Una administración departamental puede cambiar de partido, renovar sus jerarquías y elegir a sus colaboradores. Lo que no puede hacer es confundir el ejercicio del poder con el derecho a maltratar a quienes trabajan para la comunidad.
Hay algo profundamente preocupante en la relación que la actual administración de la Intendencia de Lavalleja mantiene con sus trabajadores. Y no se trata solamente de un conflicto sindical, de una diferencia salarial o de una discusión sobre convenios.
Hay una cuestión bastante más elemental, aunque aparentemente más difícil de resolver: el respeto por las personas.
ADEOM presentó una denuncia contra la Intendencia Departamental de Lavalleja ante el Ministerio de Trabajo por el incumplimiento del convenio. El hecho tiene una significación que excede largamente el trámite administrativo. Es la expresión de una relación deteriorada, de un diálogo que no encuentra interlocutores y de una administración que parece haber perdido de vista que gobernar también significa escuchar.
Uno puede discutir las reivindicaciones de un sindicato. Puede estar de acuerdo con algunas y discrepar con otras. Puede cuestionar procedimientos, reclamar responsabilidades y exigir que los funcionarios cumplan con sus obligaciones. Todo eso forma parte de la vida democrática.
Lo que no resulta admisible es convertir la discrepancia en una excusa para desconocer derechos o dispensar un trato indigno.
La pregunta, entonces, es inevitable: ¿por qué la administración departamental trata de esta manera a sus trabajadores?
No encuentro una explicación convincente.
ADEOM ha procurado, por distintos caminos, encontrar una salida al conflicto y restablecer los mecanismos de negociación. Ha insistido en el diálogo. Ha planteado sus reclamos y ha buscado respuestas.
Sin embargo, la impresión que queda después de tantos desencuentros es que el esfuerzo no encuentra una voluntad equivalente del otro lado de la mesa.
Y cuando una organización sindical termina recurriendo al Ministerio de Trabajo para denunciar el incumplimiento de un convenio, algo importante ha fallado antes. Falló la conversación, falló la confianza y, sobre todo, falló la responsabilidad de quienes tienen la obligación institucional de administrar el conflicto.
Hay una cuestión todavía más delicada.
¿La administración considera que los trabajadores que ya estaban en la Intendencia antes de su llegada no forman parte de su proyecto? ¿Los mira como una herencia incómoda de gobiernos anteriores? ¿Supone que quienes no comparten su identidad política merecen menos consideración?
Sería injusto afirmar que cada decisión responde a una motivación partidaria. Pero sería igualmente ingenuo desconocer que determinadas actitudes alimentan esa percepción.
Cuando los trabajadores no son recibidos, cuando las instancias de negociación se debilitan, cuando los acuerdos dejan de cumplirse y cuando el diálogo parece convertirse en una concesión del poder, la sospecha empieza a ocupar el lugar de las explicaciones.
Y eso es peligroso.
Porque los funcionarios municipales no pertenecen a un partido político. No son patrimonio del Frente Amplio, del Partido Nacional ni de ninguna otra organización. Son trabajadores de una institución pública. Algunos votan a la izquierda, otros a los partidos tradicionales y otros probablemente no se sienten representados por ninguno. Ninguna de esas circunstancias debería modificar un milímetro sus derechos ni la consideración que merecen.
La Intendencia no es una propiedad política que se entrega a quienes ganan una elección. Es una institución de la comunidad. El gobierno cambia; la institución permanece. Y quienes trabajan en ella tienen derecho a esperar que sus autoridades comprendan esa diferencia.
También hay consecuencias que no pueden ignorarse. Profesionales, incluso del área de la salud, con años de experiencia y compromiso con la institución, terminan alejándose porque no se sienten respetados. Y no necesariamente son blancos ni responden a una identidad política determinada. Son personas que buscan trabajar en condiciones dignas, sin tener que soportar que la autoridad confunda jerarquía con arbitrariedad.
¿De qué sirve hablar de modernización del Estado, de eficiencia administrativa o de compromiso con la comunidad si quienes sostienen cotidianamente los servicios públicos sienten que su propia administración les ha dado la espalda?
La democracia no consiste solamente en contar votos cada cinco años. También consiste en ejercer el poder con límites, reconocer al otro y aceptar que los derechos de las personas no dependen de quién ocupa el despacho principal.
Lavalleja tiene derecho a cambiar de gobierno. Por supuesto. El Frente Amplio ganó la elección y tiene toda la legitimidad para conducir la administración departamental, designar sus equipos y desarrollar su programa. Pero ganar una elección no concede una licencia para desconocer la dignidad de los trabajadores ni para administrar las diferencias desde la indiferencia.
Hay algo que debería ser obvio: los funcionarios no están para servir al partido que gobierna. Están para servir a la sociedad. Y las autoridades están para garantizar que puedan hacerlo.
La denuncia de ADEOM ante el Ministerio de Trabajo debería ser una oportunidad para revisar conductas, recuperar el convenio como instrumento de entendimiento y reconstruir una relación que nunca debió llegar a este punto.
Porque hay una frontera que ningún gobernante debería cruzar. Es aquella que separa la autoridad del autoritarismo, la conducción de la imposición y la legítima diferencia política del desprecio por las personas.
No se necesita ser sindicalista para entenderlo. Tampoco ser blanco, frenteamplista o colorado.
Se necesita, sencillamente, entender que los trabajadores tienen derechos y que el poder público tiene obligaciones.
La dignidad no es una concesión de la administración. Es un derecho de los trabajadores.
Y los derechos no se negocian según el color de quien gobierna.
Pablo Melgar