El equipo de comunicación del diputado por Lavalleja, Javier Umpiérrez (Frente Amplio, MPP-609) emitió ayer un informe, sin valoraciones políticas, en las que da a conocer una resolución del Tribunal de Cuentas de la República (TCR), que emitió una observación administrativa sobre una contratación directa realizada por el Ministerio de Ambiente.
El procedimiento tuvo lugar durante el período en el que la cartera estaba bajo la dirección del dirigente minuano Robert Bouvier, representante del Partido Colorado dentro de la Coalición Republicana.
De acuerdo con la Resolución N° 5130-2024, adoptada formalmente el 25 de setiembre de 2024 y detallada en la Memoria Anual del TCR, la observación recae sobre un acuerdo impulsado por el ministerio con la Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria, una institución de origen español.
El objetivo de la contratación era brindar asistencia técnica en el marco del proyecto denominado “Adaptación al cambio climático de las zonas costeras del Río de la Plata y el Océano Atlántico de Uruguay”. Dicha iniciativa cuenta con el respaldo financiero del programa internacional EUROCLIMA+.
Según los registros oficiales, el monto de la contratación observada asciende a 8.100.000 pesos uruguayos, cifra que equivale aproximadamente a 180.000 euros, provenientes de fondos de cooperación internacional.
El punto central del dictamen del Tribunal de Cuentas no cuestiona los objetivos del proyecto medioambiental ni la idoneidad de la fundación española, sino el mecanismo administrativo elegido para su contratación.
El Ministerio de Ambiente optó por realizar una compra directa amparándose en el régimen de excepciones, argumentando la experiencia específica del instituto para llevar a cabo la tarea.
Sin embargo, el análisis del TCR concluyó que la Secretaría de Estado no logró fundamentar técnica ni legalmente de forma adecuada por qué se aplicaba dicha excepción.
En términos administrativos, el Tribunal consideró que al no existir una justificación sólida para obviar un procedimiento competitivo (como una licitación o un llamado abierto), el proceso limitó la posibilidad de que otras instituciones o consultoras pudieran presentar sus ofertas. En consecuencia, el organismo procedió a observar el gasto, dejando constancia en sus registros anuales de contralor.
Hasta anoche el ex ministro y actual director de AFE, Robert Bouvier, no había realizado comentarios sobre la resolución del TCR. Consultado por SERRANO, el edil del sector liderado por Bouvier (Lista 10 de Lavalleja), Néstor Calvo, le restó importancia al asunto. “Se ve que estamos molestando demasiado”, comentó el curul.