Por Pablo Melgar
De vez en cuando, mucho más seguido de lo que nuestros lectores merecen, un error logra atravesar los diversos controles de calidad que tiene nuestro diario. Siempre de manera involuntaria, pero ocurre.
Por el linaje de honestidad del que hacemos gala debemos ser claros: las manifestaciones de los ediles nacionalistas que publicamos en la edición anterior, en la cobertura de la reelección de Mauro Álvarez como presidente de la Junta Departamental de Lavalleja (JDL), fueron mal asignadas. Esto significa que adjudicamos esos conceptos a otras personas.
A modo de disculpa, en esta edición publicamos el material tal como corresponde. A todos los involucrados, y a nuestros sacrificados lectores, les ofrecemos las disculpas del caso.
POSICIÓN GENERAL
La sesión en la que Mauro Álvarez fue reelecto al frente del Legislativo departamental dejó una señal política relevante: la decisión de la mayoría de la bancada del Partido Nacional de no acompañar con sus votos la continuidad de la mesa presidida por el edil del MPP y, además, rechazar el ofrecimiento de ocupar la Segunda Vicepresidencia del cuerpo.
Las posiciones fueron expresadas por la coordinadora de la bancada nacionalista, Ana Laura Nis, y por las ediles Martina Castro y Luciana Gómez, quienes fundamentaron públicamente su negativa en una serie de cuestionamientos institucionales acumulados durante el último año.
Nis fue la encargada de fijar la posición general de la bancada. Su intervención estuvo atravesada por una idea central: la decisión no respondía a un cálculo de cargos, sino a una definición de principios.
“La elección de nuevas autoridades dice mucho sobre cómo entendemos la política, las instituciones y el respeto a las reglas”, afirmó al comienzo de su exposición.
La coordinadora sostuvo que el Partido Nacional ha defendido históricamente el respeto a la ley, a las instituciones y a las reglas del juego democrático, y que esos principios no pueden depender de quién tenga circunstancialmente la mayoría.
Por esa razón, explicó, la bancada resolvió no acompañar ni la Presidencia ni la Primera Vicepresidencia propuestas por el oficialismo y también declinar la Segunda Vicepresidencia que se le ofrecía.
“No podemos votar una Mesa que, a nuestro entender, representa la continuidad de una forma de conducir esta Junta que hemos cuestionado durante todo este año”, expresó.
Nis recordó que durante el período la oposición denunció el desconocimiento del Reglamento Interno, decisiones que entendió lesivas para el funcionamiento de la oposición y situaciones en las que fue necesario recurrir a otras instituciones para defender garantías básicas del funcionamiento democrático.
“Hemos visto cómo se dificultaron llamados a sala, cómo se generaron obstáculos para el tratamiento de determinados temas y cómo, en algunas oportunidades, ediles de la oposición sintieron que su voz no tenía el lugar que debería tener en este cuerpo”, señaló.
En uno de los pasajes más fuertes de su intervención sostuvo que aceptar la Segunda Vicepresidencia habría significado una contradicción política. “Los cargos pasan. Las instituciones quedan”, afirmó.
Sin embargo, aclaró que la decisión no implica un retiro del trabajo legislativo. “El Partido Nacional no se retira de esta Junta. No abandona sus responsabilidades. Nuestros 12 ediles vamos a seguir estando donde tenemos que estar: en nuestras bancas, en las comisiones y junto a los vecinos”, aseguró.
Y agregó que la bancada continuará estudiando expedientes, presentando proyectos y fiscalizando las decisiones del oficialismo. “Los lavallejinos nos eligieron para representarlos, no para ocupar cargos. Y nosotros vamos a honrar ese mandato”, concluyó.
EL SECTOR DE LA LISTA 22
La intervención de Martina Castro profundizó el tono crítico hacia la gestión de Álvarez. La edil explicó que el discurso que llevaba preparado estaba pensado para ser pronunciado en el plenario y presentó su voto como la consecuencia “lógica y coherente” del camino recorrido por la Lista 22 durante el último año.
