Pablo Melgar
El jueves pasado el semanario Búsqueda presentó un informe en el que se concluye que los usuarios de ASSE mueren ocho años antes que los de las mutualistas.
Una diferencia persistente de ocho años en la edad promedio de fallecimiento entre usuarios del sistema público y privado vuelve a poner en cuestión la equidad del modelo sanitario uruguayo.
Según informó el semanario Búsqueda en un artículo del periodista Leonel García, los datos correspondientes a 2024 confirman una desigualdad estructural que se mantiene estable en el tiempo.
De acuerdo al relevamiento presentado en el Ministerio de Salud Pública, los usuarios de instituciones de asistencia médica colectiva (mutualistas) fallecieron en promedio a los 78,2 años, mientras que en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) el promedio fue de 70 años.
La brecha se replica tanto en hombres como en mujeres y se ha mantenido prácticamente sin cambios entre 2020 y 2024.
El informe señala que esta diferencia no puede explicarse únicamente por la calidad de la atención médica.
Por el contrario, diversos especialistas coinciden en que los llamados “determinantes sociales” —condiciones de vida, ingresos, vivienda y acceso a servicios básicos— explican entre el 70% y el 80% del estado de salud de las personas.
En ese sentido, el sistema reproduce una segmentación social: ASSE concentra al 63% de los sectores más pobres, mientras que las mutualistas agrupan mayoritariamente a los quintiles medios y altos.
Esta distribución impacta directamente en los indicadores sanitarios. En los sectores más vulnerables se registran mayores tasas de tabaquismo, obesidad, enfermedades cardiovasculares y problemas de salud mental.
El acceso al sistema también muestra diferencias notorias. Mientras los usuarios de seguros privados realizan en promedio 9,7 consultas médicas al año y los de mutualistas 6,8, en ASSE el número cae a 3,6.
Factores como el costo del transporte, la imposibilidad de ausentarse del trabajo o la distancia geográfica limitan el acceso efectivo a la atención.
A esto se suma una menor utilización de procedimientos de alta complejidad en el sector público, como cateterismos y angioplastias, lo que refuerza la percepción de desigualdad.
Sin embargo, expertos advierten que la “calidad percibida” muchas veces pesa tanto como los resultados reales, consolidando la idea de que migrar al sistema privado implica un ascenso social.
El debate sobre posibles reformas al Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) vuelve así al centro de la escena.
Entre las propuestas se destacan el fortalecimiento del primer nivel de atención —capaz de resolver hasta el 80% de las consultas— y la necesidad de ajustar los mecanismos de financiamiento para contemplar las distintas realidades sociales de los usuarios.