Por Natalia Gorgoroso
Si la primera parte de la sesión de la Junta Departamental de Lavalleja (JDL) se caracterizó por la disección quirúrgica del presupuesto y álgidos debates jurídicos, la madrugada transformó el recinto en un auténtico campo de batalla. Con el agotamiento a flor de piel tras muchas horas de debate y las recriminaciones tras la negativa del oficialismo a votar un receso, los ediles se adentraron en el tramo definitivo del Presupuesto Quinquenal de la Intendencia 2026-2030.
El resultado de las horas de penumbra dejó en evidencia a un Ejecutivo departamental que, lejos de tener mayorías automáticas, tuvo que transpirar, negociar y, en puntos medulares, rendirse ante una oposición implacable. El tramo final incluyó una densa “batalla cultural”, denuncias de extorsión, el naufragio de cargos de confianza y el bloqueo definitivo a un polémico aumento de la contribución inmobiliaria.
LA REESTRUCTURA NOMINAL
Cerca de las 2:00 de la mañana, la bancada del Partido Nacional, a través de Ana Laura Nis, intentó poner el pie en el acelerador proponiendo votar en bloque los artículos del 25 al 30. Aunque el PN advirtió que no acompañaría el contenido por considerarlo parte de la misma lógica de ensanchamiento burocrático, propuso el mecanismo para “agilizar” el trámite ante el visible desgaste físico. El bloque se aprobó por mayoría (27 en 30) y sin lectura.
El bloque de artículos del 25 al 30, que se aprobó de forma exprés y sin lectura en sala, refería específicamente a la creación de nuevos departamentos internos dentro del organigrama de la Intendencia. Estos fueron diseñados para funcionar bajo la órbita de las nuevas Direcciones Generales y la Prosecretaría que el Ejecutivo buscaba instalar en este presupuesto. En concreto, este paquete normativo dispuso la creación de las siguientes dependencias:
- Artículos 25 y 26: crearon los departamentos de “Innovación Pública” y de “Cooperación Nacional e Internacional”, ambos dependientes de la flamante Prosecretaría General.
- Artículos 27, 28 y 29: instauraron los departamentos de “Recursos Humanos”, “Salud y Seguridad Ocupacional” y “Compras Públicas Departamentales”. Todos ellos pasaron a estar bajo el mando de la nueva Dirección General de Gestión Humana y Recursos Materiales.
- Artículo 30: creó el departamento de “Convivencia Departamental”, dependiente de la renombrada Dirección General de Tránsito, Seguridad y Convivencia Departamental, con el objetivo legal de articular acciones con entidades nacionales para velar por la seguridad pública.
Esta es la razón exacta por la cual el Partido Nacional argumentó que, si bien apoyaba el mecanismo de votación en bloque para acelerar el trámite, votaría en contra del contenido: consideraban que la creación sistemática de todas estas nuevas jefaturas departamentales formaba parte de esa lógica de “ensanchamiento burocrático” y aumento del gasto estatal que venían criticando durante toda la sesión.
Inmediatamente, se aplicó la misma estrategia para los Artículos 31 al 35, aunque esta vez sí se exigió la lectura en sala. Este paquete se centró en un “lavado de cara” al organigrama: la Dirección de Tránsito pasó a ser “Tránsito, Seguridad y Convivencia”; Desarrollo Agropecuario mutó a “Desarrollo Económico, Productivo y Agropecuario”; el Área de Descentralización sumó el término “Coordinación”; Higiene se transformó en “Salud y Bromatología”, y Relaciones Públicas fue rebautizada como “Eventos Departamentales”. Todos fueron aprobados rápidamente.
LA “BATALLA CULTURAL” POR LA FAMILIA
El reloj se detuvo bruscamente en el Artículo 36. El texto del intendente Daniel Ximénez proponía que el “Área de Familia y Género” pasara a llamarse “Área de Cuidados, Género y Generaciones”. La eliminación de la palabra “Familia” encendió la mecha de un choque filosófico e ideológico.
