El Frente Amplio volvió ayer a uno de sus escenarios tradicionales: los comités de base. En el marco de la celebración del Día del Comité de Base, militantes, dirigentes, vecinos y autoridades departamentales se encontraron en distintos puntos del país para compartir una jornada marcada por el intercambio político y la organización territorial.
En Minas, uno de los puntos de encuentro fue el comité Godofredo Fernandes, en la zona del Garolini, donde coincidieron el intendente Daniel Ximénez y el presidente de la Junta Departamental, Mauro Alvarez. También participaron varios directores de la Intendencia de Lavalleja, junto a vecinos y dirigentes barriales.
La actividad tuvo un fuerte componente de militancia territorial. La convocatoria había planteado la jornada como una instancia para “compartir, dialogar, escuchar y plantear inquietudes”, pero también como un espacio de organización de cara al VIII Congreso Ordinario del Frente Amplio, denominado “Compañero José ‘Pepe’ Mujica”.
Durante la reunión fueron elegidas las nuevas autoridades del comité. Mario Perdomo asumió como presidente y Roberto Díaz como tesorero. Ana Pereira quedó a cargo de Organización y Santiago Castro de Juventud. Victoria López asumió el área de Género y Feminismo, mientras que Paola Rojas quedó vinculada al trabajo con la Intendencia.
La estructura se completa con Stefanie Borghini y Eliana Martínez en Trabajo Social; Sergio Cardozo y Silvio Osorio en Cultura y Deportes; Camila Couto en Electoral y Paola Ferreira en Propaganda.
La elección de autoridades tuvo, además, una definición territorial. Desde el comité señalaron que el objetivo es que “en el Garolini y toda la zona de influencia pasen cosas”, una expresión que resume la intención de mantener la presencia política y social del Frente Amplio más allá de las instancias electorales.
La jornada también permitió observar la convivencia entre la estructura partidaria y el gobierno departamental. La presencia del intendente y de integrantes de su equipo junto a dirigentes y vecinos mostró una escena característica del Día del Comité de Base: autoridades que dejan por unas horas los despachos y regresan al territorio donde se construye buena parte de la identidad frenteamplista.
En Montevideo, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, participó de una actividad en el comité Los Malvines, en Malvín, donde expuso ante militantes sobre las dificultades que enfrenta el gobierno de Yamandú Orsi.
Oddone puso el acento en el escenario político y económico en el que se desarrolla la actual administración. Recordó que, por primera vez desde la recuperación democrática, un gobierno no cuenta con mayoría parlamentaria propia y debe negociar con la oposición para avanzar con sus iniciativas.
A esa dificultad legislativa agregó lo que definió como un “contexto de restricción fiscal”. Según el ministro, la administración actual recibió una situación fiscal más complicada que la heredada por el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, lo que limita las posibilidades de aumentar el gasto público.
El jerarca reconoció particularmente las restricciones existentes para incrementar los recursos destinados a la educación. La asignación presupuestal, dijo, es “absolutamente insuficiente”, aunque sostuvo que el gobierno buscó mecanismos alternativos para mejorarla dentro de la Rendición de Cuentas.
El mensaje de Oddone también apuntó hacia una discusión de fondo dentro del oficialismo: cómo responder a las demandas históricas de la militancia frenteamplista en un escenario económico mucho más restrictivo que el existente durante los primeros gobiernos del Frente Amplio.
“No tenemos recursos suficientes” para una expansión del gasto como la que muchos militantes desearían, explicó el ministro, diferenciando la actual situación de aquella que permitió un fuerte crecimiento del gasto público a partir de 2005.
El Estado y el riesgo empresarial
Oddone aprovechó además el encuentro para plantear cambios en la forma en que el Estado estructura sus contratos, especialmente aquellos vinculados con obras públicas y acuerdos de largo plazo con empresas privadas.
El ministro sostuvo que Uruguay debe avanzar hacia un modelo en el que el privado asuma una mayor parte de los riesgos vinculados a la evolución de los precios. Cuestionó particularmente las paramétricas que ajustan automáticamente los contratos según la inflación o el comportamiento de determinados insumos.
Según explicó, ese mecanismo podía justificarse cuando la inflación se encontraba en niveles superiores, pero resulta menos razonable con una inflación estabilizada en torno al 4%.
La idea, resumió, es que el Estado deje de funcionar como un “seguro contra todo riesgo” para los proveedores y que las empresas utilicen las herramientas financieras disponibles para cubrirse frente a las variaciones de precios.