La construcción uruguaya acaba de cerrar un nuevo capítulo de una discusión que, tarde o temprano, tendrá que salir de los escritorios sindicales y empresariales para instalarse en el terreno de la realidad: cuánto cuesta construir en Uruguay y cuánto estamos dispuestos a resignar en productividad para sostener determinados acuerdos laborales.
El episodio del Hotel San Rafael resulta particularmente ilustrativo. La empresa argentina Criba debió detener abruptamente las obras y alrededor de un millar de trabajadores quedaron sin actividad.
El grupo Cipriani, responsable último del proyecto, atribuye la situación a presuntos atrasos. Criba sostiene, en cambio, que hizo todo lo posible para cumplir con los compromisos asumidos, incluso en un contexto marcado por una extensa y conflictiva huelga de la construcción. La empresa manifestó además su disposición al diálogo.
Mientras tanto, trascendió que una firma uruguaya podría asumir las obras.
Más allá de quién tenga razón en esa disputa concreta -y habrá que conocer los contratos, los cronogramas y las responsabilidades antes de repartir culpas-, el episodio ocurre justo cuando el sector enfrenta otro cambio de fondo: los acuerdos que apuntan a reducir la carga horaria de los trabajadores.
La cuestión merece ser discutida sin consignas.
Una reducción de la jornada laboral puede ser perfectamente razonable si viene acompañada de mayor productividad, mejor organización, incorporación tecnológica y una estructura de costos capaz de absorberla.
El problema aparece cuando se pretende reducir horas sin responder la pregunta elemental: ¿cómo se mantiene la producción?
Porque una obra no se termina con discursos. Se termina con trabajadores, materiales, máquinas, coordinación, financiación y horas efectivas de trabajo.
Si se trabaja dos horas menos, hay solamente algunas alternativas: producir lo mismo en menos tiempo, contratar más trabajadores, extender los plazos o aumentar el costo. Y ninguna de esas variables desaparece porque un convenio colectivo decida ignorarla.
Hace años que José Mujica, desde una perspectiva muy diferente a la de los empresarios, advertía sobre los problemas de productividad del Uruguay y sobre la necesidad de trabajar más inteligentemente.
No se trata aquí de convertir aquellas expresiones en una verdad revelada, pero sí de recordar una obviedad: los países que producen más por hora pueden darse el lujo de trabajar menos horas sin necesariamente perder competitividad. Los que producen poco por hora tienen una dificultad bastante mayor.
Por eso llama la atención el relativo silencio alrededor de los nuevos acuerdos. Nadie parece demasiado alarmado ante la posibilidad de que la construcción pierda horas de trabajo.
Puede ser que empresarios y trabajadores hayan encontrado una fórmula que todavía no conocemos o que la reducción de la jornada termine compensándose mediante organización, productividad o mecanismos salariales.
También puede ocurrir que, como tantas veces sucede, el papel diga una cosa y la realidad termine haciendo otra.
Hay, sin embargo, una pregunta que no puede esquivarse: ¿quién paga la diferencia?
Porque si una obra requiere las mismas tareas, los mismos materiales, las mismas máquinas y los mismos costos financieros, pero dispone de menos horas de trabajo, alguien deberá absorber el impacto.
Puede hacerlo la empresa reduciendo su margen, puede trasladarse al precio final, puede extenderse el plazo de construcción o puede buscarse mayor productividad. Pero no existe una quinta alternativa basada en la magia.
Y aquí aparece nuevamente el Hotel San Rafael. Un proyecto de semejante dimensión, paralizado con cientos de trabajadores afectados, debería ser una señal de alarma para todo el sector. No porque una empresa tenga siempre razón ni porque un sindicato tenga siempre la culpa, sino porque cada conflicto, cada demora y cada hora improductiva tiene un costo que finalmente alguien paga.
Uruguay necesita discutir el trabajo con menos ideología y más números.
Cuánto se produce por hora. Cuánto cuesta cada hora.
Cuánto demora una obra comparable en otros países.
Cuánto inciden los conflictos sindicales. Cuánto pesan las cargas sociales.
Cuánto cuestan los atrasos financieros.
Y, sobre todo, cuánto estamos dispuestos a pagar por trabajar menos.
Si la respuesta es que se puede trabajar dos horas menos y construir al mismo costo, habrá que explicar cómo.
Si la respuesta es que la productividad compensará la reducción, habrá que demostrarlo.
Y si la respuesta es que simplemente habrá que aumentar los precios, también sería conveniente decirlo.
Porque construir dos horas menos puede ser una conquista laboral. Pero convertir esa conquista en una política sostenible exige algo más que un acuerdo: exige productividad.
De lo contrario, puede ocurrir aquello que nadie quiere admitir: que el trabajador trabaje menos, pero que el país termine pagando más.
Pablo Melgar