Incumplimientos denunciados, cuestionamientos al ejercicio de la actividad sindical, incertidumbre laboral y decisiones administrativas sin consenso. La relación entre el Ejecutivo departamental y los trabajadores municipales atraviesa un momento de creciente tensión.
Lo que en enero de 2026 fue presentado como un acuerdo histórico entre la Intendencia Departamental de Lavalleja (IDL) y ADEOM terminó derivando en una denuncia ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
La organización sindical presentó el 4 de noviembre una denuncia por presuntos incumplimientos del convenio salarial, en un escenario marcado por diferencias sobre las condiciones laborales, la actividad sindical y la continuidad de los vínculos funcionales.
La firma del convenio, concretada horas antes de la presentación del Presupuesto Quinquenal ante la Junta Departamental, había generado expectativas. Se destacaron el diálogo, el reconocimiento a los trabajadores municipales y el comienzo de una nueva etapa en el relacionamiento entre el Ejecutivo y el sindicato.
El acuerdo contemplaba ajustes salariales, un incremento real del 1%, modificaciones en el presentismo y mejoras en el beneficio del retiro incentivado, entre otros puntos. Fue aprobado por unanimidad en una asamblea de ADEOM.
Sin embargo, pocas horas después, la presentación del presupuesto abrió nuevos cuestionamientos.
Entre las modificaciones previstas se encontraba la eliminación de cargos de la estructura funcional de la Intendencia, una decisión que, según los planteos sindicales, se adoptó sin consultar ni contar con la participación de ADEOM. El presupuesto finalmente fue aprobado con los votos de la mayoría oficialista en la Junta Departamental. Para el sindicato, estas modificaciones también ponen en discusión el respeto a la carrera funcional.
A este escenario se sumaron la no renovación de contratos zafrales y los anuncios de desvinculación de contratos anuales de funcionarios, que la Administración fundamentó en razones políticas y exceso de funcionarios, sin perjuicio de que la Intendencia ha hecho contratos de empresas tercerizadas para cumplir tareas que antes eran desempeñadas por los funcionarios y contratos directos de particular confianza, es decir, priorizando gastos en altos cargos y costosas fiestas, cuando se alega además dificultades económicas.
La modalidad de contratos por períodos de 60 días ya había sido cuestionada por ADEOM en agosto, al entender que no se correspondía con lo conversado previamente con el Ejecutivo. Para los trabajadores, la falta de certezas no es una cuestión meramente administrativa: afecta directamente a sus familias y a la posibilidad de organizar su futuro.
Otro punto de conflicto es la extensión horaria dispuesta por la Administración para mejorar la atención al público.
ADEOM cuestionó la forma en que se implementó la medida, señalando que no se contemplaron suficientemente aspectos vinculados a la organización familiar, las responsabilidades de cuidado, otros empleos y las condiciones concretas de trabajo.
El Ejecutivo, por su parte, defendió la decisión por entender que contribuye a mejorar los servicios a la ciudadanía.
También integra la denuncia sindical el presunto incumplimiento de la normativa sobre horas gremiales. ADEOM sostiene que la Administración no estaría autorizando las horas solicitadas por sus representantes, limitando así el ejercicio de la actividad sindical. Desde la organización se recuerda que estas horas constituyen una herramienta necesaria para representar a los trabajadores, atender reclamos y participar de las instancias de negociación.
La acumulación de diferencias llevó a que, pese a que en octubre estaba previsto retomar las negociaciones pendientes, no se alcanzara un acercamiento que permitiera superar el conflicto.
Finalmente, ADEOM resolvió acudir al Ministerio de Trabajo.
LOS PUENTES DETERIORADOS Y LA RESPONSABILIDAD DE DIALOGAR
En el marco de la denuncia, el Ejecutivo departamental también expuso sus argumentos. La Administración sostiene que ADEOM no tendría disposición para sentarse a conversar y que los puentes de diálogo se han deteriorado por las propias actitudes del sindicato, particularmente por las expresiones públicas en las que se cuestionó la capacidad del Intendente para conducir la gestión departamental.
El planteo merece consideración, porque el respeto entre las partes y la posibilidad de mantener un diálogo constructivo son condiciones fundamentales para cualquier negociación.
Sin embargo, también corresponde distinguir entre las diferencias personales o políticas y las obligaciones institucionales que surgen de un convenio colectivo.
Las críticas sindicales, incluso cuando son duras, no deberían impedir el funcionamiento de los mecanismos de negociación. Del mismo modo, las diferencias con la Administración no eximen a ADEOM de su responsabilidad de representar a los trabajadores y procurar soluciones por las vías institucionales.
Aquí aparece, además, una dimensión política que no puede pasar inadvertida. La actual Administración pertenece al Frente Amplio, una fuerza política que históricamente ha reivindicado la negociación colectiva, la defensa de los trabajadores y el respeto a las organizaciones sindicales. Por eso, existe una expectativa particular de coherencia entre esos principios y las decisiones que se adoptan desde el gobierno.
Gobernar implica administrar recursos, reorganizar servicios y tomar decisiones. Pero también supone escuchar, negociar, dar certezas y respetar los compromisos asumidos.
La Intendencia tiene derecho a explicar sus decisiones y ADEOM a defender los derechos de sus representados. Lo que no debería suceder es que el conflicto termine afectando el cumplimiento de los acuerdos o el funcionamiento de los servicios públicos.
En definitiva, la discusión ya no se limita a un convenio salarial.
Comprende la estabilidad laboral, la carrera funcional, las condiciones de trabajo y el ejercicio de la representación sindical.
La administración tiene derecho a reorganizar los servicios y administrar los recursos de acuerdo con sus responsabilidades. Pero esas potestades deben ejercerse con transparencia, planificación y respeto por los derechos de los trabajadores, y no desde la imposición.
Si los puentes están deteriorados, la responsabilidad de reconstruirlos debe ser compartida. Pero la obligación de cumplir los compromisos institucionales permanece, más allá de las diferencias entre sus protagonistas.
Porque el verdadero valor de un convenio colectivo no está en la fotografía de su firma ni en presentarlo como un hecho histórico, sino en cumplirlo.
Dr. Victor Herzberg
Agrupación Unidos para Crecer – Lista 79
Partido Nacional