Por Natalia Gorgoroso
Ayer miércoles 15 de abril, con las barras colmadas por familiares de detenidos desaparecidos, ex presos políticos e integrantes de la Comisión de Sitios de Memoria de nuestro departamento, la Junta Departamental de Lavalleja (JDL) debatió la autorización para instalar una placa señalizadora frente al Batallón de Infantería N° 11.
Tras más de dos horas de encendidas alocuciones que repasaron la historia reciente de nuestro país, aspectos de seguridad vial y acaloradas disputas reglamentarias, la iniciativa fue aprobada por 17 votos en 28 ediles presentes en sala. El Frente Amplio votó en bloque y logró el apoyo de la edil nacionalista Verónica Machado.
El desenlace, sin embargo, dejó una herida institucional: la bancada del Partido Nacional se retiró de sala denunciando violaciones al reglamento, acompañada por un edil del Partido Colorado, mientras el resto de la bancada colorada optó por permanecer en sus lugares.
EL PROYECTO
El debate se originó a partir de dos informes presentados por la Comisión de Nomenclátor, originados en una solicitud de la Comisión de Sitios de Memoria de Lavalleja que llevaba casi un año esperando resolución. El informe en mayoría, que contaba con el visto bueno de la Intendencia Departamental, proponía la instalación de una base de hasta 1,80 metros de altura y 1 metro de ancho en el cantero central de la Avenida Artigas.
El texto a estamparse en la placa, enmarcado en la Ley N° 19.641, será: “Este edificio del Batallón de Infantería N° 11 fue centro de detención y tortura entre 1968 y 1984. Nunca más terrorismo de Estado. Comisión de Sitios de Memoria de Lavalleja”.
RECLAMO DE VERDAD Y JUSTICIA
Desde el inicio, el oficialismo cerró filas detrás de la iniciativa. La edil Paulina Mier, presidenta de la Comisión de Nomenclátor, abrió el debate asegurando que “hoy no estamos votando simplemente la colocación de una señalización. Estamos decidiendo si este cuerpo está dispuesto a mirar de frente su propia historia”. Mier defendió la ubicación exacta del memorial, argumentando que “las señalizaciones no se colocan en lugares neutros, se ubican donde los hechos ocurrieron, porque es ahí donde la memoria cobra verdadera dimensión”.
El momento de mayor emotividad en la sala se vivió durante la intervención de la edil Camila Couto, quien leyó el prólogo del libro “Relatos desde la memoria”, escrito por Luis Pais Riverón. El texto narra con crudeza la madrugada del 12 de enero de 1976, cuando efectivos militares irrumpieron en una vivienda de Minas para llevarse encapuchado a Pais en el día de su cumpleaños número 37. “La democracia plena se construye con memoria, con verdad y con justicia”, sentenció Couto.
El edil Mario Perdomo complementó el relato histórico aportando nombres concretos de ciudadanos de Minas que padecieron tormentos en la unidad militar de la Avenida Artigas, recordando la trágica muerte de Nicanor Aldabalde a pocos días de su liberación, y la brutal ola represiva desatada en junio de 1980 en el marco del plebiscito constitucional.
Por su parte, los ediles Francisco Gómez y Gonzalo Gómez cuestionaron la demora en el tratamiento del tema. “Hay gente que ha esperado mucho tiempo para poder hablar, y urgencias que no son administrativas, sino emocionales”, expresó Gonzalo Gómez.
EL INFORME EN MINORÍA
La oposición colorada fundamentó su rechazo a través de un detallado informe en minoría elaborado por el edil Julio Sánchez (Lista 9). Con un tono medido, Sánchez aclaró que la Ley 19.641 debe cumplirse, pero cuestionó severamente la idoneidad de la Avenida Artigas como escenario. Sánchez argumentó que la placa, ubicada exactamente frente al cuartel, no promueve la tolerancia, sino que “promueve el señalamiento de una institución y sus integrantes, genera divisiones y puede convertirse en una triste estigmatización”.
El edil recordó que el Batallón tiene más de 100 años de arraigo en la sociedad minuana y que sus actuales efectivos “no eran nacidos en la época que el país se vio afectado”, advirtiendo sobre el “efecto psicológico y la crisis de identidad” que esto podría causar en soldados que hoy combaten incendios o asisten a OSE por la sequía.
