Ayer tuvo lugar la reunión entre el intendente Daniel Ximénez, las legisladoras Adriana Peña y Alexandra Inzaurralde, y el diputado del MPP Javier Umpiérrez.
Fue un gesto político interesante, sobre todo si se lo mira desde la necesidad de ayudar a las familias que pueden quedar sin empleo como consecuencia del cierre de la cervecería. Juntarse para reclamar ante el gobierno central parece razonable. Incluso necesario.
Creo, sin embargo, que esa reunión debió hacerse antes.
Quizás habría servido para intentar preservar el trabajo de más de 100 personas que se desempeñaban como “changas” y evitar el despido de otro centenar de funcionarios contratados de la comuna.
La senadora Inzaurralde planteó el asunto durante el encuentro y propuso trabajar sobre la antigüedad de los funcionarios. Ya veremos cómo hará Ximénez para no tomar ese consejo.
El intendente, que viene muy golpeado por varios temas, se muestra amable con la oposición en un asunto importante.
La reunión, por cierto, recibió múltiples críticas dentro de la interna blanca. Es que, apenas una semana antes, el presidente de la Departamental Nacionalista, Mario García, y la propia Adriana Peña habían solicitado una entrevista con el jefe comunal.
Con una movida de ajedrez, propia de tiempos mejores, Peña parece haber marcado una línea en el suelo: de un lado, quienes pueden hacer algo concreto por los trabajadores de la cerveza; del otro, quienes deben dedicarse a formar opinión desde la tribuna donde los colocó el voto popular.
Pero hay otro aspecto que merece ser señalado.
Como la reunión ocurrió en horario de trabajo, la Oficina de Prensa de la Intendencia cubrió la actividad con el criterio político habitual: publicó únicamente las declaraciones del jefe comunal.
Es decir, el gasto comunicacional de la Intendencia de Lavalleja volvió a torcerse en favor del mandante de turno. Mal hecho. Mal cubierto el hecho noticioso. Y, sobre todo, mal gesto desde el punto de vista democrático.
Se trata de una descortesía de grandes proporciones. Una actitud infantil y triste, además de innecesaria.
La acción, que bordea el reglamento, no permitirá que el intendente gane absolutamente nada. Se trata de otro caso de incapacidad manifiesta que daña la imagen del departamento.
Porque si la reunión era importante -y lo era-, también lo era mostrar a todos sus protagonistas. La comunicación institucional no debería funcionar como una oficina de prensa del intendente, sino como un servicio público destinado a informar sobre lo que hace la institución.
Pablo Melgar