A esta altura de los acontecimientos ya resulta difícil saber si alguno de los blindados “Mamba” terminará recorriendo efectivamente los lugares más violentos del Uruguay.
Lo que comenzó como un anuncio orientado a transmitir decisión política terminó convirtiéndose en una discusión sobre competencias, límites legales, doctrinas de seguridad y hasta sobre el origen administrativo de los vehículos.
En pocos días desfilaron explicaciones distintas desde el propio gobierno.
Hubo quienes sostuvieron que la participación militar en tareas vinculadas a seguridad interna constituye un error conceptual.
Otros afirmaron que esos vehículos no podrían utilizarse fuera de misiones operativas de paz por tratarse de una donación modal del gobierno de Estados Unidos.
A la vez, distintas voces oficiales intentaron aclarar el alcance de la medida, generando una sensación inversa al objetivo buscado: cuanto más se explicó, menos claro quedó.
El episodio deja la impresión incómoda de que la decisión política fue anunciada antes de tener resuelto el marco técnico, operativo y jurídico para ejecutarla.
Si este fuera uno de esos casos que podrían resumirse con aquella fórmula de Carlos Real de Azúa sobre “el impulso y su freno”, el episodio deja expuestas dos constataciones que trascienden el debate coyuntural.
La primera es inquietante: en Uruguay existen zonas, escenarios y circunstancias donde la Policía entiende necesario ingresar con vehículos blindados. Esa sola constatación debería abrir una discusión más profunda que la de si el blindado es verde oliva o azul. Porque cuando un Estado democrático concluye que determinados territorios requieren protección balística para ejercer autoridad, el problema ya no es el vehículo: es el grado de deterioro del monopolio legítimo de la fuerza.
La segunda constatación también merece atención: los viejos blindados de origen ruso que integraban capacidades del Estado aparecen hoy, según admiten distintas evaluaciones técnicas y operativas, con escasa utilidad práctica para determinados despliegues contemporáneos. Si eso es así, entonces el debate tampoco debería agotarse en si se usan o no los Mamba. La pregunta más amplia es qué equipamiento necesita Uruguay para enfrentar escenarios de violencia que hace apenas dos décadas parecían improbables.
Quizás el error del gobierno no haya sido querer mostrar capacidad de respuesta.
Quizás haya sido anunciar una herramienta antes de explicar el problema que intenta resolver.
Porque cuando una discusión pública termina centrada en el color del uniforme o en el expediente de una donación, existe el riesgo de perder de vista la pregunta principal: ¿qué cambió en el país para que estemos discutiendo blindados?
Pablo Melgar