Por Yandira Castro
Tras la sesión del miércoles en la Junta Departamental de Lavalleja (JDL), la bancada de ediles del Frente Amplio, encabezada por Mauro Álvarez, brindó una conferencia de prensa en la que abordó distintos temas vinculados a lo actuado en sala, defendió el uso del reglamento y respondió a críticas de la oposición.
En primer lugar, Álvarez explicó que la inclusión de determinados asuntos en el orden del día respondió a una solicitud de la Comisión de Nomenclátor y se realizó en el marco del artículo 101 del reglamento interno, que habilita a tratar temas con carácter urgente. En ese sentido, rechazó las acusaciones de un uso indebido de la normativa y subrayó que la decisión fue votada por amplia mayoría: 24 ediles en 28 presentes.
Uno de los puntos centrales fue la aprobación de una placa solicitada por la Comisión Departamental de Sitios de Memoria, iniciativa que generó debate en sala. Según detalló Álvarez, el expediente “hace meses que anda en la vuelta” y era conocido por los ediles, por lo que cuestionó que algunos argumentaran desconocimiento por no haber participado en las comisiones correspondientes.
El edil fue enfático al señalar que lo que se votó no fue directamente la colocación de la placa, sino su inclusión en el orden del día para ser tratada, y luego su aprobación conforme a la normativa vigente. En ese marco, desestimó las interpretaciones que pretendían exigir una mayoría especial de dos tercios, como si se tratara de un monumento.
“La pregunta es en qué momento y quién les dijo que una placa es un monumento o una estatua”, expresó, cuestionando la aplicación del artículo 37 de la Ley 9.515. Según sostuvo, y en línea con informes jurídicos de la Junta, en este caso no corresponde esa exigencia, ya que se trata de una señalización vinculada a la memoria histórica y no de una obra de carácter monumental.
Álvarez recordó que para la aprobación se requería mayoría absoluta del cuerpo (16 votos), cifra que fue superada al alcanzarse 17 votos afirmativos. Destacó además que uno de esos votos provino de un edil del Partido Nacional, lo que valoró como un gesto significativo.
CONTENIDO
Más allá del aspecto formal, el edil puso énfasis en el contenido de la iniciativa, vinculándola con la necesidad de mantener viva la memoria sobre el pasado reciente del país. En ese sentido, afirmó que se trata de una “fuerte reivindicación frente a lo que eran los hechos en sí y cómo ese pasado tan angustiante, tan negro que pasó en nuestro país afectó a toda la población”.
Asimismo, sostuvo que este tipo de acciones contribuyen a generar conciencia colectiva: “quiere decir que de a poco y gracias al trabajo de los diferentes colectivos se viene trabajando para poder generar conciencia del nunca más terrorismo de Estado en Uruguay”.
LA INICIATIVA NO FUE DEL FA
También subrayó que la solicitud no surgió del Frente Amplio, sino de una organización de la sociedad civil, remarcando que “poner la placa de señalamiento no es algo del Frente Amplio”, sino una iniciativa externa que fue canalizada institucionalmente.
En ese sentido, planteó una reflexión política sobre el tratamiento del tema: “yo pregunto entonces, si hubiese estado otro partido político gobernando el departamento, si había otro intendente que recibía la misma solicitud hecha por una organización no gubernamental, ¿se lo hubiesen negado?”.
CONTRIBUCIÓN INMOBILIARIA
En otro tramo de la conferencia, el edil Francisco Gómez se refirió a la discusión sobre la Contribución Inmobiliaria, uno de los temas que ha generado polémica en los últimos días. Explicó que la propuesta del Ejecutivo comunal busca corregir una situación de inequidad generada por padrones “topeados”, que con el paso del tiempo dejaron de pagar el monto correspondiente según el valor real de sus propiedades.
Gómez indicó que actualmente existen unos 9.000 padrones en esa situación y advirtió que el número podría aumentar si no se toman medidas. En ese marco, rechazó que se trate de un “aumento generalizado” del tributo y aseguró que se implementarán mecanismos contemplando la realidad social de los contribuyentes, como un tribunal de quitas y esperas que evaluará cada caso.
Asimismo, negó que el convenio con empresas de clearing implique una persecución a deudores. Según explicó, el objetivo es mejorar la gestión de cobro y facilitar la regularización de deudas, en línea con prácticas aplicadas en administraciones anteriores.
TRANSPARENCIA
Desde la bancada también se hizo énfasis en la transparencia de la actual gestión departamental, contrastándola con administraciones pasadas. En ese sentido, se destacó la comparecencia de directores ante la Junta, la respuesta a pedidos de informes y el acceso a resoluciones, elementos que -según señalaron- fortalecen el funcionamiento institucional.
En materia normativa, Álvarez hizo referencia al artículo 286 de la Constitución, señalando la obligación de los gobiernos departamentales de proporcionar información cuando la Junta lo requiere, en el marco de su función de contralor.
Finalmente, sostuvo que el Frente Amplio busca promover el diálogo y la construcción de acuerdos dentro de la Junta Departamental, remarcando que las mayorías “deben estar al servicio de las minorías” para dar respuesta a las necesidades de la población.
FUNCIONAMIENTO DEMOCRÁTICO
La conferencia cerró con un llamado a la ciudadanía a valorar el funcionamiento democrático del organismo y a informarse sobre los temas en discusión, en un contexto político donde -según afirmaron- es necesario “sincerar el debate” y priorizar soluciones por encima de las diferencias partidarias.