Por Pablo Melgar
La edil blanca Dolores García Pintos expresó en la Junta Departamental de Lavalleja (JDL) su «profunda preocupación y rechazo» a los aspectos de la propuesta del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) que, según afirmó, pueden comprometer el futuro productivo del departamento y de cientos de familias rurales.
La edil se refirió a la incorporación de aproximadamente 67.000 hectáreas de Lavalleja y Florida a una estrategia de protección ambiental. «No estamos hablando simplemente de hectáreas en un mapa: estamos hablando de campos productivos, establecimientos rurales, inversiones, fuentes de trabajo y familias que durante generaciones han construido su patrimonio trabajando la tierra», señaló.
García Pintos recordó que el plan nacional del SNAP pretende ampliar la superficie bajo protección del 1,31% al 6,8% del territorio nacional. Sin embargo, el propio documento reconoce dificultades para cumplir las metas de conservación y un déficit presupuestal del sistema.
«¿Con qué recursos se pretende administrar semejante expansión, cuando todavía existen problemas de gestión en las áreas que ya están protegidas?», preguntó.
La curul del Partido Nacional también cuestionó la falta de claridad sobre las restricciones que se impondrán, las actividades productivas que quedarán condicionadas y las garantías que tendrán los propietarios. «¿Podrán seguir invirtiendo, incorporando tecnología, diversificando sus actividades y desarrollando nuevos proyectos? ¿O terminarán con las manos atadas, viendo como se limita la rentabilidad y el futuro de sus establecimientos?», planteó.
En ese marco, García Pintos señaló una contradicción del Ministerio de Ambiente: mientras se pretenden establecer restricciones sobre 67.000 hectáreas para proteger los recursos naturales, el mismo ministerio impulsa la represa de Casupá, que prevé indundar más de 2.100 hectáreas y afectar a 3.418 hectáreas, incluyendo aproximadamente 426 hectáreas de monte nativo.
«¿Dónde está la conciencia ambiental? ¿Cómo se puede exigir a los productores que asuman nuevas restricciones en nombre de la conservación, mientras se proyecta la desaparición bajo agua de cientos de hectáreas de ecosistemas naturales?», reclamó.
La edila rechazó que el costo de estas políticas recaiga exclusivamente sobre quienes producen. «Si la protección de esas cuencas beneficia a toda la sociedad, debe existir un mecanismo de compensación para quienes vean limitada su actividad económica», sostuvo.
Dolores García Pintos aclaró que no se opone a la protección del agua ni del ambiente, sino a una política que avance «sin garantías, sin recursos suficientes, sin respuestas claras y sin contemplar la realidad de quienes viven y trabajan en el territorio».
«No se puede defender el ambiente dándole la espalda a la producción, ni hablar de desarrollo mientras se compromete el futuro del interior productivo», afirmó. Y concluyó: «Lavalleja necesita políticas ambientales responsables, pero también necesita trabajo, inversión, producción y arraigo rural. Porque proteger la naturaleza también significa respetar a las personas que viven de ella».