Por Natalia Gorgoroso
En el marco del “Mes del Medio Ambiente”, la senadora del Partido Nacional, Alexandra Inzaurralde, alertó respecto a las políticas ecológicas del gobierno y la gestión de grandes proyectos de infraestructura con impacto regional.
Tras realizar pedidos de informes para evaluar el impacto socio-productivo de la futura represa sobre el Arroyo Casupá, los documentos oficiales del Estado revelan “profundas inconsistencias” metodológicas entre ministerios y un estancamiento en la actualización de estudios clave.
A través de una reciente declaración pública, Inzaurralde estructuró su preocupación en tres ejes concretos que, según ella, demuestran que “el gobierno no está actuando para proteger” el medio ambiente: la falta de estudios actualizados para autorizar créditos millonarios, la exclusión de decenas de localidades del interior del Plan Nacional de Saneamiento, y los vaivenes en las políticas de incentivo a la movilidad eléctrica.
PROYECTO CASUPÁ
La instalación de la represa de Casupá, ubicada estratégicamente en el límite departamental de Florida y Lavalleja, requerirá una importante reconfiguración territorial.
Buscando llevar claridad a los productores locales afectados, la legisladora cursó las mismas interrogantes al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y al Ministerio de Ambiente. Sin embargo, los retornos arrojaron un panorama confuso y contradictorio.
Según el informe remitido en diciembre de 2025 por el ministro del MGAP, Dr. Alfredo Fratti, basado en datos preliminares de la DIEA y el Censo Agropecuario 2024, el área afectada abarca un total de 42 explotaciones, de las cuales 37 son netamente agropecuarias y 5 no agropecuarias, abarcando una superficie total de 57.625 hectáreas.
En cuanto al arraigo rural, la cartera de Ganadería, Agricultura y Pesca detalla que 18 de esos productores residen en la propia explotación (un 48,65%), mientras que otros 11 viven a menos de 50 kilómetros de distancia.
Por el contrario, la respuesta de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA) del Ministerio de Ambiente, fechada en octubre de 2025, maneja un universo de datos radicalmente distinto. Este organismo reporta que el emplazamiento requiere la expropiación de 102 padrones, de los cuales 22 serán expropiados en su totalidad, conformando un área aproximada de 3.500 hectáreas.
Según Ambiente, se verán afectadas 46 unidades productivas: 12 corresponden directamente al departamento de Lavalleja, 32 a Florida y dos se ubican compartidas en ambos departamentos A esto se suman cinco padrones de Florida y dos de Lavalleja que se verán afectados por servidumbres de paso para la construcción de caminería.
La contradicción se vuelve aún más aguda al evaluar la residencia de los afectados. Mientras el MGAP reportó 18 productores viviendo en el lugar, Ambiente basó su respuesta en un Estudio Social del año 2017, indicando que de 38 entrevistas realizadas, apenas cinco productores viven de forma permanente en los predios, y casi un 60% la considera su segunda residencia.
Ante estos datos cruzados, la senadora Inzaurralde ironizó publicando en sus redes los documentos y comparando la situación con los clásicos pasatiempos: “Hice dos pedidos de informes… Las mismas preguntas. ¡¡Distintas respuestas!! ¿Se acuerdan del desafío que venía en las revistas: ‘Encuentra las diferencias’?». Al exponer el desglose, sentenció: “¿Ahora a quién le pedimos que aclare los datos?”.
UN PRÉSTAMO DE 130 MILLONES
Las discrepancias administrativas no son el único foco de preocupación para Lavalleja y Florida. La senadora Inzaurralde denunció la inacción del Estado poniendo como principal ejemplo la base técnica para la financiación de la represa.
“Firmaron un préstamo por 130 millones de dólares sin el estudio ambiental previo”, cuestionó la legisladora, remarcando que se está utilizando documentación de 2017. “¿De verdad que alguien piensa que en nueve años nada cambió?”, interpeló.
Esta expresión de la senadora se confirma en el propio documento del Ministerio de Ambiente, catalogando al proyecto como “Clase C”. La cartera reconoce que cuenta con el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) presentado por OSE en 2017, pero admite oficialmente que el trámite de Autorización Ambiental Previa (AAP) se encuentra paralizado a la espera de que OSE presente una actualización de dicho estudio, lo que demandará un nuevo y complejo análisis técnico.
Asimismo, el documento de Ambiente revela detalles sobre los impactos a mitigar que aún están en evaluación, como el cercado del espejo de agua. Originalmente se exigía cercar el embalse, pero actualmente se evalúan nuevas medidas considerando el impacto de la actividad ganadera, forestal y agrícola de la cuenca para no perjudicar el abrevadero del ganado.
A su vez, para mitigar el impacto demográfico en las localidades cercanas por la llegada masiva de trabajadores, se prevé la construcción de alojamientos cerrados en el propio sitio de la obra.
SANEAMIENTO EXCLUYENTE
En otro orden, indicó que el impacto de las decisiones centralistas golpea directamente a las comunidades del interior. Como segundo ejemplo de su reclamo, Inzaurralde advirtió que el actual Plan de Saneamiento dejó por fuera a 33 localidades del interior del país, afectando a varias poblaciones de nuestro departamento.
Para la legisladora, esta exclusión territorial se traduce en una realidad dura y costosa para los vecinos de las zonas rurales y suburbanas: “Eso significa para los vecinos más pozos, más contaminación, más costos por barométrica, menos calidad de vida”.
MOVILIDAD ELÉCTRICA
Finalmente, como tercer punto de su denuncia, la senadora apuntó contra las contradicciones en la política de movilidad eléctrica. Criticó que, tras un período donde se promovió activamente la importación y el uso de estos vehículos, llegando incluso a ser el medio de transporte elegido para recorridas presidenciales, ahora el gobierno evalúa retirar los incentivos fiscales.
“El presidente detuvo su descuento. ¿Y el resto de los uruguayos? ¿Que paguemos más?”, cuestionó Inzaurralde, lamentando además que ante estos cambios de rumbo se note a un “Ministerio de Ambiente ausente de esta discusión”.
CONTINUIDAD
A modo de reflexión final, y marcando una postura de defensa irrestricta de las políticas de Estado a largo plazo, la senadora concluyó manifestando que “el desarrollo sostenible requiere continuidad. No por política, desarmar lo que está bien”.