María Noel Pereira (PN) lideró la carga opositora amparándose en el Artículo 40 de la Constitución: “La familia es la base de la sociedad”, recordó. Acusó al oficialismo de ceder a una “contracultura que pretende imponernos dejar nada más y nada menos que a la familia fuera de esta dirección”. Su compañera de bancada, Carol Aviaga, elevó el tono catalogando la omisión como una actitud “simplista y una falta de respeto” proveniente de una “política izquierdista con la mirada totalmente sesgada y miope”.
El clímax de la discusión teórica lo aportó el edil blanco Hugo Olascoaga quien conectó la omisión del término con un plan marxista estructural: “en un macabro estudio realizado por filósofos de la Escuela de Frankfurt, Marcuse y Adorno, descubrieron que para destruir la civilización occidental la base principal a destruir era la familia”, sentenció el curul.
Desde el Frente Amplio, Natalia Dorta intentó bajar las tensiones explicando el paradigma detrás del cambio: “el concepto de familia tal cual se ha estado pensado no acompaña los cambios sociales. Refuerza las desigualdades y los estereotipos que sobrecargan a las mujeres con los cuidados”, argumentó, defendiendo que la nueva denominación buscaba territorializar el Plan Nacional de Cuidados. En sintonía, Francisco Gómez (FA) afirmó que el nombre anterior había quedado “en la prehistoria”.
Sin embargo, ante la intransigencia de blancos y colorados, ya que Néstor Calvo exigió “respetar la Constitución que hoy se han encargado de destruir”; el oficialismo debió ceder. Para destrabar la noche, se acordó aceptar la propuesta nacionalista: sumar los nuevos conceptos sin borrar el original. De este modo, se pactó que en el Artículo 46 (que fijaba el escalafón de dicha dirección) la dependencia fuera bautizada formalmente como “Dirección del Área de Familia, Cuidados, Género y Generaciones”.
DIRECCIONES Y DEPENDENCIAS
Con esa tregua, la Junta retomó su ritmo de aplanadora. El bloque de artículos del 37 al 46 se centró en una reingeniería del organigrama y en la reasignación de los cargos de confianza jerárquicos (escalafones Q). Todo comenzó con el Artículo 37, que eliminó definitivamente el Área de Desarrollo Organizacional. A partir de allí, se votó la transformación de múltiples direcciones para adaptarlas a la nueva estructura administrativa: el director de Promoción y Desarrollo pasó a ser el prosecretario general (Art. 38) , mientras que el coordinador de Juntas Locales se convirtió en el director general de Gestión Humana y Recursos Materiales (Art. 39).
En la misma línea, se reasignaron los roles de Tránsito, que sumó “Seguridad y Convivencia Departamental” (Art. 41); Desarrollo Agropecuario, que integró lo “Económico y Productivo” (Art. 40); e Higiene, que mutó a “Salud y Bromatología” (Art. 45). Además, se readecuaron las nomenclaturas de cargos específicos como el encargado de Edificios Comunales, que pasó a ser de “Convivencia Departamental” (Art. 42) , el encargado de Descentralización, que pasó a ser de “Coordinación” (Art. 43) , y el director de Prevención y Seguridad, que asumió como encargado de Salud y Seguridad Ocupacional (Art. 44).
Todo este paquete de modificaciones orgánicas se coronó con el Artículo 46, donde se oficializó la nueva denominación de “Director de Área de Familia, Cuidados, Género y Generaciones”.
Por su parte, los artículos 47, 48 y 49 completaron el rediseño administrativo interno mediante la reubicación y creación de nuevas dependencias operativas. El Artículo 47 transformó la antigua Sección de Adquisiciones en el flamante Departamento de Compras Públicas Departamentales, ubicándolo bajo la órbita de la nueva Dirección de Gestión Humana. Esta última dirección también absorbió las secciones de Cuentas Personales y Recursos Humanos, que antes pertenecían a la Dirección de Hacienda y ahora fueron unificadas en un solo departamento específico (Art. 48).
