Por Natalia Gorgoroso
Desde el entorno del intendente Daniel Ximénez han brindado en las últimas horas precisiones acerca de las determinaciones políticas y administrativas que adoptará formalmente la Intendencia Departamental de Lavalleja (IDL) en el transcurso de los próximos días.
Esta nueva información surge como continuación de los focos de conflicto seguidos de cerca por este medio. Cabe recordar que el pasado 21 de mayo, SERRANO dio a conocer la decisión de la comuna de aplicar criterios sociales protectores ante el inminente cese de contratos zafrales. Asimismo, el 22 de mayo informamos sobre la tensión existente en la Dirección de Higiene, donde médicos y odontólogos manifestaron su resistencia y evaluaron una renuncia masiva ante los planteos de la administración para exigir el cumplimiento estricto del régimen horario.
PROFESIONALES DE LA SALUD
Respecto a la controversia con los profesionales de la salud, la fuente consultada fue explícita en marcar la postura de la actual administración. Según aseveró, la realidad constatable hoy en la comuna es que médicos y odontólogos perciben un promedio de 80.000 pesos mensuales por una contraprestación aproximada de unas 40 horas efectivas al mes, a pesar de que sus contratos establecen nítidamente la obligatoriedad de cumplir un régimen de 120 horas mensuales. Esto significa que, en promedio, trabajan dos horas por día, cuando deberían trabajar seis.
Para respaldar esta afirmación, la fuente remitió a SERRANO un documento oficial correspondiente al Presupuesto vigente de la Intendencia. En la planilla de “Contratos de Función Pública”, se detallan las remuneraciones nominales mensuales que perciben actualmente estos profesionales, las cuales promedian la cifra indicada por el Ejecutivo: un odontólogo percibe $ 77.756, un químico $ 85.812 y un médico asesor $ 71.008.
De acuerdo con lo expresado por la fuente, los profesionales de la salud revisten la condición de ser los únicos funcionarios de toda la Intendencia de Lavalleja que actualmente no marcan su ingreso y egreso, asegurando que, bajo la modalidad vigente, “se van cubriendo entre ellos”.
Frente a los reclamos del sector salud en torno a los laudos médicos, el entorno del jefe comunal enfatizó que en el ámbito comunal “aquí no hay laudo que valga”, argumentando que los sueldos correspondientes son estrictamente los aprobados por la Junta Departamental dentro del Presupuesto vigente y recordando la autonomía de los gobiernos departamentales.
El informante precisó que esta situación de flexibilidad horaria responde a “acuerdos de palabra” que los profesionales mantenían con las pasadas administraciones de Mario García y Adriana Peña. Desde la óptica del Ejecutivo actual, la Intendencia posee la responsabilidad ineludible de revisar estos mecanismos. “Los contratos establecen algo que debe cumplirse. Se les paga 80 mil pesos por mes para trabajar 120 horas por mes, no 40. Tenemos que cuidar el dinero”, sentenció de forma categórica la fuente consultada, añadiendo que este tipo de acuerdos hacen de la Intendencia un “desorden estructural”.
Al ser consultada sobre el riesgo latente de una renuncia masiva, la fuente aseguró que hay una definición clara de apuntar sobre estos temas. De efectivizarse las bajas voluntarias, el informante adelantó que, si se define cubrir dichas vacantes, el ingreso de nuevos profesionales se realizará mediante la vía del concurso público.
Asimismo, manifestaron que resulta indiscutible que si los profesionales cumplieran las horas que marca su contrato, el servicio no se vería resentido y la atención mejoraría considerablemente, posibilitando una mayor cobertura en las localidades del interior.
DESVINCULACIONES DE ZAFRALES
Por otro lado, la fuente de la IDL brindó el cronograma exacto que pautará la reestructura del personal zafral. Según confió a SERRANO, la siguiente fase de finalización de contratos se ejecutará a fines del presente mes de mayo y comprenderá a unos 150 trabajadores zafrales, descartando la versión que hablaba de 300 bajas.
En este proceso se mantendrán plenamente operativas las dos variables de protección social adelantadas con anterioridad por este medio: las madres con hijos menores a cargo y las personas en situación de discapacidad no serán cesadas. Los encargados y directores comunicarán formalmente las desvinculaciones a los trabajadores implicados en el correr de las próximas horas.
“URUGUAY IMPULSA” Y SORTEOS LOCALES
Inmediatamente después, entre el 1º y el 10 de junio, se abrirá el llamado para el programa “Uruguay Impulsa”, que comprende sorteos para puestos laborales con capacitación incluida. La estrategia delineada establece que las vacantes generadas por los ceses serán cubiertas con estos cupos nacionales, que el año pasado fueron 157 para Lavalleja.
Desde el punto de vista presupuestal, el informante subrayó que allí radica el ahorro para las arcas municipales, dado que la Intendencia solo debe financiar el 20% del programa, mientras que el 80% es subsidiado por el gobierno nacional.
Este llamado precederá al inicio de los sorteos trimestrales propios de la Intendencia para tareas específicas en Minas, como ya se vienen realizando en los municipios, salvo en el de Mariscala, que “sigue sin querer sorteos”.
DEFINICIÓN POLÍTICA
Finalmente, la fuente consultada remarcó que el concepto que el gobierno quiere transmitir es que el 1° de junio comenzará a regir un sistema de oportunidades laborales con reglas claras e igualdad para todos.
Desde el entorno de Daniel Ximénez afirmaron que terminar con el “modelo de changas por votos” resulta imprescindible para ordenar y sostener los servicios. “La estructura no resiste así, nos dejaron una bomba de tiempo y lo hicieron a propósito”, sentenció.
El informante concluyó asegurando que cada trabajador desvinculado podrá inscribirse a los nuevos sorteos en idéntica condición que el resto de la ciudadanía, sin que se le pregunte a qué partido político votó.
Además, se anticipó que próximamente habrá nuevas intervenciones de ordenamiento: a mitad de año comenzará una revisión “caso a caso” de las 140 personas que ingresaron al escalafón con contratos de función pública entre junio de 2024 y junio de 2025, o sea, en el período electoral y de campaña política.