Por Natalia Gorgoroso
La edil del Partido Nacional, Verónica Machado, presentó ante la Junta Departamental dos exhaustivos pedidos de informes dirigidos al Intendente, Daniel Ximénez.
Las solicitudes apuntan al corazón de la gestión administrativa: las reiteraciones de gastos observados por el Tribunal de Cuentas en obras públicas y el control estricto sobre el gasto en el arrendamiento y la compra de vehículos oficiales.
Uno de ellos cuestiona la política de movilidad de la Intendencia, solicitando transparencia tanto en los arrendamientos como en la adquisición de rodados durante el actual período de gobierno. La edil Machado pone especial énfasis en el control de la flota tercerizada, exigiendo conocer los siguientes detalles si es que la Intendencia ha arrendado vehículos:
- La cantidad exacta de vehículos arrendados y la identificación de cada uno.
- Los plazos contractuales, el costo mensual y el monto total comprometido por cada contrato firmado.
- El procedimiento de contratación utilizado, las resoluciones administrativas que lo dispusieron y la partida presupuestal a la que se imputó el gasto.
- Si se elaboró previamente un informe técnico o un estudio que comparara la conveniencia económica de arrendar frente a la eventual adquisición de los vehículos. En caso de que exista, solicita una copia.
CONTROL DE USO
Un punto que promete generar debate político es la exigencia de control sobre el uso diario de los vehículos. La oposición exige saber cuál es el destino funcional de cada unidad, qué jerarca o dependencia lo tiene asignado, y dónde se guardan habitualmente fuera del horario administrativo, haciendo especial hincapié en los fines de semana y feriados.
Asimismo, la representante nacionalista pregunta si existe un registro riguroso de kilometraje, del consumo de combustible y de los destinos de los traslados. Más aún, indaga si los vehículos, arrendados o adquiridos, han sido autorizados para utilizarse en actividades que no sean actos oficiales o funciones propias del cargo del jerarca.
De ser así, se solicita el fundamento jurídico, la resolución que lo avale , y si existe regulación sobre quién cubre los gastos de ese uso no oficial.
VEHÍCULO DE PRENSA
Finalmente, se cuestiona un gasto específico: la presunta adquisición de un vehículo destinado al área de prensa o comunicación institucional de la Intendencia.
Para este caso, si la compra se hizo efectiva, la edil solicita que se informe el procedimiento utilizado, preguntando si se trató de una compra directa.
Además, exige conocer el fundamento legal, el monto total de la operación, la resolución administrativa, la partida presupuestal afectada y el informe técnico que justifique por qué era necesario y oportuno adquirir dicho vehículo.
OBRAS EN SOLÍS DE MATAOJO
El primero de los pedidos presentados por la legisladora blanca constituye una ampliación de un pedido de informes previo, el cual, según señala Machado, no fue respondido por la Intendencia dentro del plazo establecido por el artículo 28 de la Constitución de la República.
El foco de este reclamo recae sobre la reparación de calles en la localidad de Solís de Mataojo. La controversia surge a raíz de la Resolución N° 3131/2025 del Tribunal de Cuentas de la República, organismo que decidió mantener la observación sobre el gasto derivado de la contratación directa por excepción de la empresa SERVIAM S.A. para la ejecución de estas obras.
Para esclarecer la situación financiera y jurídica de esta maniobra, la edil departamental exige a la administración departamental la siguiente información:
- Copia íntegra de la Resolución N° 4630/2025, mediante la cual el Ejecutivo departamental resolvió reiterar el gasto observado.
- El informe técnico y jurídico que sirvió de fundamento para dicha reiteración, solicitando que se especifique cómo se configura la causal de excepción prevista en el artículo 33 literal D numeral 11 del TOCAF.
- La certificación actualizada que demuestre la disponibilidad presupuestal para respaldar dicho gasto.
- El estado actual de la ejecución financiera de la obra, con un detalle pormenorizado de los montos que ya han sido certificados y de los pagos que se encuentran observados.
- El informe elaborado por el Contador Delegado sobre la reiteración del gasto y su participación en el proceso.
- Una explicación detallada sobre si el gobierno departamental ha adoptado medidas concretas para subsanar las observaciones que mantuvo el Tribunal de Cuentas, y cuáles han sido las mismas.