Finalmente, el Artículo 49 dotó de estructura a la recién creada Prosecretaría General, instituyendo bajo su mando jerárquico los departamentos de “Innovación Pública” y de “Cooperación Nacional e Internacional”. Con la aprobación de este bloque, la Intendencia concretó las bases orgánicas de su nuevo modelo de gestión
NAUFRAGIO DE LOS SECRETARIOS DE ALCALDES
Pero la paz duró poco. El Artículo 50, que creaba siete cargos de particular confianza (Escalafón Q18) denominados “Secretarios de Municipio”, desató la tormenta más virulenta de la madrugada. El intendente proponía otorgarle a cada alcalde un asesor directo para tareas administrativas y de articulación, cesando todos al final del período.
El oficialismo y el edil colorado Luis Carresse defendieron la medida como un avance vital para los municipios. La edil Paola Rojas (FA) catalogó la propuesta como “un gesto claro de apertura y madurez política” por parte de Ximénez, recordando que los cargos no eran para frenteamplistas, sino para los alcaldes blancos y el colorado que gobiernan el interior profundo. Carresse, por su parte, leyó una carta del alcalde blanco de Solís de Mataojo, Joaquín Cabana, pidiendo encarecidamente la aprobación de estos cargos para “transformar ideas en acciones”, y acusó a la oposición blanca y del otro sector de su partido de darles la espalda a gobernantes que “tienen más votos que muchos ediles que hoy les dicen que no”.
La bancada del PN, sin embargo, no perdonó. Lo interpretaron como un “ensanchamiento del Estado” disfrazado de descentralización y acusaron al Ejecutivo de utilizar a los propios alcaldes nacionalistas para intentar quebrar la disciplina partidaria de los ediles blancos. Carol Aviaga (PN) afirmó que “acá ha existido una maniobra burda, artera y perversa. Han intentado que se extorsione al Partido Nacional. Creyeron que con esta estrategia de llamar a nuestros alcaldes para ofrecerles cargos nos iban a dividir”.
Joaquín Hernández (PN) apuntó a la raíz del problema territorial: “los municipios están en la adolescencia y precisan apoyo técnico (contadores, arquitectos), no apoyo político”. Néstor Calvo (Partido Colorado) remató exponiendo el peso financiero: “esto hace que se ahorren más de 30 millones de pesos, unos 767.000 dólares en el quinquenio. La descentralización no pasa por cargos”.
La tensión llegó a su pico cuando el propio presidente de la Junta, Mauro Álvarez (FA), bajó a su banca para defender al intendente. Negó cualquier maniobra perversa y fustigó la hipocresía blanca y colorada, recordando que mientras se rasgan las vestiduras por el gasto en los municipios, mantienen millonarios “pases en comisión” en organismos del Estado pagados por la Intendencia que no le aportan nada al departamento.
A la hora de levantar la mano, con 18 votos afirmativos en 30 ediles presentes, la creación de los Secretarios de Municipio fue rechazada, pues necesitaba mayoría especial.
EL POLÉMICO ESCALAFÓN 4
El FA logró aprobar en bloque y sin lectura los artículos del 51 al 55. Este paquete normativo se centró exclusivamente en la ampliación de la estructura de recursos humanos de la Intendencia, determinando la creación de una serie de cargos técnicos, profesionales y administrativos específicos dentro del Presupuesto Departamental.
En concreto, la aprobación de este bloque habilitó las siguientes incorporaciones al organigrama:
- La creación de un cargo contratado de Contador Asesor Grado II (escalafón A14), bajo lo dispuesto en el Artículo 51.
- La creación de un cargo contratado de Escribano Grado II (escalafón A16), establecido por el Artículo 52.
- La creación de un cargo contratado de Abogado Asesor Grado (escalafón A12), detallado en el Artículo 53.
- La creación de un cargo contratado de Ingeniero Agrónomo (escalafón A07), dictaminado por el Artículo 54.
