Por Natalia Gorgoroso
La Bancada de Ediles del Frente Amplio salió al cruce, este domingo 31 de mayo, respecto a la no renovación de contratos zafrales en la Intendencia Departamental de Lavalleja (IDL). A través de sus redes sociales, dicho partido político defendió las recientes desvinculaciones y lanzó fuertes acusaciones sobre el manejo histórico de estos contratos eventuales.
En sus publicaciones, los ediles utilizaron fotografías de líderes nacionalistas que hoy integran la oposición, señalando a dirigentes como Adriana Peña, Mario García, Herman Vergara, Carol Aviaga y Joaquín Hernández. El mensaje central del oficialismo fue contundente: “quienes hoy se indignan, son quienes instalaron y perpetuaron esta forma de precarización laboral”.
La campaña virtual detalla lo que la bancada del FA categoriza como “más de 30 años de un sistema indigno”. Definieron a la “changa” como un contrato quincenal o mensual en la Intendencia, mediante el cual los trabajadores cobraban el salario mínimo y carecían de derecho a licencia. Además, afirmaron que existieron personas que permanecieron bajo esa condición de precariedad por hasta 15 años.
Según las placas difundidas, el trabajo público fue utilizado como “moneda de cambio político” y una “herramienta de control”.
Los ediles aseguraron que la vía fácil para ingresar como zafral era asistir al comité de base del Partido Nacional para “militar, repartir listas y demostrar lealtad”. Asimismo, denunciaron que en horario laboral se llenaban ómnibus con trabajadores para trasladarlos a actos políticos del partido, donde se pasaba lista y “el que no iba, corría el riesgo de perder su changa”.
Las críticas también abordaron el funcionamiento interno de los sectores nacionalistas, indicando que cada uno tenía “su cuota de changas” para negociar y que los trabajadores eran tratados como “fichas en negociaciones entre dirigentes”.
Señalaron que las listas mensuales con los nombres de quienes trabajarían se colgaban en la puerta de la Intendencia, diseñando un sistema para mantener a familias enteras en la “incertidumbre y en la dependencia”.
El oficialismo fue enfático en criticar la modalidad de transición entre intendentes blancos, afirmando que al inicio de cada administración se aplicaba el “borrón y cuenta nueva”.
Aseguraron que el jerarca entrante cesaba a los zafrales del sector saliente “sin criterio social” ni contemplaciones. Además, apuntaron directamente a la ex intendenta Adriana Peña por haber reducido a la mitad los sueldos zafrales, llevándolos al salario mínimo y empobreciendo a los trabajadores.
En una de las aseveraciones más graves de la publicación, denunciaron que bajo este esquema se pedían “favores de todo tipo a cambio de un trabajo”, calificando la práctica como una de “las peores formas del poder”.
La declaración cerró reafirmando la postura de la actual administración respecto a los ceses, reiterando que “un día se terminó”. Subrayaron que en Lavalleja “ya no hay que ir a un comité para trabajar” y que se avanza hacia “el fin de un sistema perverso”, priorizando sorteos públicos, transparencia y reglas claras.