Por Natalia Gorgoroso
La extensa y decisiva reunión de la Comisión de Presupuesto de la Junta Departamental de Lavalleja (JDL) con el equipo económico y legal de la Intendencia Departamental de Lavalleja (IDL), las direcciones de Hacienda y Jurídica, sigue dejando tela para cortar.
Sin embargo, no toda la oposición comparte la visión rupturista del Partido Nacional. El edil y líder de la Lista 9 del Partido Colorado, Luis Carresse, integrante de dicha comisión, dialogó con SERRANO y ofreció una lectura diametralmente opuesta, basada en la “justicia tributaria” y en su histórica postura de garantizar la gobernabilidad.
Lejos de considerar las explicaciones del Ejecutivo como una “cortina de humo”, como lo considera el edil del PN, Joaquín Hernández (ver nota en páginas 6 y 7), Carresse fue categórico sobre la presentación de los directores: “fue clarísimo”. Su análisis se centró en la imperiosa necesidad de corregir una profunda inequidad en el cobro de la contribución inmobiliaria, revelando cifras y ubicaciones exactas que, según él, exigen una regularización inmediata.
“CLASE A” Y “CLASE B”
El punto de mayor fricción en el debate presupuestal, en este momento, es la situación de aproximadamente 7.000 padrones que mantienen sus tributos congelados debido a normativas aprobadas hace más de dos décadas (durante la crisis del 2001-2002).
Carresse explicó con un ejemplo práctico y contundente la magnitud de esta distorsión, que hoy genera vecinos “clase A” y “clase B” en materia tributaria.
“A mí me sorprendió cuando nos habla de que una propiedad en la cual la cédula catastral habla de 2 millones de pesos, que tiene un valor real de unos 150 mil dólares, hoy está pagando, en base a la normativa que congeló las contribuciones, 1.400 pesos (de Contribución Inmobiliaria)”, dijo el edil colorado. El contraste es abismal cuando se compara con una propiedad contigua que no quedó amparada por esas viejas resoluciones “y a quien la normativa no lo abarcó, que está pegado 28 mil pesos, con una tasación similar en la cédula catastral de 2 millones de pesos. Y desde el 2001-2002 otro está pagando 1.400 pesos”.
Para Carresse, esta asimetría no solo es injusta para el vecino que paga el valor real, sino que representa una sangría financiera insostenible para la comuna. Según los datos arrojados en la comisión, mantener este congelamiento “equivale a algo así como 2 millones de dólares por año que se resigna al ingreso de las arcas de la Intendencia”.
SOBRE LA RUTA 8
Uno de los aportes más reveladores de la entrevista con el edil colorado fue la delimitación geográfica exacta de este problema. Carresse aclaró que esta distorsión tiene un origen específico vinculado a la “normativa BID (Banco Interamericano de Desarrollo)” y afecta directamente a las localidades ubicadas sobre un eje carretero particular, dejando claro que no se trata de un tarifazo ciego para todo el departamento.
Para mayor claridad de la ciudadanía, el edil detalló el mapa de impacto, según la información aportada por los directores que se presentaron a la Comisión de la Junta. El ajuste por justicia tributaria recaerá sobre las casas comprendidas en normativas anteriores que se encuentran, principalmente, sobre la Ruta 8. Esto abarca casos específicos en las siguientes localidades y ciudades:
- Solís de Mataojo
- Minas
- Mariscala
- Pirarajá
- José Pedro Varela
Por el contrario, Carresse llevó tranquilidad a un gran sector del interior profundo del departamento, confirmando que la medida: “No ocurre así para Zapicán, Batlle y Ordóñez, Illescas y Colón”.
Consultado sobre si esta información lo inclina a levantar su mano para aprobar el presupuesto de la administración frenteamplista, el líder de la Lista 9 fue consecuente con lo que ya ha expresado.
Si bien aclaró que tiene que hablarlo “con la barra (en referencia a su agrupación) y seguir viendo las diferentes temáticas”, no dudó en marcar su postura personal. “Para mí fue muy claro que hay que apostar a regularizar. La justicia tributaria para mí es fundamental”, sentenció.
GOBERNABILIDAD
Pero más allá del caso puntual de los padrones, Carresse aprovechó para reafirmar una doctrina de gobernabilidad que ha mantenido inalterable durante su carrera política: no negarle la principal herramienta de gestión a quien ganó legítimamente en las urnas. “De todas maneras, yo lo he dicho muchas veces, lo dije en campaña electoral y lo vengo diciendo hace 15 años, yo voto los presupuestos. Es lo que la gente eligió. Yo le brindo la herramienta al gobierno”, aseveró.
Para demostrar que su apoyo no es una concesión exclusiva al actual gobierno de izquierda, recordó su historial de votaciones acompañando a las pasadas administraciones del Partido Nacional, incluso cuando enfrentaban crisis internas severas. “Como se la brindé dos veces a Adriana Peña, que el segundo período tuvo que trabajar sin presupuesto porque su propio partido no se lo votó. También se lo voté a Mario García y se lo voto a Daniel Ximénez”, afirmó tajantemente.
RESPONSABILIDAD DEL INTENDENTE
Hacia el final de la charla, el edil colorado dejó en claro que su rol como oposición es facilitar la gestión, pero que la responsabilidad del éxito o el fracaso recae exclusivamente en los hombros del actual intendente. “Después de votado, si el presupuesto que eligió Daniel Ximénez es malo, lo diseñó mal, yo le brindé la herramienta para que lo hiciera bien. Que la gente juzgue como tenga que juzgar”, reflexionó.
Y concluyó marcando la cancha frente a eventuales críticas a su sector: “Si no le salió bien, no es porque nosotros no le hayamos brindado la oportunidad, como se la brindamos a Mario García y dos veces a Adriana Peña. Y si le sale bien, hicimos un gran aporte para el departamento y esta es la línea del partido”.