba tercerizaciones y permitía ejecutar obras con recursos propios. En ese sentido, definió cuál era su esquema ideal: “Para mí el número adecuado era alrededor de 900 trabajadores permanentes y entre 350 y 400 zafrales. En total, unas 1.300 o 1.400 personas. Era una cantidad que el presupuesto podía sostener”.
Sin embargo, el informe técnico oficial, basado en la base de datos de Cómputos y Hacienda de la IDL, exhibe números que superan ampliamente ese margen. El documento señala que “el año 2020 destaca como el punto más alto de todo el período, con 1.194 personas que desempeñaron funciones zafrales en algún momento del año”.
Esta cifra por sí sola casi triplica el límite de 400 zafrales que Peña consideraba “adecuado” para sostener el presupuesto comunal.
MARIO GARCÍA
Por su parte, el ex intendente Mario García lideró una conferencia del Partido Nacional acusando al Frente Amplio de mentirle a la gente y de incumplir sus promesas de campaña. García defendió los avances de su administración, asegurando que “los zafrales tuvieron, primero que nada, estabilidad desde el inicio”.
No obstante, los indicadores de rotación del informe oficial contradicen esa afirmación al analizar la transición entre el gobierno de Peña y el de García. Según el documento, entre el último año de Peña (2019-2020) y el primer año de García (2020-2021), la tasa de retención fue de apenas 36,0%. “Esto implica que solo 3 de cada 10 trabajadores mantuvieron su vínculo laboral tras la transición administrativa”, mientras que “el 64% restante (775 personas) no fue recontratado”.
El informe define este proceso como una “rotación de personal de magnitud excepcional” con una “pérdida neta relativa” del 52,6% del personal. El índice de rotación combinada alcanzó el 102,5%, lo que significa que “el volumen de cambios equivalió a renovar completamente la plantilla promedio de funcionarios zafrales en un solo año”, interrumpiendo la continuidad laboral pese a tratarse de una transición dentro del mismo partido.
EL TRAMO ELECTORAL
Otro punto de discordia radica en los ingresos generados durante el último tramo de la pasada administración. Mario García fue enfático al negar que se haya dejado una estructura inflada por motivos electorales.
Sin embargo, el análisis cuantitativo de la Intendencia arroja una “tendencia contradictoria” y de “crecimiento acelerado y poco planificado”.
Entre el primer año de García y su último año de gestión, “la cantidad de personas que fueron al menos una vez contratadas bajo régimen eventual durante cada año pasó de 574 a 968, lo que supone un incremento del 68,6%”.
Además, al enfocar específicamente el período comprendido entre enero y julio de 2025, meses de plena contienda electoral departamental, los registros demuestran que la cantidad de zafrales activos con interrupción pasó de 129 a 265 personas.
Este aumento de 136 personas en seis meses representó un incremento del 105,4% de la plantilla. El informe técnico concluye que esta evolución “coincide temporalmente con el avance de la campaña electoral” y no evidencia la creación de nuevos programas de servicio que justificaran el aumento, sugiriendo “un uso intensivo del empleo eventual” por factores coyunturales.