El gobierno de Daniel Ximénez y ADEOM negocian en silencio. Las reivindicaciones sindicales, la denuncia ante el Ministerio de Trabajo y la mutualista de los funcionarios forman parte de un escenario que deja una pregunta bastante más importante que el resultado de la negociación: ¿a quién le sirve esta forma de gestionar la Intendencia?
Eran aproximadamente las diez de la noche del lunes cuando sonó el teléfono. Llamaban de parte del intendente. Comenzaban las negociaciones entre ADEOM y el gobierno de Daniel Ximénez. Para que finalmente se concretaran, el sindicato había tenido que presentar una denuncia ante el Ministerio de Trabajo.
Al día siguiente, sobre las diez de la mañana, se produjo la primera reunión.
Desde entonces, silencio. Y cuando el lector lea estas líneas, será sábado.
Seguramente usted, vecino de Lavalleja, no se enteró de demasiado. No hubo grandes anuncios, conferencias de prensa ni explicaciones públicas. Todo transcurre bajo una discreción que parece ser una de las condiciones de esta negociación. Gobierno y sindicato conversan. Las reivindicaciones de ADEOM son conocidas. Reclaman exactamente la mitad de lo que le exigían a Adriana Peña, además de algunas otras compensaciones y beneficios.
Pero existe un elemento adicional que sobrevuela la mesa de negociación: la mutualista de los trabajadores. Una cuestión que no es menor y que, por sus implicancias, constituye una pieza importante del tablero.
Ese es el escenario que hoy ocupa buena parte de la agenda de la Intendencia de Lavalleja.
No es una obra trascendente, no es un proyecto estratégico para el departamento, no es una discusión sobre el desarrollo, el empleo o el futuro de nuestras localidades. La prioridad parece ser otra: salir de este no conflicto sindical.
Porque el propio intendente ha enviado señales insistentes para aclarar que no existe un conflicto. El sindicato presentó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo, pero no estamos en conflicto. Desde ADEOM, por su parte, algunos de sus integrantes también han dejado entrever que todavía no se ha declarado formalmente una situación de conflicto.
Una curiosa manera de describir el momento. Se denuncia, se negocia, se reclaman beneficios, se intercambian posiciones, pero no hay conflicto. Al menos oficialmente.
En realidad, estamos ante una negociación entre amigos. Y no parece una expresión exagerada.
La relación entre el sindicalismo municipal y el poder político tiene en Lavalleja una historia bastante más estrecha de lo que algunos estarían dispuestos a reconocer. Dentro del gobierno departamental, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, hay dirigentes y antiguos integrantes de ADEOM. Algunos se jubilan y terminan ocupando bancas en la Junta Departamental por la Vertiente Artiguista. Otros ganan elecciones y pasan a desempeñar responsabilidades dentro del Ejecutivo.
Todo muy natural. O eso parece.
Podríamos encontrar ejemplos similares en otros ámbitos de la política nacional. El presidente del PIT-CNT pasó a presidir el Frente Amplio. El exsecretario general de la central sindical es hoy ministro de Trabajo.
¿Normal? Puede ser. Si alguien quiere considerar que esa circulación entre el sindicalismo y la política partidaria es absolutamente natural, está en su derecho. Pero que sea frecuente no significa que deje de merecer una mirada crítica.
La cuestión no es impedir que un sindicalista participe en política ni cuestionar su derecho a ocupar cargos públicos. El problema aparece cuando los vínculos, las afinidades y las relaciones personales terminan convirtiéndose en el principal mecanismo de funcionamiento del poder. Cuando las decisiones dejan de explicarse por su conveniencia para la comunidad y pasan a responder a los equilibrios entre actores que se conocen demasiado bien.
Entonces aparece la pregunta que debería importarles a todos: ¿esta fórmula de gestión le sirve al ciudadano?
Si fuera eficiente, si resolviera los problemas de la Intendencia, si mejorara los servicios, si generara condiciones para el desarrollo del departamento, sería una discusión secundaria. Cada gobierno tiene derecho a elegir su manera de relacionarse con sus trabajadores y con sus organizaciones sindicales.
Pero ¿es esta la fórmula que necesitaba Lavalleja? ¿Es este el modelo de administración que puede ofrecer respuestas a los problemas del departamento?
Tampoco conviene caer en la tentación de idealizar el pasado. La administración de Mario García no fue necesariamente mucho mejor que la actual. Y sería un error analizar lo que está ocurriendo como si todo hubiera comenzado el día en que Daniel Ximénez llegó al despacho de la Intendencia.
Las dificultades no nacieron por generación espontánea. Hay problemas estructurales, decisiones anteriores, compromisos acumulados y responsabilidades que atraviesan más de una administración. Mario García, hoy principal referente de la oposición, también tiene una cuota de responsabilidad en el estado de situación que recibió el actual gobierno.
Decirlo no significa absolver a Ximénez. Mucho menos. Significa que para entender lo que ocurre hay que mirar más allá de la última elección y repartir las responsabilidades donde corresponde.
La política departamental tiene demasiada tendencia a explicar el presente exclusivamente por los errores del adversario. Así resulta sencillo. El gobierno culpa a la herencia recibida y la oposición señala los desaciertos del gobierno. Mientras tanto, los problemas siguen esperando una solución.
Y Lavalleja no puede darse ese lujo.
La negociación entre ADEOM y la Intendencia tendrá un resultado. Seguramente habrá acuerdos, concesiones, alguna satisfacción para las partes y, finalmente, una comunicación que permita presentar el desenlace como una demostración de madurez y diálogo.
Ojalá sea así. Nadie sensato debería desear un conflicto sindical que perjudique a los trabajadores, a la administración o a los vecinos.
Pero el acuerdo no puede ser el objetivo final de una administración departamental. Es apenas una parte de su funcionamiento. La Intendencia existe para atender las necesidades de la población, administrar los recursos públicos, ejecutar obras, mantener los servicios y promover el desarrollo de Lavalleja.
Los trabajadores tienen sus derechos. El sindicato tiene legitimidad para reclamar. El gobierno tiene la obligación de administrar con responsabilidad. Y los vecinos tienen derecho a saber qué se negocia, cuánto cuesta y qué consecuencias tendrá para las finanzas departamentales.
Porque cuando se trata de recursos públicos, la discreción de una negociación no puede transformarse en opacidad sobre sus resultados.
Entre amigos se puede conversar, acordar y encontrar soluciones. Lo que no se puede hacer es confundir la buena relación entre los protagonistas con una buena gestión de gobierno.
La diferencia es sustancial.
Mientras unos negocian, Lavalleja espera. Espera obras, respuestas, iniciativas, oportunidades y una administración que consiga mirar más allá de sus propios problemas.
El intendente tiene que gobernar. La oposición tiene que controlar y proponer. El sindicato tiene que defender a sus trabajadores. Cada uno debe cumplir su papel.
Y alguien tiene que ocuparse del departamento.
Ese es el problema. El problema no es ADEOM, no es solamente Daniel Ximénez, tampoco es exclusivamente la herencia de Mario García. El problema es Lavalleja.
Y Lavalleja merece bastante más que una negociación entre amigos.
Pablo Melgar