Por Pablo Melgar
“Por sus frutos los conoceréis”, dice el Evangelio de Mateo. La frase conserva una vigencia política casi incómoda: los gobernantes pueden hablar durante horas, pronunciar discursos, explicar intenciones y proclamar principios. Pero, llegado el momento, hay una medida bastante más sencilla para conocerlos: mirar qué hacen cuando tienen una lapicera en la mano.
La sabiduría popular tiene su propia versión del asunto: “¿Querés conocer a Pedrito? Dale un carguito”. El poder tiene esa virtud reveladora. Cuando alguien ocupa un despacho y adquiere capacidad para decidir sobre los recursos públicos, las palabras empiezan a competir con los hechos. Y los hechos suelen ser bastante menos diplomáticos.
En Lavalleja estamos empezando a conocer al intendente Daniel Ximénez a través de sus resoluciones. No se trata de juzgar intenciones, sino de observar decisiones. Y entre esas decisiones aparece un criterio que, por lo menos, llama la atención: una particular generosidad con determinadas actividades, instituciones y acontecimientos, mientras otras solicitudes reciben una respuesta mucho más seca.
Por ejemplo, las resoluciones vinculadas con el ciclismo permiten sospechar que el intendente es un verdadero aficionado al deporte del pedal. De esos que en Semana de Turismo siguen la Vuelta Ciclista con la radio encendida y saben perfectamente quién va primero, quién se escapó del pelotón y quién llega con posibilidades de quedarse con la etapa.
En marzo, la Intendencia destinó $350.000 a la Federación Ciclista del Uruguay, en el contexto de la llegada de la Vuelta Ciclista a Lavalleja. Antes, en enero, habían salido otros $250.000 para el Club Ciclista Fénix, por su participación en Rutas de América. Y en febrero, el Club Ciclista Minas recibió $50.000 por el mismo motivo.
No hay nada objetable, en principio, en apoyar el deporte. Una Intendencia puede y debe promover actividades deportivas, culturales y sociales. El problema aparece cuando uno mira el conjunto y compara.
Porque la lapicera que fue generosa con el ciclismo no tuvo la misma disposición frente a otras solicitudes.
En mayo, la Asociación de Padres y Amigos del Discapacitado de Lavalleja solicitó colaboración para aportar mano de obra destinada a la construcción de un local propio. La respuesta fue contundente: “No ha lugar lo solicitado”.
También quedó sin apoyo el liceo Cuna de Fabini, de Solís de Mataojo, que atraviesa necesidades de reparación para garantizar el funcionamiento del centro educativo. En cambio, los niños que concurren al merendero de la capilla Santa Teresita tuvieron mejor suerte: la Intendencia aportará leche en polvo, cocoa y azúcar.
Son decisiones diferentes y, naturalmente, pueden existir razones administrativas, presupuestales o jurídicas para cada una. Pero precisamente por eso sería interesante conocerlas. Porque cuando se utiliza dinero de todos, la pregunta no debería ser solamente cuánto se entrega, sino también con qué criterio se entrega.
Hay otro caso que merece una mirada particular. El Festival Minas y Abril recibió US$ 35.000 de la Intendencia. La organización había solicitado colaboración para la “realización” del evento. Si esa es la finalidad establecida en la resolución, se supone que el dinero deberá destinarse al propio festival.
Minas y Abril es una actividad relevante para Lavalleja, tiene impacto turístico, cultural y económico y forma parte del calendario de acontecimientos que identifican al departamento. Eso tampoco está en discusión. Lo que sí merece discusión es la política general de apoyos: cuánto dinero público se destina a cada actividad, bajo qué condiciones, con qué controles y, sobre todo, cuál es la prioridad que establece el gobierno departamental.
Porque el verdadero asunto no es el ciclismo, ni Minas y Abril, ni un merendero, ni una institución vinculada a la discapacidad. El asunto es el criterio.
Una administración pública no puede manejarse con simpatías personales, afinidades políticas, entusiasmos circunstanciales o preferencias del gobernante de turno. Debe hacerlo con reglas, tener la prioridad explícita y argumentos que puedan ser defendidos públicamente.
El intendente tiene derecho a elegir. Lo que no debería perder nunca es la obligación de explicar por qué elige.
La lapicera es una herramienta poderosa. Permite firmar convenios, otorgar recursos, autorizar gastos y rechazar solicitudes. Pero también produce algo más difícil de administrar: un registro de los objetivos reales de un gobierno.
Por eso conviene mirar las resoluciones. Allí no están los discursos. Están los hechos.
Y quizás dentro de algunos años, cuando alguien quiera saber quién fue Daniel Ximénez como intendente, no alcance con recordar lo que dijo desde un estrado. Habrá que mirar también qué hizo cuando tuvo el poder de firmar.
Porque, finalmente, para conocer a Pedrito no hace falta escuchar lo que dice. Alcanza con darle un carguito y mirar qué hace con la lapicera.