El debate por las patentes de rodados vuelve a poner sobre la mesa una vieja dificultad de la política uruguaya: entender que los partidos son organizaciones diversas, con intereses, responsabilidades y sensibilidades, que no siempre marchan al mismo ritmo.
El problema no es discutir. El problema es qué hacemos después de discutir.
El debate siempre es saludable. Incluso cuando incomoda, cuando sube el tono o cuando deja al descubierto diferencias que algunos preferían mantener debajo de la alfombra. La política no es una fotografía de familia ni los partidos son organizaciones donde todos deben levantar la mano al mismo tiempo. Por suerte.
En estas horas, el diputado colorado Juan Martín Jorge, el senador nacionalista Sebastián Da Silva y otros dirigentes de los partidos históricos han cuestionado con dureza una decisión del Congreso de Intendentes vinculada al precio de las patentes de rodados. La resolución establece mantener sin aumentos las patentes de los vehículos a combustión y aplicar incrementos a los eléctricos.
Detrás de la discusión hay una realidad económica que merece atención: la creciente presencia de vehículos eléctricos en el mercado, junto con la reducción de los precios de los automóviles a combustión, modificó algunos de los parámetros sobre los que se construyó el sistema actual. Pero ese es otro debate, y seguramente habrá tiempo para darlo.
Lo que interesa observar ahora es algo bastante más profundo y que venimos señalando desde hace una semanas a propósito de la política de Lavalleja.
Decíamos, entonces que había un Partido Nacional en la Departamental, otro una Junta Departamental y otro en los municipios. Incluso nos animamos a identificar un cuarto: el que vive en los militantes, en los adherentes y en quienes sienten que el partido les pertenece mucho más allá tiene su estructuras formales.
Algo parecido ocurre con el Frente Amplio y con el Partido Colorado.
Todo sobre el partido, aunque no siempre parezcan serlo.
Lo que sucede en el escenario nacional no es demasiado diferente. Hay un Partido Nacional en el Parlamento, otro en el Directorio y otro de las intendencias y otro en la calle, entre sus militantes y votantes. Cada uno tiene sus responsabilidades, sus urgencias, sus intereses y sus maneras de interpretar la realidad.
Y todos, al menos en lo esencial, pueden compartir un horizonte político.
Una parte importante de ese nacionalismo, coincide en que Luis Lacalle Pou debe volver a ser el candidato presidencial. Lo mismo ocurre aunque algunos todavía no lo expresen públicamente. Con dirigentes y votantes colorados.
Incluso podría haber ciudadanos que acompañaron al Frente Amplio y que hoy no encuentran en el gobierno las respuestas que esperaban, pero que ven en la calle una alternativa para el futuro.
La política tiene esas cosas. Las identidades partidarias no siempre funcionan como compartimentos estancos y lealtades electorales tampoco son propiedades exclusivas de las estructuras.
El problema aparece cuando se confunden las diferencias con las deslealtades
Los debates son naturales. Cada dirigente procura construir su perfil, cada sector defiende sus posiciones y cada gobierno departamental debe atender las necesidades de su territorio. Las intendencias tienen obras pendientes, compromisos asumidos y promesas electorales que cumplir. Para eso necesitan recursos y los recursos no aparecen por generación espontánea.
En ese escenario, el subsidio a las patentes y los criterios de distribución de los ingresos tienen consecuencias concretas. Uruguay tiene 15 intendencias gobernadas por el Partido Nacional. Es lógico que sus autoridades defiendan los intereses de sus departamentos y que no siempre coincidan con las posiciones de sus compañeros del partido que ocupan otros lugares de responsabilidad.
No debería sorprender a nadie.
Tampoco debería confundirse una discusión sobre recursos, tributos o administración con una fractura política de dimensiones históricas. Gobernar es administrar intereses que muchas veces entran en conflicto. Pretender que todos estén de acuerdo es desconocer la naturaleza misma del ejercicio del poder.
Pero hay una cuestión todavía más importante.
Uruguay se ha acostumbrado a celebrar la construcción de grandes acuerdos y está bien que así sea. En los asuntos fundamentales, la búsqueda de consensos es una virtud democrática. El problema es creer que ampliar indefinidamente las bases de sus acuerdos garantiza por sí mismo la solución de los problemas.
No es así.
Tenemos acuerdos enormes. En los grandes temas, en los verdaderamente grandes, prácticamente todos coincidimos en los diagnósticos, en los objetivos y hasta en las palabras que utilizamos para describir lo que hace falta.
Sin embargo, los problemas siguen allí.
La educación no encuentra el rumbo que necesita, la seguridad continúa siendo una preocupación central, el Estado arrastra ineficiencias y el país sigue postergando decisiones que conoce desde hace décadas.
Nos ponemos de acuerdo en casi todo, pero los resultados no aparecen.
Y allí está el verdadero asunto. Porque llega un momento en que la política tiene que dejar de administrar coincidencias y empezar a tomar decisiones.
Algunas serán incómodas, otras tendrán costos y seguramente no conformarán a todos, pero gobernar también consiste en elegir.
No se puede estar permanentemente en el medio, procurando que ninguna de las partes se moleste. En algún momento la balanza tiene que inclinarse. Para algún lado hay que torcerla.
El debate por la patentes, esa apenas es una expresión más de esa realidad. Que los dirigentes discutan, que expongan sus diferencias y que defienden los intereses que representan. Es preferible eso a la obediencia silenciosa y a los acuerdos construidos para la tribuna.
Lo que sí conviene evitar es convertir cada discrepancia en una interna o cada crítica en una declaración de enemistad
Porque todos son partido. Los que están en el Parlamento, los que conducen las estructuras, los que gobiernan las intendencias y los que recorren los barrios, los pueblos y los caminos rurales. Todos tienen derecho a opinar y todos tienen responsabilidades.
La política necesita partidos capaces de contener esas diferencias, pero también dirigentes capaces de comprender que después de discutir llega la hora de resolver.
Y, sobre todo, necesita gobiernos que se animen a hacerlo. Aunque para eso tengan que dejar de buscar el aplauso de todos.
Porque cuando todos están de acuerdo y nada cambia, el consenso termina siendo apenas otra forma de inmovilizarse.
Pablo Melgar
