Las encuestas importan. Siempre importaron. Pero hay una diferencia entre gobernar pensando en la próxima encuesta y gobernar pensando en el próximo país.
En medio de una cris política autoprovocada y de una feroz batalla entre narcos, el gobierno anunció que reforzará la presencia del Estado en zonas de mucha violencia con patrullaje de vehículos militares blindados.
El dato que enseguida llama la atención es el vehículo. El modelo que se menciona es el Mamba: un blindado pensado para contextos operativos complicados, con protección reforzada y capacidad para llevar armamento pesado.
Un vehículo que se asocia más fácil con escenarios de estabilización o despliegues especiales que con una recorrida urbana cualquiera.
La imagen pega fuerte. Demasiado fuerte.
Porque cuando el Estado cambia de escala visual, también cambia el mensaje. Ya no se trata solo de sumar presencia policial: se está diciendo que ciertos territorios necesitan otra lógica de intervención.
Quienes defienden la medida dicen algo difícil de discutir: la gente tiene derecho a vivir segura. Si ciertos recursos tecnológicos o tácticos sirven para recuperar espacios dominados por el delito, bajar la capacidad operativa de las bandas y devolverles tranquilidad a los vecinos, sería bastante irresponsable descartarlos por una cuestión estética o ideológica.
Pero ahí aparece una pregunta menos cómoda.
¿Y si funciona?
Porque el riesgo político no es solo que salga mal. También está el riesgo de que salga bien.
Si mejora la percepción de seguridad, si bajan algunos delitos y si la gente asocia esos resultados con una muestra de autoridad del Estado, el incentivo político se vuelve clarísimo: repetir la fórmula.
Después otro barrio va a pedir lo mismo.
Luego otro.
Y otro.
Hasta que una medida excepcional deje de serlo.
La historia política muestra que pocas herramientas son tan difíciles de sacar como las que dan resultados visibles en el corto plazo.
Mucho más si, además, vienen con aprobación pública.
Entonces el dilema deja de ser policial y pasa a ser institucional.
¿Cuál es el límite entre reforzar la seguridad y normalizar una estética de ocupación territorial?
¿Dónde termina el apoyo logístico y dónde empieza otra forma de entender la relación entre el Estado y la ciudadanía?
Paradójicamente, una izquierda que históricamente fue crítica de ciertas formas de militarización podría terminar administrando una expansión sostenida de dispositivos de presencia dura si esos dispositivos le dan respaldo electoral.
No sería la primera vez que la realidad obliga a revisar categorías políticas.
Dicho de otro modo: es difícil quedarse tranquilo con un gobierno de izquierda subiendo la temperatura de la represión.
La pregunta importante no es si el blindado impone respeto. La pregunta es qué país aparece después de que ese respeto llegue.
Pablo Melgar