Algunos errores se corrigen con una disculpa. Y hay errores que, cuando los comete una alta autoridad del Estado, obligan a preguntarse si esa persona está en condiciones de continuar en el cargo.
Gabriela Valverde es una funcionaria de extensa trayectoria administrativa. Contadora pública, pasó por la OPP, ocupó cargos jerárquicos y fue asesora parlamentaria de dirigentes del Frente Amplio. Yamandú Orsi la designó subsecretaria del Interior.
Tiene, por tanto, experiencia burocrática y política.
Lo que está en discusión ahora es otra cosa: su autoridad para conducir, junto al ministro Carlos Negro, una institución tan delicada como la Policía Nacional.
En una entrevista con “Búsqueda”, Valverde vinculó la consigna de Jorge Larrañaga -“no aflojar”- con suicidios policiales, violencia institucional, problemas de salud mental y consumo problemático de sustancias.
No fue una crítica menor. Fue una imputación gravísima.
Y tuvo además una particularidad que no puede ser ignorada: Larrañaga está muerto. No puede responder o explicar qué quiso decir.
En cambio, Valverde sí puede hablar. Y habló.
Después pidió disculpas.
Bienvenidas sean las disculpas, pero una disculpa no borra la responsabilidad de quien ocupa el segundo cargo político del Ministerio del Interior.
Porque la Policía no necesita autoridades que conviertan la seguridad en una batalla retrospectiva contra el gobierno anterior. Necesita conducción, respaldo y autoridad.
Larrañaga tuvo algo que no se obtiene por decreto: respeto dentro de la fuerza.
Podían cuestionarse sus políticas pero construyó un vínculo con los policías que difícilmente pueda negarse. Valverde no tiene esa historia.
Tampoco tiene una trayectoria electoral propia que permita decir que detrás de ella existe un respaldo ciudadano comparable al que tuvieron las políticas de seguridad que critica. Larrañaga consiguió un millón en una consulta popular que lideró en soledad.
Valverde tiene un cargo otorgado por el gobierno y precisamente por eso debe comprender que una cosa es ser militante y otra, muy diferente, ejercer una responsabilidad de Estado.
La subsecretaria puede tener sus ideas y hasta criticar al gobierno anterior. Lo que no puede hacer impunemente es atribuir a una consigna de un ministro fallecido la responsabilidad por fenómenos tan graves sin exhibir evidencia suficiente y esperar que todo termine con un “perdón”.
Después de lo ocurrido, la pregunta ya no es qué quiso decir Gabriela Valverde.
La pregunta es mucho más sencilla:
¿Debe continuar en el cargo?
La respuesta, a nuestro juicio, es no.
Una subsecretaria del Interior que pierde la confianza de una parte sustancial de la institución que debe ayudar a conducir pierde una herramienta esencial para ejercer su función.
No alcanza con pedir disculpas.
Gabriela Valverde debería renunciar.
Pablo Melgar