La senadora suplente del PN denunció que hay “inconsistencias” y falta de respuestas clave
La senadora (s) del Partido Nacional, Alexandra Inzaurralde, aseguró que el informe recibido no aborda las preocupaciones sociales y de vivienda de los afectados, y advierte que los vecinos ya han detectado errores en el relevamiento oficial.
Por Natalia Gorgoroso
La construcción de la represa sobre el Arroyo Casupá, una obra estratégica impulsada por OSE para garantizar la seguridad hídrica del área metropolitana, ha generado un nuevo foco de tensión política y social.
La senadora (s) del Partido Nacional, Alexandra Inzaurralde, manifestó su disconformidad tras recibir la respuesta a un pedido de informes enviado al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), calificando la información de incompleta y cuestionada por los propios pobladores de la zona.
“Me llegó la respuesta al pedido de informes del MGAP. No contemplaron todas mis preguntas, sino que me adjuntaron un informe”, declaró la legisladora. Inzaurralde enfatizó que “no solo no contestaron la mayoría de las preguntas, sino que tiene inconsistencias importantes marcadas por quienes tienen conocimiento real de la zona en todas sus dimensiones”.
EL PEDIDO
El pedido de informes original, fechado el 16 de setiembre de 2025, planteaba 18 interrogantes específicas dirigidas a conocer el impacto humano y productivo de la obra. La senadora solicitaba detalles sobre la cantidad de familias desplazadas, estrategias de mitigación de daños, soluciones habitacionales, planes de expropiación y evaluaciones de riesgo ante posibles fallas de la represa o eventos climáticos extremos.
Sin embargo, la respuesta del MGAP, remitida en diciembre de 2025 y firmada por el ministro Alfredo Fratti, se limitó a adjuntar un informe técnico de caracterización elaborado por la DIEA (Dirección de Estadísticas Agropecuarias).
Si bien el documento oficial aporta datos estadísticos macro, no responde a las inquietudes sobre el futuro inmediato de los productores. “Esperamos recibir un documento explicativo de las mismas (las inconsistencias), para poder compartirlo también”, adelantó Inzaurralde, quien señaló además que el Ministerio de Ambiente aún no ha respondido a sus requerimientos.
EL INFORME
El informe remitido por el MGAP confirma que la represa tendrá una capacidad de 118 hm³ (hectómetros cúbicos, que equivalen 118 millones de metros cúbicos o 118 mil millones de litros) y un costo estimado de US$ 130 millones, financiado por la CAF, con inicio de obras previsto para 2027.
El relevamiento oficial detalla la magnitud de la afectación territorial:
– Tierras afectadas: se identificaron 105 padrones afectados (73 en Florida y 27 en Lavalleja), abarcando un área de ocupación de 3.418 hectáreas y un perímetro de casi 95 kilómetros.
– Impacto productivo: el informe señala que hay 37 explotaciones agropecuarias involucradas, que en total manejan más de 57.000 hectáreas, aunque el área directamente afectada por el embalse sería de unas 2.769 hectáreas según datos preliminares del Censo 2024.
– Bosque Nativo: la Dirección General Forestal estima que se perderán 452,57 hectáreas de bosque nativo, para lo cual se está planificando la recolección de semillas y material genético para futura restauración.
LO QUE NO DICE
El planteo de Inzaurralde radica en lo que el informe no dice. Mientras el MGAP presentó tablas sobre precios de la tierra (que oscilan entre US$ 3.500 y US$ 5.000 la hectárea en 2024 según la zona) y conteo de ganado (casi 15.000 vacunos en los predios generales), quedaron sin respuesta las preguntas de la senadora sobre la “salud mental” de los afectados por la incertidumbre, los tiempos para resolver la vivienda y si se garantizará el abrevadero para el ganado restante.
Asimismo, el informe técnico admite limitaciones en su propia data: se basa en datos “preliminares” del Censo Agropecuario 2024 y reconoce que hay padrones que no aparecen en la base de datos o que no se encontraron.
Un dato sensible que arroja el informe es la situación de los productores familiares. El cruce de datos identificó que, de los predios afectados, solo 6 pertenecen a unidades productivas familiares registradas vigentes, aunque hay otros 27 formularios de productores que perdieron su registro o no lo renovaron, cuya “situación real se desconoce”. Esto deja en un limbo de información a un número indeterminado de familias rurales que podrían ser vulnerables ante el proceso expropiatorio.
La senadora Inzaurralde aguarda ahora la respuesta del Ministerio de Ambiente y el relevamiento detallado de los vecinos para confrontar las cifras oficiales, en lo que promete ser un largo debate sobre el costo social de la seguridad hídrica.