Por Pablo Melgar
Fue en la primera quincena del mes de julio del año 1985. La democracia se estaba estrenando. El gobierno del departamento había quedado en manos del Partido Colorado, tras las elecciones de noviembre del año 1984. El presidente de la República era Julio María Sanguinetti y el escribano Daoiz Librán Bonino era el intendente de Lavalleja.
La Junta Departamental tenía mayoría colorada y el Frente Amplio tenía apenas un edil, el joven bancario Tulio Burgueño. Entre los blancos, la mayoría era de Por la Patria, liderados por Pedro Zabalza, que había perdido la elección por poco más de mil votos. El herrerismo contaba con dos listas, 50 y 70.
Y llegó el momento de votar el presupuesto de la Junta. Por lo general, estos trámites parlamentarios se referencian en los presupuestos anteriores. Así se sabe si se sube, o baja los gastos. En este caso no fue posible ya que hasta ese momento no regía la Constitución.
La idea de contar con una partida para los ediles venía siendo negociada en secreto. Alguien se indignó y contrató unos parlantes rodantes y en la noche, cuando estaba reunido el deliberativo, una verdadera “pueblada” se concentró frente a la Junta Departamental.
Una elocuente crónica del entonces semanario Serrano informó los detalles de aquella votación que fijó, para siempre, una de las principales características de la Junta de Lavalleja: su inamovible austeridad.
“Entre lo resuelto se crearon 9 cargos en la Junta, 1 redactor de actas, 5 auxiliares, 1 mensajero, 1 limpiadora y 1 chofer de segunda, que se agregan a los cargos ya existentes, que en el rubro 3 Servicios no Personales, que abarca Antel, Diarios, gastos de limpieza, Publicidad, Mantenimiento, Autos, Pasajes y Viáticos, Servicio máquinas escribir y Fotocopiadora, le cuesta al Pueblo N$ 80.000. A todo esto, se votó en la noche del martes N$ 20.000 mensual para cada edil, que sumarán N$ 3.100.000”, dice el texto de Serrano.
Tras un durísimo intercambio entre los ediles y una ruidosa respuesta del público, la presidenta de la Junta resolvió desalojar las barras y que el Plenario votara en régimen de comisión general, es decir sin público ni periodistas.
Los partidarios de generar ingresos para los ediles alcanzaron un total de 21 votos, una mayoría compuesta por los 16 votos colorados y cinco blancos que se sumaron a la propuesta.
Afuera la muchedumbre se encolerizaba aún más. Tras la votación, el gentío no se fue. Todo lo contrario, a los gritos, exigían la presencia de los legisladores.
La crónica de Serrano aporta la mirada del edil de la lista 50 Luis A. Méndez Goró.
“Esta reunión fue a puertas cerradas a pesar de que la bancada del Partido Nacional solicitó se hiciera pública, porque entendemos que a puertas cerradas el pueblo no se entera. No se deben olvidar los señores ediles que están acá, votando gastos de representación y que deben resolverse a luz y conocimiento de la ciudadanía y es a ellos a quienes nos debemos”.
Por otro lado, el edil Méndez consignó su posición respecto a la creación de los nueve nuevos cargos para la Junta, allí también hubo diferencias.
“Existió una especie de pacto, en la comisión de Presupuesto, ya que posiblemente no fuera tal el número necesario de funcionarios para la Junta Dptal. Pero a los efectos de que todos los grupos estuvieran representados, se resolvió nuevos cargos, dando uno a cada grupo político. Los que votamos en contra de los gastos de Representación, también votamos en contra de los nuevos cargos, pero como la votación se hizo en forma global también se aprobó por sí y la mayoría”.
Los primeros ediles en salir de la sala fueron los ediles de Por la Patria y el del Frente Amplio. No hubo mayores incidentes. Hasta hubo aplausos. Cada uno llegó a su casa sin problemas. Todos ellos habían votado “No” a los gastos.
El problema fue para lo que votaron “Sí”. El primero en salir del recinto recibió un golpe de puño en la cabeza, los otros no tuvieron mejor suerte. Los insultos y gritos generaron pánico a los ediles. Uno de ellos amagó sacar un arma y recibió cachetazo, según testigos de época. Algunos ediles fueron agredidos durante varias cuadras. Les pegaron hasta con las cañas de las banderas que portaba la multitud embravecida. Aquellos días Serrano editorializaba contra toda forma de violencia. Papusa dibujaba a uno de los ediles que votaron el “Sí”.
Los que votaron por la negativa fueron: Alejandro Giorello (11); Walter J. Peña Cóppola (11); Luis E. Pérez Diano (11); Raúl Tambasco (11); Miguel A. Rubio (11); Carlos Montero (11); Gonzalo Piana Effinger (50); Luis A. Méndez (50) y Tulio Brugueño (Frente Amplio).
Apenas un mes después de ocurrido aquel gravísimo incidente, por el que no hubo denuncias policiales, la propia Junta Departamental derogaba aquellos gastos para los ediles. Al mismo tiempo dejaba firme la contratación del personal básico para funcionar.
La historia política posterior reconoció a quienes se negaron a aceptar lo que la Constitución prohíbe: Giorello se volvería un referente de la política departamental, llegando a ser intendente y secretario general de la Intendencia. Piana Effinger conseguiría la diputación en dos oportunidades. Tambasco fue jefe de Policía de Lavalleja y director de Ancap. Por otro lado, Pérez Diano, Méndez Goró y Peña Cóppola volverían a ser ediles en distintos períodos.