Por Pablo Melgar
La Comisión Departamental Nacionalista de Lavalleja, encabezada por su presidente Mario García y su vicepresidenta Adriana Peña, convocó este viernes a una conferencia de prensa para expresar su preocupación por la situación de la Intendencia Departamental, que -según afirmaron- se encuentra “parada, sin obras y sin servicios”.
Al cierre de esta edición un grupo de técnicos y asesores del intendente Daniel Ximénez se encontraban elaborando una respuesta. En principio, las baterías apuntaban a Peña por una serie de compensaciones otorgadas cuando fue jefa comunal, según adelantaron las fuentes.
En la conferencia, ambos dirigentes, con experiencia en la gestión anterior, advirtieron sobre un retroceso en materia de derechos laborales y señalaron que las consecuencias ya comienzan a reflejarse en la privatización de servicios, el endeudamiento y el aumento de la carga tributaria.
García abrió la conferencia recordando que la Intendencia es “el buque insignia” del departamento. “Hoy vemos una tendencia de una Intendencia parada, sin obras y sin servicios, y realmente nos preocupa”, sostuvo.
Según explicó, la reducción de personal comenzó con los funcionarios zafrales y continuará en los próximos días con el cese de unos 140 trabajadores contratados. “Sin funcionarios no hay funciones; no se pueden cumplir las tareas que debe asumir una Intendencia Departamental”, remarcó.
El dirigente afirmó que históricamente la comuna mantuvo una plantilla relativamente estable, con entre 900 y 1.000 funcionarios presupuestados y contratados, además de entre 450 y 550 zafrales según la época del año.
Recordó que durante los últimos años se incorporaron nuevos servicios, como las piscinas climatizadas de Solís de Mataojo, Minas y José Pedro Varela, que requieren personal específico.
En ese contexto, señaló que la piscina del Parque Rodó permanece cerrada desde hace más de un mes “por falta de recursos humanos”.
PRIVATIZACIÓN, ENDEUDAMIENTO E IMPUESTOS
García enumeró tres consecuencias que calificó como “muy preocupantes”. La primera es la privatización de obras y servicios.
Como ejemplo mencionó una obra en Solís de Mataojo que, según dijo, contaba con financiamiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y era ejecutada por la propia Intendencia, pero fue detenida y transferida a una empresa privada. “Si no hay funcionarios, la consecuencia lógica es la privatización”, afirmó.
La segunda consecuencia, sostuvo, es el endeudamiento. Recordó que el Ejecutivo departamental anunció la solicitud de un crédito al Banco República y aseguró que la administración anterior dejó la Intendencia “saneada”, con 8,5 millones de dólares disponibles y obras planificadas para los siguientes dos años.
La tercera consecuencia, agregó, será el aumento de impuestos. Según indicó, la próxima Rendición de Cuentas prevé un incremento de la Contribución Inmobiliaria urbana que alcanzará a unos 9.000 contribuyentes del departamento. “Nueve mil vecinos van a ver aumentada considerablemente su Contribución Inmobiliaria”, afirmó.
“NO SON CONTRATOS DE AÑO ELECTORAL”
El presidente de la Departamental Nacionalista también rechazó que los 140 contratos que se prevé finalizar correspondan a ingresos realizados durante el último año electoral. “Son funcionarios que tienen una antigüedad reconocida por la propia Intendencia, en muchos casos de varios años”, aseguró.
Recordó que la administración anterior había acordado con ADEOM Lavalleja finalizar el período con 950 funcionarios y que terminó con 958. “Es imposible cumplir las tareas de la Intendencia con 140 funcionarios menos”, sostuvo.
Además, criticó que se presente como un logro haber reducido de 300 a 140 los despidos previstos entre los zafrales, ya que -afirmó- muchas familias perdieron su fuente de ingresos al inicio del invierno.
EL IMPACTO SOCIAL
La diputada y vicepresidenta de la Departamental del PN, Adriana Peña, centró su intervención en las consecuencias sociales y económicas de los recortes. “Este no es solo un problema de las 140 familias afectadas; es un problema de toda la sociedad de Lavalleja”, afirmó.
Sostuvo que la pérdida de esos empleos implica una reducción del dinero que circula en el comercio local, mientras se contratan empresas que, según dijo, “por lo general ni siquiera son de Minas ni de Lavalleja”.
“Es un problema comercial, es un problema de las personas, de las familias y también de salud mental”, expresó.
Peña cuestionó, además, la situación de trabajadores que, tras años de desempeñarse como zafrales, deben firmar contratos de apenas dos meses. “Ustedes saben cómo van a vivir estos dos meses esa gente y esas familias”, dijo.
También señaló que esa incertidumbre afecta el acceso al crédito y el cobro de deudas por parte de comerciantes locales. “La desazón que hay en la sociedad minuana es increíble; la desesperación que hay en la gente es increíble”, agregó.
CRÍTICAS AL INTENDENTE Y RECLAMO DE DIÁLOGO
Dirigiéndose al intendente Daniel Ximénez, la vicepresidenta de la Departamental Nacionalista afirmó que “es una irresponsabilidad lo que se le está haciendo a la gente” y sostuvo que los funcionarios municipales “están siendo tratados como números y no como personas”.
Adriana Peña también exhortó a dirigentes del Frente Amplio a intervenir para revertir los contratos de corta duración. “No hay excusa de que sean faltadores; son cuatro o cinco nada más”, afirmó, y recordó que muchos de esos trabajadores apoyaron electoralmente al actual gobierno departamental.
La vicepresidenta denunció, además, que el intendente no ha recibido a los ediles del Partido Nacional, a la Departamental ni a la diputada de esa colectividad política desde hace más de un año. “No tenemos más remedio que hacerlo público”, señaló al justificar la conferencia de prensa.
“SI NO HAY FUNCIONARIOS, NO HAY OBRAS”
En el cierre de la conferencia, García reiteró el pedido de una reunión con el intendente para analizar la situación de los funcionarios y otros asuntos pendientes, entre ellos el proyecto de inversión de la empresa Arroyal (concesionaria del Matadero Municipal), que -según indicó- espera una resolución desde hace más de un año.
El presidente del PN en Lavalleja también cuestionó la ausencia de una transición entre administraciones y rechazó las cifras que, a su juicio, se han difundido sobre la situación financiera y el estado de la maquinaria vial al momento del cambio de gobierno.
Aseguró que el 77 % de la flota estaba operativa y recordó que existía una cartera de más de diez obras planificadas, entre ellas proyectos en el Barrio La Rambla, el Parque Rodó y el relleno sanitario.
“Si no hay funcionarios no hay obras; si no hay obras no hay recursos; si no hay recursos nos endeudamos; y si nos endeudamos, quien termina pagando es el vecino con el aumento de la Contribución Inmobiliaria”, resumió García.
Tanto García como Peña afirmaron que mantienen disposición al diálogo y a buscar acuerdos para preservar las fuentes de trabajo y retomar las obras previstas en el departamento.