Por Natalia Gorgoroso
En una intensa sesión ordinaria celebrada este miércoles en la Sala de Sesiones, la Junta Departamental de Lavalleja (JDL) debatió, entre otros temas, un polémico informe que acaparó la atención del ámbito político local. El asunto, tratado como el tercer punto del orden del día, fue presentado por la Comisión Investigadora sobre “presuntas irregularidades en la Junta Departamental en el período comprendido entre diciembre de 2020 y julio de 2025”.
El foco de la investigación recayó sobre la ex edil nacionalista Camila Ramírez Aviaga, quien retuvo y utilizó su chapa oficial (matrícula PED 0114) durante meses tras haber cesado en su cargo en julio de 2025, acumulando deudas por multas, peajes y patentes.
CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS
Según el informe leído en sala, los ediles que no renovaban su banca fueron notificados en mayo de 2025 para iniciar los trámites de devolución de sus matrículas de vehículos y dispositivos móviles. Sin embargo, Ramírez Aviaga no devolvió la chapa institucional al finalizar su período en julio.
La situación encendió las alarmas el 15 de diciembre de 2025, cuando la comisión constató las deudas asociadas al vehículo y redactó un informe para intimar a la ex edil a regularizar su situación en un plazo de 30 días, bajo amenaza de iniciar acciones judiciales.
Apenas dos días después, el 17 de diciembre, la ex legisladora comunal finalmente hizo entrega de la matrícula y suscribió cuatro convenios de pago con la Intendencia Departamental de Lavalleja (IDL) para saldar sus adeudos.
Cabe destacar que Camila Ramírez es la hija de la actual edil nacionalista y ex senadora, Carol Aviaga y por ese motivo, esta última no estuvo presente en el momento del tratamiento de este tema, dejando la banca a su suplente, Ana Ugolini, hecho que no había ocurrido hasta el momento por claras discrepancias entre ambas que ya se informaron en nuestras páginas.
ÉTICA, TRANSPARENCIA E INSTITUCIONALIDAD
El debate en el plenario estuvo marcado por fuertes reclamos éticos. Diversos ediles señalaron la gravedad de usufructuar un distintivo público sin ejercer el cargo, catalogándolo como una falta de respeto a la investidura y a las instituciones democráticas.
El edil Luis Carresse fue uno de los más enfáticos, sugiriendo que la situación no solo roza irregularidades administrativas, sino que genera una falsa apariencia de investidura, un uso indebido de beneficios institucionales e incluso se plantearon dudas sobre posibles figuras como la usurpación de calidad pública.
Por su parte, la edil María Noel Pereira cuestionó aspectos formales de la investigación, argumentando que al haberse extendido la irregularidad más allá del 10 de julio de 2025, el caso excedía el límite temporal establecido para el trabajo de la comisión. Además, criticó que se mencionaran nombres en régimen abierto, sugiriendo que debió tratarse en comisión general.
Sin embargo, la mayoría del cuerpo respaldó la transparencia y la discusión pública del caso, recordando que, al tratarse de una ex edil, el tratamiento público no violaba el reglamento interno.
RESOLUCIONES CONTUNDENTES
Al cierre de la discusión, el plenario demostró un consenso absoluto frente a la gravedad del asunto. Con 31 votos afirmativos en 31 ediles presentes, se aprobaron tres medidas clave:
- Aprobar el informe de la Comisión Investigadora.
- Remitir los antecedentes del caso a la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) para que analice posibles violaciones a las normas de ética en la función pública.
- A propuesta de la edil Ana Ugolini y el edil Carresse, enviar la versión taquigráfica con las palabras vertidas en sala a la JUTEP y al Honorable Directorio del Partido Nacional.
Apenas finalizó el tratamiento de este tema, Carol Aviaga retomó su lugar en la banca de la Junta, continuando con su labor legislativa.