La sesión extraordinaria de la Junta Departamental de Lavalleja terminó convirtiéndose en algo más que una discusión sobre la renovación de un grupo de contratos.
Durante más de cinco horas, oficialismo y oposición expusieron dos diagnósticos radicalmente diferentes sobre la situación de la Intendencia: mientras el Partido Nacional puso el foco en los trabajadores que podrían quedar sin empleo el 30 de setiembre, el intendente Daniel Ximénez centró su respuesta en el déficit, el desorden administrativo y una estructura de recursos humanos que, según sostuvo, necesita una transformación profunda.
La sesión extraordinaria de la Junta Departamental de Lavalleja terminó convirtiéndose en algo más que una discusión sobre la renovación de un grupo de contratos. Oficialismo y oposición expusieron diagnósticos marcadamente diferentes sobre la situación de la Intendencia: mientras el Partido Nacional puso el foco en los trabajadores que podrían quedar sin empleo el 30 de setiembre, el intendente Daniel Ximénez centró su respuesta en el déficit, el desorden administrativo y una estructura de recursos humanos que, según sostuvo, requiere una transformación profunda.
El llamado a sala fue aprobado por unanimidad. Los 31 ediles presentes votaron afirmativamente la convocatoria, promovida por integrantes de la bancada nacionalista, para analizar los ceses y presuntos ceses de contrataciones producidos desde el inicio de la actual administración y, especialmente, la revisión de los contratos de trabajo.
Ximénez concurrió acompañado por integrantes de su equipo, entre ellos la nueva directora de Gestión Humana y Recursos Materiales, Carol Prates, y el director de Hacienda, contador Ernesto Manzione.
La primera intervención estuvo a cargo de la edil María Noel Pereira, quien planteó el problema desde la perspectiva de los funcionarios. Recordó que semanas atrás se había manejado públicamente una cifra de unos 400 trabajadores que quedarían desvinculados por la no renovación de sus contratos. Luego, explicó, esa cantidad descendió a 140, después se mencionaron 129 y el propio intendente había hablado posteriormente de menos de 100.
Para la oposición, esa sucesión de cifras es parte del problema: la falta de certeza. Pereira sostuvo que alrededor de 140 trabajadores que tenían contratos anuales pasaron a firmar vínculos solamente hasta el 30 de setiembre.
Es decir, funcionarios que durante años habían trabajado bajo una modalidad contractual anual quedaron, de acuerdo con su planteo, frente a un horizonte de apenas dos meses.
“No sabemos con certeza de qué número de personas estamos hablando”, fue, en esencia, una de las principales críticas.
Para la bancada nacionalista, el asunto no se reduce a una formalidad contractual. Son trabajadores con familias, alquileres, préstamos y gastos cotidianos que necesitan saber si continuarán percibiendo un salario.
Pereira estructuró su intervención alrededor de tres conceptos: pérdida de derechos laborales, precarización y privatización de tareas que históricamente fueron realizadas por funcionarios municipales.
La edil recordó que al comienzo de la actual administración la Intendencia tenía 590 funcionarios presupuestados y 372 contratados anuales. También sostuvo que durante el período anterior se había acordado con ADEOM una estructura de aproximadamente 950 funcionarios entre presupuestados y contratados, considerada necesaria para cumplir con las funciones de la comuna.
Según la visión opositora, esa estructura se estaría reduciendo sustancialmente mientras, paralelamente, aparecen contrataciones bajo modalidades de arrendamiento de obras o servicios por montos elevados. Pereira puso como ejemplo contratos profesionales que, según dijo, superan ampliamente las remuneraciones de los trabajadores cuyo vínculo se encuentra bajo revisión.
La crítica adquirió mayor intensidad cuando la edil vinculó la situación de los trabajadores con las licitaciones para tercerizar tareas. Enumeró llamados para trabajos que tradicionalmente realizaban funcionarios municipales y cuestionó que, mientras se analiza la continuidad de trabajadores contratados, determinadas tareas pasen a empresas privadas.
Otro de los planteos opositores fue formulado por el edil Hugo Olascuaga, quien cuestionó la utilización de gráficos para explicar la evolución financiera y de personal. No puso en duda de manera directa las instituciones citadas por el Ejecutivo, pero reclamó acceder a las bases de datos y a la metodología utilizada para construir las gráficas. Su argumento fue que los números pueden ser ciertos y, aun así, una representación gráfica puede inducir a determinadas interpretaciones.