- Finalmente, el bloque se cerró con el Artículo 55, el cual autorizó la creación de seis cargos presupuestados destinados a cubrir el rol de Jefe de Municipio o Departamento (escalafón C03).
La polémica resurgió en los Artículos 56 y 57, que proponían la creación del “Escalafón 4” para Peones y Especialistas. El oficialismo argumentó que esta era la solución (los llamados “contratos puente”) para regularizar a trabajadores zafrales que hoy sobreviven con sueldos de 1.000 pesos por jornal en la más absoluta precariedad, brindándoles finalmente aguinaldo y cobertura médica. Francisco Gómez y Eufemio Ramírez (FA) defendieron la medida como un primer paso hacia la justicia laboral.
La oposición, respaldada por un documento del sindicato ADEOM, denunció la precarización institucionalizada. Carol Aviaga y Ana Laura Nis señalaron que para crear estos cupos se eliminaban 135 cargos vacantes de grados superiores, obligando a los nuevos presupuestados a cobrar la mitad del salario por idénticas tareas que sus pares de mayor grado. “Vulnera principios elementales de equidad consagrados en el criterio de igual tarea, distinta remuneración”, disparó Aviaga. Pese a la resistencia blanca, los votos frenteamplistas (16 en 27 ediles presentes en ese momento) fueron suficientes para crear el nuevo escalafón.
El tramo organizativo se cerró con una derrota técnica para el Ejecutivo: el Artículo 65, que aprobaba el Organigrama General de la Intendencia, debió ser eliminado por completo del Presupuesto, dado que la gráfica incluía direcciones y dependencias que acababan de ser suprimidas o modificadas por el plenario horas atrás.
CAÍDA DEL “TARIFAZO”
Al ingresar al capítulo de disposiciones tributarias (Artículos 66 al 76), el plenario respiró. Por unanimidad (29 en 29), se aprobó un régimen especial de regularización de adeudos (amnistía) para la Contribución Inmobiliaria y otros tributos, con quitas de hasta el 80% en multas y recargos. Además, se creó un Tribunal de Quitas y Esperas para evaluar situaciones de vulnerabilidad extrema, una medida celebrada efusivamente por todo el arco político.
Pero la luna de miel duró minutos. Los Artículos 77, 78 y 79 se convirtieron en el último gran campo de batalla. La Intendencia proponía derogar tres decretos históricos (de 2001, 2006 y 2012) que “topeaban” la Contribución Inmobiliaria, lo que en la práctica desataría un aumento escalonado (25% anual desde 2027) para unos 9.000 padrones que, según la Intendencia, estaban pagando sumas irrisorias frente a su verdadero valor de mercado.
El FA intentó blindar la medida bajo la bandera de la “justicia tributaria”. Francisco Gómez expuso datos concretos de GeoCatastro, revelando que propiedades valuadas en millones apenas abonan 1.500 pesos al año de Contribución debido al tope, mientras sus vecinos pagan cifras muy superiores. Isabel Urquiola pidió a la oposición no defender “un sistema que genera desigualdad y protege privilegios”.
Pero desde el bloque opositor, Joaquín Hernández acusó al Ejecutivo de ocultar cuáles eran los padrones afectados, afirmando que se les pedía votar “con una venda en los ojos” una cortina de humo con mero afán recaudatorio. Gastón Elola lo calificó de “horrible justicia social” y Néstor Calvo lo definió como un “impuesto directo al trabajador”.
El golpe más duro lo dio Hugo Olascoaga, quien advirtió sobre un inminente “efecto mariposa”: aseguró que los propietarios no absorberían el costo, sino que lo trasladarían a los inquilinos. Recordó el “planillazo de 1990” en Montevideo, advirtiendo que este aumento empujaría a las familias de menores recursos a abandonar sus alquileres y formar nuevos asentamientos. María Noel Pereira justificó los viejos topes recordando que nacieron en la crisis del 2002 para evitar una morosidad del 90%, acusando al FA de querer hacer caja a costa del pueblo.
