Por Natalia Gorgoroso
En una extensa y acalorada sesión extraordinaria celebrada en la noche de ayer, viernes 8 de mayo, la Junta Departamental de Lavalleja (JDL) debatió el dictamen del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) referente al Presupuesto Quinquenal 2026-2030 de la Intendencia Departamental de Lavalleja (IDL). Con los votos del oficialismo, el Legislativo resolvió no aceptar las observaciones del organismo de contralor y remitir las actuaciones a la Asamblea General del Poder Legislativo.
El debate giró casi con exclusividad sobre el punto 5.5 del dictamen, en el cual el TCR observó los artículos 38 al 45 del presupuesto. Según el Tribunal, la transformación de cargos de particular confianza planteada por el Ejecutivo requería una mayoría especial de tres quintos de los componentes de la Junta (19 votos), basándose en el artículo 62 de la Constitución. Cabe recordar que, en su momento, el oficialismo aprobó dichos artículos con mayoría simple (16 votos).
LA DEFENSA OFICIALISTA
La bancada del Frente Amplio, a través de una moción presentada por el edil Osorio Gadea, propuso aceptar las observaciones del TCR referidas a estimaciones de ingresos y compensaciones, pero rechazar de plano la observación 5.5. Su argumento central se basó en una interpretación jurídica que distingue entre “calificar” y “transformar” un cargo.
Para respaldar esta postura, el oficialismo solicitó la palabra del asesor letrado de la Junta, Dr. Julio Serrón, quien reafirmó su informe original. El profesional explicó que, desde un análisis gramatical, “calificar” implica definir la naturaleza jurídica de un cargo (por ejemplo, pasarlo de carrera a confianza), mientras que “transformar” es un acto de reestructura organizativa que, a su entender, no requiere los 19 votos estipulados por el artículo 62.
Apoyado en esta visión, el edil Francisco Gómez cuestionó a la oposición por “fingir demencia” y reiteró que no se crearon cargos nuevos, sino que se mantuvieron los 25 ya existentes.
Uno de los momentos de mayor efervescencia política lo protagonizó el propio presidente de la Junta, Mauro Álvarez, quien bajó a ocupar su banca y dejó la presidencia temporalmente en manos del segundo vicepresidente, el colorado Néstor Calvo.
Álvarez defendió el derecho constitucional de la Junta a discrepar con el organismo de contralor. “El Tribunal de Cuentas de la República no es Dios”, sentenció, recordando además que los ministros que lo integran responden a cuotas políticas. “¿No tenemos la posibilidad constitucional nosotros de poder decir ‘no estoy de acuerdo’? Lo que se está planteando es que se remita a la Asamblea General. Si me dicen que eso no es constitucional, los invito a leer la Constitución”, remarcó Álvarez, recordando que administraciones anteriores del Partido Nacional también desoyeron dictámenes del Tribunal.
LA OPOSICIÓN
Desde el Partido Nacional, la postura fue unánime y frontal: “el oficialismo está atropellando la legalidad”. Los ediles blancos recordaron que durante el tratamiento del Presupuesto de la Intendencia ya habían advertido que estos artículos requerían 19 votos y que inevitablemente serían observados.
La edil Ana Laura Nis rebatió la interpretación del asesor letrado, argumentando que el espíritu de la Constitución al exigir mayorías especiales no es un tema semántico, sino que busca evitar abusos políticos y proteger la administración pública.
Por su parte, María Noel Pereira calificó la situación institucional como grave: “que la Constitución les diga ‘los cargos políticos son ilegales, no cumplen con la Constitución’, y que la bancada del FA plantee no tomar en cuenta esa observación, ¿dónde nos queda la democracia?”, se preguntó.
Joaquín Hernández fue el encargado de subir el tono de la crítica, asegurando que “se acaba de caer la credibilidad del Frente Amplio y el discurso de varios años de personas en esta Junta que siempre le marcaron a los gobiernos del Partido Nacional las observaciones”. Hernández acusó al oficialismo de hacer una “martingala jurídica” para crear cargos de confianza con 16 votos y anunció que la bancada ya presentó recursos ante la Justicia y el Parlamento por el manejo discrecional de los quórums.
Verónica Machado se sumó a las críticas celebrando que el máximo órgano de contralor les diera la razón, destacando además que el dictamen también evidenció la falta de objetivos físicos y de obras en la proyección presupuestal de la Intendencia (punto 3.2).
EL PC Y LA VOTACIÓN FINAL
El edil colorado Néstor Calvo expresó desde su banca el “orgullo” de no haber votado un presupuesto sin diálogo y sin obras. Fustigó duramente a la administración por defender “a capa y espada” las transformaciones de cargos de más de 100.000 pesos para sus dirigentes de confianza, ignorando el impacto en los trabajadores de menores ingresos.
Buscando una salida institucional, el también colorado Luis Carresse propuso una moción intermedia: solicitar un informe escrito y unificado a los asesores jurídico y contable de la Junta; y se le sumó Machado, aportando a la moción de remitirlo al Tribunal de Cuentas para pedir una aclaración formal sobre el alcance del artículo 62.
Llegado el momento de la votación, el Frente Amplio hizo valer su peso. La moción oficialista para rechazar la observación 5.5 y enviar el Presupuesto a la Asamblea General fue aprobada con 16 votos afirmativos en 29 ediles presentes.
La propuesta de Carresse de consultar nuevamente al TCR fue rechazada con 14 votos, cerrando así una jornada donde las diferencias entre oficialismo y oposición quedaron más expuestas que nunca.
Ahora, el futuro legal del organigrama de confianza de la Intendencia de Lavalleja se definirá en el Palacio Legislativo, es decir, en el Poder Legislativo nacional.