Por Pablo Melgar
A través de un comunicado público, vecinos del Arroyo Casupá expresaron su preocupación por el rumbo de las decisiones vinculadas al abastecimiento de agua en la cuenca del Río Santa Lucía y solicitaron a las autoridades revisar en profundidad el proyecto de represa previsto para la zona.
El pronunciamiento surge luego de que tomaran conocimiento de la comparecencia de autoridades del Ministerio de Ambiente, de OSE y de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA) ante la Comisión de Ambiente de la Cámara de Representantes. En ese marco, además de trasladar sus planteos, invitaron a los organismos a recorrer el territorio.
En el documento, los firmantes advierten que la cuenca atraviesa un escenario distinto al que dio origen al proyecto. Señalan, entre otros factores, el avance de la forestación -que supera las 10.000 hectáreas-, la sequía registrada entre 2022 y 2023 y la disminución de las precipitaciones, lo que ubica a la zona entre las de menor registro del país. A su entender, estos cambios obligan a revisar los supuestos técnicos sobre los que se diseñaron las soluciones de abastecimiento.
También ponen el foco en el impacto ambiental. El área prevista para la represa incluye uno de los montes nativos mejor conservados de la cuenca, según estudios oficiales. A esto se suman condicionantes geológicos: el proyecto se ubica en la Cizalla del Sarandí del Yí, donde se registraron movimientos sísmicos recientes -de magnitud 4,4 en 2021 y 3,9 en 2022-, un fenómeno sin antecedentes en la zona. “El análisis en términos de seguridad debe ser especialmente cuidadoso”, advierten.
El comunicado también aborda las consecuencias sociales y productivas. Las áreas potencialmente afectadas comprenden predios mayoritariamente pequeños -entre 26 y 150 hectáreas- donde el acceso al agua, la sombra y los mejores suelos resultan determinantes para la actividad. Los vecinos sostienen que eventuales expropiaciones comprometerían directamente el sustento de las familias y reclaman que se contemple el lucro cesante.
En ese marco, solicitan pausar tanto las notificaciones vinculadas a expropiaciones como el proceso licitatorio hasta que se complete el Estudio de Impacto Ambiental y se evalúen alternativas. Entienden que avanzar sin esa base puede generar perjuicios innecesarios y aumentar la desconfianza.
El texto cierra con una apelación a construir soluciones con el mayor consenso posible. “El agua es un recurso invaluable”, señalan, y advierten que las decisiones en esta materia requieren una mirada de largo plazo, capaz de trascender los gobiernos de turno.