Recordó que ese sector había retirado la confianza a la mesa presidida por Álvarez y sostuvo que votar ahora por su continuidad habría significado una contradicción política e institucional. “No existe un solo hecho ocurrido durante este último año que me permita recuperar la confianza en quien hoy pretende continuar presidiendo este cuerpo”, afirmó.
Castro calificó la gestión de Álvarez como “la peor presidencia que ha tenido la Junta Departamental de Lavalleja desde el retorno de la democracia”. Aclaró que esa valoración no obedecía a diferencias ideológicas sino a hechos concretos vinculados, según dijo, al deterioro del funcionamiento institucional de la Junta.
Denunció un clima de confrontación permanente, cuestionó el manejo del reglamento interno y sostuvo que durante el período existió un “desapego” tanto al reglamento como a la Constitución de la República.
Según su visión, la presidencia terminó siendo funcional a una lógica según la cual “tener los votos era suficiente para hacer cualquier cosa”, afectando los derechos de los ediles de la oposición.
Uno de los momentos más significativos de su intervención fue la apelación generacional. Como edil joven, dijo sentirse especialmente responsable de defender las instituciones democráticas heredadas de quienes reconstruyeron el sistema político tras el retorno de la democracia.
“Las instituciones no se deterioran de un día para el otro; se debilitan cada vez que se naturaliza un atropello o se mira para otro lado”, expresó.
Castro presentó su voto como un acto de conciencia. “Hoy voto en conciencia. No por un nombre, sino por una forma de entender la democracia, el respeto a las reglas y el funcionamiento de este cuerpo”, señaló.
En el tramo final reivindicó el papel histórico del Partido Nacional como “guardián de la República y sus instituciones” y cerró con una frase que sintetizó el tono de toda su exposición: “Le agradezco algo, señor Presidente: nos dejó muy claro cómo no debe conducirse nunca más esta Junta Departamental”.
“UNA CUESTIÓN DE PRINCIPIOS”
La tercera intervención correspondió a Luciana Gómez, quien centró su argumentación en el plano jurídico e institucional. Para la edil, el voto negativo no respondía a meras diferencias políticas, sino a “una cuestión de principios y de respeto a la democracia y la institucionalidad”.
“La actual Presidencia de la Junta ha demostrado reiteradamente una forma de conducir este cuerpo en la que las conveniencias políticas han primado sobre las cuestiones jurídicas”, sostuvo.
Gómez hizo especial énfasis en que el resultado ajustado de la elección departamental otorgó al oficialismo una mayoría simple, pero no una mayoría absoluta. A su entender, durante el período se desconocieron mayorías especiales exigidas por el ordenamiento jurídico para determinadas decisiones. “Las mayorías especiales no son un obstáculo para gobernar; son una garantía para proteger la democracia y los derechos de las minorías”, afirmó.
La edil recordó que, como consecuencia de esa forma de actuar, la bancada nacionalista debió recurrir al Parlamento y a la Justicia para hacer valer derechos que, según sostuvo, debieron haber sido respetados desde el primer momento dentro del propio ámbito de la Junta. “En este período se ha desconocido el Reglamento Interno de la Junta, se han vulnerado disposiciones de la Ley Orgánica Municipal y se han violado también principios consagrados por la Constitución de la República”, insistió.
Finalmente, reivindicó la tradición histórica del Partido Nacional como defensor de la legalidad y explicó que precisamente esa coherencia impedía acompañar la reelección de la mesa. “Quien preside este órgano no representa únicamente a la fuerza política que integra, sino que representa a toda la institución. Su deber es, o debió ser, hacer cumplir el reglamento, proteger los derechos de las mayorías y de las minorías y asegurar que cada decisión se adopte dentro del marco jurídico vigente”, concluyó.