Durante muchos años, la Junta Departamental de Lavalleja fue un ejemplo de tolerancia. Su Comisión de Nomenclátor fue una referencia de esa tradición. El Frente Amplio, aún con pocos ediles, consiguió que se reconocieran figuras de su tradición política y que sus nombres llegaran a calles y plazas del departamento.
Las mayorías entendían que había temas por encima de la disputa partidaria. Aquella actitud no debilitaba, ennoblecía. Por eso sorprende lo ocurrido con el homenaje a Salaberry.
Reconocer a los lavallejinos que merecen memoria no debería convertirse en una competencia para imponer un relato político sobre la historia. Es un asunto que exige prudencia y respeto, sobre todo cuando se trata de un homenaje que trasciende la simple decisión de poner un nombre a una calle o una plaza.
En este caso cada colectividad tenía sus referencias y razones.
El Partido Colorado proponía al pintor Antonino Cabana, el Frente Amplio a la maestra Perla Morandí y el Partido Nacional a al ex intendente Juan Miguel Salaberry.
Hasta ahí nada nuevo.
El problema apareció cuando los ediles del Frente Amplio entendieron que Salaberry no debía recibir ese reconocimiento por una interpretación política de su pasado. Creían que era un representante de la dictadura.
Conviene decirlo con claridad: Salaberry no fue un dictador. Fue electo por el voto del pueblo en las elecciones del año 1971. No hay ninguna acusación en su contra. El problema es que resolvió permanecer en el cargo tras la disolución de las Cámaras del 27 de junio del año 1973.
El único jefe comunal (blanco) que presentó su renuncia fue el de Rocha, Mario Amaral, quien dejó el cargo al otro día de la disolución del Parlamento.
Teniendo en cuenta que el primer acto de insubordinación ocurrió el 9 de febrero y que la disolución de las Cámaras está prevista por la Constitución, los historiadores han tenido dificultades para marcar el momento preciso del golpe de Estado.
Se trata de una compleja imprecisión de la historia que afectó a muchos sectores políticos, no sólo a Salaberry, otros sectores políticos, como el Partido Comunista y la CNT, reconocieron ciertos valores en los militares y apoyaron parte de su programa económico y político.
Además, durante algunos años se mantuvo abierto el diario “El Popular”, órgano de la propaganda comunista. Muestra de ello es la crónica sobre el golpe de Estado en Chile, ocurrido en setiembre de 1973, que se publicó con gran destaque.
Salaberry fue un caudillo popular, ganó las elecciones con sus votos y no necesitaba de la política para vivir. Vuelta la democracia, perdió la elección ante Héctor Leis tras enfrentarse a su hermano Julio, en caso contrario la historia hubiese sido otra.
Nada de esto significa que la trayectoria de un ex intendente deba quedar fuera de toda discusión, las diferencias políticas no deberían usarse como excusa para cerrar el debate y negar cualquier posibilidad de reconocimiento.
También hay que mirar la dimensión estratégica. Si se aprobaba el homenaje, el Frente podría expresar con más fuerza la posición propia, señalar contradicciones, discutir diferencias y mostrar amplitud sin convertir el reconocimiento en una exclusión.
Sin embargo, oficialismo eligió otro camino y terminó sin advertir que podía sacar mejor provecho político de ese debate.
El episodio abre algunas preguntas que van más allá de un homenaje.
Si quienes gobiernan no detectan las oportunidades para el debate político, ¿qué podemos esperar cuando deban resolver los asuntos más urgentes de Lavalleja?
¿Quién de estos negadores de la tolerancia política saldrá a ganar inversiones para el departamento?
¿Cómo gestionarán las diferencias cuando les toque volver al llano?
Una votación se puede ganar, pero gobernar exige pensar antes de votar y estar a la altura de la historia que se pretende juzgar.
Están a tiempo de pedir disculpas y retractarse.
Pablo Melgar