Una imagen empieza a instalarse en la política de Lavalleja y conviene discutir antes de que termine convirtiéndose en una forma de gobernar: la de una administración que parece comportarse frente a sus funcionarios como si hubiera llegado a un territorio ajeno, ocupado por una población con la que debe convivir a la fuerza.
Es apenas una imagen. Pero las imágenes políticas, cuando se repiten demasiado, terminan explicando conductas.
El problema es que una intendencia no es un territorio conquistado. Y los funcionarios municipales tampoco son la población vencida de una guerra.
El Frente Amplio ganó la elección departamental. Daniel Ximénez es el intendente y tiene todo el derecho -y, sobre todo, la obligación- de gobernar de acuerdo con su programa, sus convicciones y las herramientas que le otorga la ley. No hay nada extraordinario en eso. El gobierno departamental pertenece a quienes fueron elegidos para ejercerlo.
Pero también hay una segunda parte, menos épica y bastante más importante: después de ganar una elección hay que gobernar con la realidad que se recibe.
Y esa realidad tiene nombres, apellidos, historias laborales y décadas de experiencia.
Está compuesta por funcionarios que ocupan desde las tareas más sencillas hasta las posiciones técnicas y profesionales de mayor responsabilidad. Son los trabajadores que la nueva administración encontró cuando llegó y con quienes deberá terminar su mandato.
Muchos de ellos, además, son blancos.
Eso tampoco debería importar demasiado.
Porque ADEOM no es el Partido Nacional. AFUM tampoco. Un sindicato representa intereses laborales, no intereses partidarios.
Que buena parte de sus integrantes tenga una determinada tradición política no convierte a una organización sindical en una estructura partidaria. Confundir ambas cosas sería un error de lectura y, probablemente, un error todavía mayor de gestión.
La misma lógica vale para el otro lado.
El Frente Amplio tampoco es un ejército de ocupación en Lavalleja. Ganó las elecciones porque una parte mayoritaria de los ciudadanos que votaron decidió que debía gobernar. Ahora tiene que demostrar que puede hacerlo.
Y gobernar significa, entre otras cosas, administrar personas con las que no necesariamente se comparte una tradición política, una visión ideológica o una historia partidaria.
Ese debería ser uno de los aprendizajes elementales de la democracia.
La discusión sobre el horario de funcionamiento de las oficinas municipales es, en ese sentido, bastante más profunda que el horario de una oficina.
La administración sostiene que procura mejorar la atención al público. Los funcionarios cuestionan la modificación y plantean dificultades laborales, familiares y personales. ADEOM discutió el asunto con sus afiliados y AFUM incluso resolvió recurrir administrativamente la medida.
Hasta ahí, estamos frente a un conflicto laboral perfectamente reconocible.
Lo que preocupa es otra cosa: la forma en que se llega al conflicto.
Porque una administración que en enero firmó un convenio colectivo con ADEOM y que, además, tiene previsto en su propia normativa mecanismos de trabajo conjunto sobre organización laboral y distribución horaria debería tener especial cuidado con los tiempos, las formas y la explicación de sus decisiones.
No alcanza con decir que una medida es necesaria. La autoridad debe explicar por qué lo hace y qué problema resuelve. También se debe saber cuánto cuesta y qué efectos produce.
Y, cuando afecta directamente la vida cotidiana de cientos de personas, hay que conversar antes de anunciar. De lo contrario, una decisión administrativa puede terminar pareciendo un acto de autoridad.
Y una administración pública no puede sostenerse indefinidamente sobre la autoridad. Necesita legitimidad.
La movilización de ADEOM del lunes debería ser leída en ese contexto. No necesariamente como una batalla entre blancos y frenteamplistas -porque no lo es-, sino como una señal de que existe una dificultad seria en la relación entre la administración y una parte de sus trabajadores.
Ese dato debería importar mucho más que la tentación de buscarle color partidario al conflicto.
También sería conveniente que la Intendencia explique con precisión qué pretende obtener con la modificación horaria. La comunicación pública difundida por la administración presenta los fundamentos generales de la propuesta, pero una discusión de esta naturaleza exige algo más que una pieza de comunicación política: necesita información concreta sobre objetivos, costos, funcionamiento y resultados esperados.
Una administración puede tener razón y, sin embargo, explicarla mal.
También puede tener una buena idea y ejecutarla de una mala manera.
Y puede tener una decisión legalmente posible que, por la forma y el momento escogidos, termine generando un conflicto innecesario.
Ese es el punto que Lavalleja debería discutir.
Porque detrás del horario aparecen cuestiones bastante más grandes: cómo se va a administrar el empleo público, cómo se va a reorganizar la Intendencia, qué relación tendrá el gobierno con sus trabajadores y qué modelo de administración quiere construir Ximénez para los próximos cuatro años.
La propia Intendencia presentó su primer año de gestión como un proceso de reorganización institucional, recuperación de servicios y fortalecimiento de capacidades.
Si ese es el objetivo, el camino no debería ser una guerra cultural dentro del edificio municipal.
Nadie parece tener demasiado claro cuál es la línea de acción que seguirá la administración si el conflicto por los horarios no se resuelve. Tampoco parece razonable pensar que una diferencia de esta naturaleza pueda solucionarse simplemente aumentando la presión.
Una intendencia no se fortalece porque consiga imponer una decisión a sus funcionarios.
Se fortalece cuando logra que una decisión necesaria pueda ser aplicada sin convertir cada oficina en una trinchera.
Lavalleja ya tuvo demasiadas discusiones políticas para necesitar ahora una guerra imaginaria entre ocupantes y ocupados.
Lavalleja necesita algo bastante más antiguo y bastante más difícil de conseguir: sentido común.
Pablo Melgar