El edil frenteamplista Ezequiel Larrea quedó, en cuestión de horas, en el centro de una controversia política que combina mensajes privados, acusaciones cruzadas y un asunto institucionalmente delicado: la posibilidad de instrumentar algún tipo de ingreso económico para los ediles de Lavalleja, algo expresamente vedado por la Constitución.
Según reconstruyó SERRANO a partir de múltiples fuentes políticas, Larrea habría propuesto a la coordinadora de la bancada nacionalista, Ana Laura Nis, la elaboración de un plan para asegurar un ingreso a los integrantes de la Junta Departamental de Lavalleja (JDL).
En esa conversación -que se dio por mensajería privada- el edil frenteamplista habría asegurado, además, que contaba con cinco votos del Frente Amplio para respaldar la iniciativa.
La coordinadora blanca confirmó a este medio que recibió esa propuesta y que, ante la magnitud del planteo, resolvió documentar el intercambio. Nis mostró a dirigentes nacionalistas una captura de pantalla con los mensajes atribuidos a su colega frenteamplista.
La difusión interna del episodio generó un inmediato temblor político.
Tanto Larrea como la coordinadora de la bancada frenteamplista, Paola Rojas, negaron la existencia de un proyecto de esas características.
Rojas aseguró que no hay ninguna iniciativa orgánica en estudio y que el Frente Amplio no respalda ningún mecanismo que contradiga el texto constitucional.
Larrea, por su parte, rechazó que exista una propuesta formal y evitó realizar declaraciones públicas.
El episodio escaló en la mañana del día siguiente, cuando el presidente de la Junta Departamental, Mauro Álvarez, se comunicó telefónicamente con Nis. De acuerdo con la versión de la coordinadora nacionalista, el jerarca la invitó a “sacarse las caretas” y le preguntó directamente si Larrea era el autor del proyecto que había tomado estado público. Nis respondió afirmativamente, confirmando su identidad sin haberlo mencionado previamente.
Mientras el intercambio se multiplicaba en los pasillos del Legislativo departamental, varios ediles de distintas bancadas intentaron comunicarse con Larrea. Sin éxito. El teléfono del edil dejó de funcionar: no recibía llamadas ni mensajes de WhatsApp. Desde su entorno se explicó que el aparato se había roto. La coincidencia temporal no pasó inadvertida entre sus colegas.
El trasfondo jurídico es claro.
La Constitución prohíbe expresamente la remuneración de los ediles departamentales. Cualquier intento de crear un mecanismo que, directa o indirectamente, configure un ingreso permanente o regular podría ser interpretado como una violación al régimen vigente.
Esa restricción ha sido históricamente objeto de debate, pero nunca ha logrado traducirse en una modificación normativa.
El clima político actual tampoco parece propicio.
Legisladores de todas las bancadas coincidieron en que, en las condiciones actuales, “no hay ambiente” para discutir fórmulas que impliquen ingresos económicos para los ediles. La combinación de tensiones internas, acusaciones públicas y desmentidos cruzados dejó la eventual discusión en punto muerto antes de siquiera formalizarse.
Más allá de la veracidad o alcance de la propuesta atribuida a Larrea, el episodio dejó expuesta una fragilidad política: la dificultad de abordar un tema estructural -la dedicación y los costos del ejercicio del cargo- sin que derive en sospechas, filtraciones y desgaste institucional.
Pablo Melgar