La estocada final, sin embargo, fue jurídica. Ante la consulta, el asesor letrado de la Junta, Dr. Julio Serrón, confirmó que, según el Artículo 273 de la Constitución, la creación o fijación de impuestos requiere mayoría absoluta de componentes. Con la falta de apoyo y el riesgo de una inconstitucionalidad insalvable, el FA solicitó un cuarto intermedio. Al regresar, presentó -mediante moción de orden- que el Artículo 79 fuera eliminado y, tras reconsiderar la votación, los artículos 77 y 78 quedaron sin efecto. El aumento de la Contribución Inmobiliaria murió en sala.
PIE EN EL ACELERADOR
Con las primeras luces del día y las voces quebradas, el plenario ingresó a una acelerada recta final. El Artículo 80, que habilitó una amnistía para la regularización de construcciones edilicias clandestinas, se votó sin lectura y se aprobaron de forma unánime. Los artículos 81, 82 y 83 se despacharon en bloque con idéntica suerte: unanimidad. Estos artículos están íntegramente dedicados a reformular el régimen del incentivo económico por asiduidad, conocido comúnmente como “presentismo”, para los funcionarios de la Intendencia de Lavalleja.
En concreto, el Artículo 81 modifica la normativa vigente para fijar este incentivo mensual de presentismo en un equivalente al 6% del sueldo nominal que el trabajador haya percibido en el mes anterior a la fecha de cobro. Por su parte, el Artículo 82 detalla y actualiza el listado de inasistencias justificadas que no provocarán la pérdida de este beneficio económico. Entre las excepciones que salvaguardan el pago del presentismo se incluyen: viajes en misión oficial, licencias gremiales, por maternidad, anual reglamentaria, por duelo, matrimonio, nacimiento, cumpleaños, donación de sangre, días generados por trabajo en elecciones, licencias por estudio y certificaciones por enfermedad, entre otras contempladas en el estatuto.
Finalmente, el Artículo 83 oficia de “cerrojo” para la norma, estableciendo que cualquier inasistencia autorizada, con aviso o sin aviso que caiga fuera de las excepciones antes mencionadas, implicará de forma automática la pérdida de la partida por presentismo para el funcionario.
El Artículo 84 modificó el régimen de licencias médicas, estableciendo un límite de 300 días corridos con goce total de sueldo, prorrogables por otros 300 a media paga, exceptuando de este recorte a pacientes oncológicos o con patologías severas debidamente certificadas por una Junta Médica. Fue aprobado con 27 votos.
Tras aprobar la normativa sobre licencias médicas, el plenario liquidó rápidamente los Artículos 85 y 86. El primero actualiza el régimen disciplinario, estableciendo que 15 faltas continuas sin justificación equivaldrán a renuncia tácita, previa evaluación de un equipo multidisciplinario. El segundo ajusta la escala de los incentivos de retiro para quienes renuncien en los próximos 60 días, fijando pagos que varían del 20% al 30% del sueldo según la edad. Ambos artículos se aprobaron sin debate de fondo, ya que la intervención de la Junta se limitó a corregir un viejo error de forma: sustituir el término anacrónico “Municipal” por el correcto “Departamental”. Superado este penúltimo trámite, llegó el broche de oro de la madrugada.
JUBILADOS Y CIERRE
El Artículo 87 trajo la redención emocional a la sala. El texto establecía la restitución vitalicia de un incentivo económico histórico, con un tope máximo de 4 BPC, para los funcionarios municipales jubilados, un derecho que muchos habían perdido tras modificaciones de administraciones pasadas. Ediles de todas las bancadas celebraron la medida como un acto de estricta justicia para con quienes dejaron su vida en la Intendencia. La aprobación fue unánime: 25 en 25.
Bajo una lluvia de aplausos, y con los rostros desencajados por el agotamiento de 13 horas de labor parlamentaria, la Junta Departamental bajó el telón del tratamiento del Presupuesto Quinquenal 2026-2030 de la Intendencia de Lavalleja.