En una línea similar, el edil colorado Emilio Cáceres (Lista 10) citó a Julio María Sanguinetti y a Líber Seregni para reclamar una visión integral que no construya una “memoria sesgada”. Cáceres recordó la figura del peón rural Pascasio Báez como símbolo de las víctimas del accionar guerrillero, lamentando que la placa solo refleje una parte del dolor. “Hacerlo en la puerta de una institución, para algunos, puede sentirse como una provocación”, afirmó.
SEGURIDAD VIAL
La bancada del Partido Nacional introdujo un elemento técnico al debate de la mano del edil Hugo Olascoaga quien puso sobre la mesa la Ley N° 18.191 de Seguridad Vial. Olascoaga detalló que el cantero central de la avenida es considerado una “franja de seguridad” y mide apenas 1,40 metros de ancho.
Instalar un monolito de un metro de ancho dejaría solo 20 centímetros de margen de cada lado antes de la calzada. “Imagínense un niño que saca la cabeza por la ventana o un ómnibus con un espejo muy abierto; lo golpea”, advirtió Olascoaga, calificando la instalación como un potencial peligro de muerte. A esta inquietud se sumó el edil Federico Rodríguez, quien manifestó su preocupación “como ciudadano que está todo el día manejando en la calle”, por la obstaculización de la visión en una vía de doble circulación.
Olascoaga mocionó para detener la votación y consultar a la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), pero su propuesta no prosperó.
EL QUIEBRE
El clímax político se desató en momentos previos a la votación, cuando se debatió el quórum necesario para aprobar la placa. Ediles del PN, como Joaquín Hernández y Carol Aviaga, exigieron que se aplicara el artículo 37, numeral 3, de la Ley Orgánica Municipal (N° 9.515) y su espejo en el artículo 86 del reglamento interno de la Junta, que estipulan que para levantar “monumentos o estatuas” en sitios públicos se requieren dos tercios de los votos (21 ediles).
Sin embargo, la mesa de la Junta dio lectura al Informe Jurídico N° 11 redactado por su asesor letrado, Dr. Julio Serrón Pedotti. El informe concluyó que el cuerpo no estaba votando un “monumento o estatua”, sino una “placa de la memoria” regida por una ley específica posterior (el artículo 18 de la Ley 19.641), por lo que bastaba con una mayoría simple para aprobarlo.
A la hora de la votación nominal, el mapa político de la Junta quedó reconfigurado. Mientras todo el Partido Colorado y casi la totalidad del Partido Nacional votaron por la negativa, la edil nacionalista Verónica Machado (Lista 51) aportó un voto afirmativo junto con la totalidad de la bancada del FA. Machado agradeció la “libertad de acción” otorgada por la líder de su sector, la Dra. Adriana Peña, y justificó su postura basándose en la historia de su partido. Tras hacer un repaso por la defensa de las libertades del Partido Nacional, se detuvo en la figura de Wilson Ferreira Aldunate. “La memoria no puede estar escondida ni oculta. Como blanca y política de la línea de Wilson, no puedo permitir que se relativice lo que significa el quebrantamiento de la democracia”, argumentó, respaldando además que la placa mencione el año 1968, recordando el histórico rechazo blanco a las Medidas Prontas de Seguridad previas al golpe del ‘73.
RETIRO DE SALA
Consumada la votación (17 afirmativos en 28 presentes), la indignación en el resto de la bancada del Partido Nacional llegó a su punto máximo. La edil Carol Aviaga acusó al oficialismo de concretar “un atropello más al reglamento y a la normativa vigente”. Tras el rechazo de una moción de orden para establecer un cuarto intermedio y convocar al asesor letrado a sala para reconsiderar el tema, la bancada nacionalista anunció su retiro inmediato del recinto legislativo por considerar ilegítima la aprobación.
El edil Emilio Cáceres (Lista 10 del Partido Colorado) decidió plegarse a la protesta del PN, levantándose de su banca y abandonando la sesión. En contrapartida, los ediles Luis Carresse y Julio Sánchez (ambos de la Lista 9 del PC), optaron por acatar el resultado y se mantuvieron sentados en sala. Carresse aprovechó sus minutos finales para destacar el “elevado sentido del honor” de Sánchez al redactar el informe en minoría, felicitando el clima de diálogo de la Comisión de Nomenclátor y sentenciando: “Ojalá sea el camino de la tolerancia que se precisa y nunca más este tipo de atropellos de dictaduras”.