La bancada de ediles del Partido Nacional se llamó a silencio tras la votación el miércoles en la Junta Departamental sobre la placa que se instalará frente al Batallón “Brig. Gral. Juan A. Lavalleja” de Infantería Nº 11, en el cantero central de la avenida Artigas.
Evalúan todas las alternativas legales para frenar la decisión del presidente del deliberativo, Mauro Álvarez, quien dio por aprobado el proyecto con 17 votos a favor, cuando la normativa aplicada hasta el momento -según expresaron- requiere de 21 manos levantadas.
El asesor jurídico de la Junta Departamental de Lavalleja, Dr. Julio Serrón entendió -básicamente- que corresponde aprobar la iniciativa con mayoría simple ya que la placa no es un monumento o estatua. En caso de ser una de estas dos situaciones, requiere dos tercios de votos, según la ley orgánica municipal.
Recién el próximo lunes se conocerá qué camino tomará la bancada blanca sobre el tema. Ayer se estaban haciendo consultas políticas y legales. Una opción sería presentarse ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), pero hay otras opciones, explicaron las fuentes.
Las comisiones de memoria, creadas por ley en el año 2018, cuentan con facultades para promover la señalización de sitios vinculados a hechos de la llamada “historia reciente”. Sus decisiones son de carácter obligatorio, no es posible recurrirlas.
“Una vez más, el Frente Amplio, en su afán de erigirse como único intérprete de la moral, avanza por encima de las reglas, debilitando la convivencia democrática y el respeto por las instituciones”, escribió el edil Joaquín Hernández en sus redes sociales.
“Lamentablemente, lo que debió ser un acto de respeto institucional terminó desvirtuándose. Se forzaron interpretaciones, se desconocieron reglamentos, usos y procedimientos, y se terminó validando -entre aplausos- una clara vulneración de las normas que rigen el funcionamiento de este órgano”, indicó.
“Desde el Partido Nacional se marcó con firmeza esta situación, optando por retirarse de sala ante la imposibilidad de reconducir el tratamiento del tema. No se trató de cuestionar el fondo -ya que reconocemos que la ley de sitios de memoria habilita este tipo de iniciativas- sino de señalar con claridad que no todo vale, y que el respeto a la institucionalidad no puede ser selectivo”, apuntó el edil.