Por Pablo Melgar
El presidente de la Junta Departamental de Lavalleja (JDL), Mauro Álvarez, quedó nuevamente en el centro de la discusión política local tras confirmarse que presentó una declaración jurada ante la Dirección Nacional de Catastro el 24 de marzo, apenas un día después de que la dirigente colorada Verónica Acosta Huerta cuestionara públicamente la situación legal de su vivienda.
La polémica se inició el 23 de marzo, cuando Acosta -referente del sector riverista del Partido Colorado- instaló el tema en la agenda departamental al señalar que la propiedad del dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP) figuraba como terreno baldío en los registros oficiales, lo que implicaría la ausencia de la actualización correspondiente.
El episodio estableció un paralelo inmediato con un antecedente reciente: durante la campaña electoral, el intendente de Lavalleja, Daniel Ximénez, había enfrentado una denuncia de características similares.
Según la documentación a la que accedió SERRANO, la actualización del predio de Álvarez fue realizada mediante una nueva declaración jurada firmada por el ingeniero agrimensor Pedro Mazzoni. El trámite se concretó 24 horas después de la denuncia pública.
Ayer, al cumplirse 21 días de aquel primer señalamiento, Acosta volvió sobre el asunto y cuestionó la rapidez de la regularización. “Misma y rápida reacción que tuvo el Intendente de Lavalleja ante el mismo ‘olvido’. Parece que algunas cosas solo existen cuando alguien las hace visibles”, escribió en sus redes sociales.
Desde que el tema tomó estado público, Álvarez ha evitado hacer declaraciones. Consultado en su momento por SERRANO, el presidente de la Junta se remitió a un descargo publicado en redes sociales, sin ofrecer mayores precisiones. Ante una nueva consulta realizada en las últimas horas, mantuvo la misma postura y optó por no pronunciarse.