También cuestionó la interpretación de las cifras financieras presentada por el Ejecutivo. Señaló que el análisis del activo y el pasivo no debería desconocer los recursos que la Intendencia tiene previsto recibir de organismos nacionales para determinadas obras. En esa discusión también apareció el fideicomiso y la forma en que sus obligaciones impactan en las cuentas departamentales.
Respuesta frontal
Ximénez comenzó por explicar que no podía analizarse la situación contractual sin mirar el estado general de las finanzas municipales. Presentó una serie de datos correspondiente al período 2018-2025 y sostuvo que el deterioro económico de la Intendencia no comenzó con su administración.
Según la exposición del Ejecutivo, en 2020 se registró un déficit de unos $126 millones, seguido por años de resultados positivos durante el período de la pandemia. Para Ximénez, parte de esa mejora se explicó por la reducción de determinadas actividades y gastos durante los meses en que la Intendencia tuvo áreas cerradas.
El quiebre, sostuvo, reaparece en 2024. Allí situó el comienzo del deterioro que recibió su administración. Para 2025, presentó un déficit de unos $311 millones, equivalente, según la cotización utilizada en la exposición, a aproximadamente US$ 4,8 millones.
El intendente también puso sobre la mesa la evolución del gasto en personal. Según los datos exhibidos, las retribuciones personales pasaron de unos $1.300 millones a $1.600 millones en el período analizado, alcanzando en 2025 su máximo histórico. En paralelo, afirmó que entre 2023 y 2025 el gasto real en personal aumentó aproximadamente $220 millones, mientras que las inversiones crecieron en unos $162 millones.
La conclusión política de Ximénez fue que la Intendencia enfrenta un problema económico y, simultáneamente, un problema de gestión.
El contador Manzione explicó luego la relación entre activos y pasivos. Según su exposición, al cierre de 2025 la Intendencia contaba con apenas 37 centésimos de activo por cada peso de deuda, frente a una situación considerablemente mejor en años anteriores. El dato fue utilizado por el Ejecutivo para sostener que la capacidad financiera de la comuna se deterioró progresivamente desde 2022.
Pero el capítulo más sensible fue el de los trabajadores zafrales y contratados.
El Ejecutivo mostró una serie que, según afirmó, demuestra fuertes oscilaciones en la cantidad de trabajadores zafrales durante los últimos años. En 2010, dijo, se registraron 1.569 personas; en 2011 la cifra cayó a 882. Posteriormente volvió a crecer hasta alcanzar 1.183 en 2020. Tras la llegada de Mario García, volvió a producirse una reducción y, en 2021, se contabilizaron 587 trabajadores.
En 2025, de acuerdo con los datos exhibidos por Ximénez, se registraron 881 zafrales en el año, con un promedio mensual de 693 y un máximo simultáneo de 729 en junio, apenas un mes antes del cambio de administración.
Para el intendente, esos datos contradicen la idea de que la estructura de trabajadores zafrales se mantuvo estable durante los últimos años. Pero también buscó separar a los funcionarios del problema administrativo.
Ximénez afirmó que encontró ingresos sin información administrativa básica, horas extras registradas antes del horario de entrada, situaciones de incumplimiento de horarios, estructuras con funciones poco definidas y funcionarios que habían ingresado para una tarea y posteriormente desempeñaban otra sin documentación suficiente sobre evaluación o acreditación de conocimientos.
La nueva directora de Gestión Humana, Carol Prates, profundizó esa línea. Su diagnóstico fue que la situación no se originó en los últimos meses, sino que arrastra problemas de larga data. Habló de funcionarios sin posibilidades efectivas de desarrollar una carrera administrativa, ausencia de concursos, falta de evaluación de desempeño, inexistencia de descripciones claras de cargos y compensaciones cuya justificación no siempre aparece vinculada a las tareas efectivamente realizadas.
La solución planteada por el Ejecutivo pasa por profesionalizar la gestión de recursos humanos. Prates anunció una ruta basada en evaluación de desempeño, definición de perfiles, concursos, tribunal de calificaciones y reglas claras para la carrera administrativa.
La solución planteada por el Ejecutivo pasa por profesionalizar la gestión de los recursos humanos. Prates anunció una hoja de ruta basada en la evaluación de desempeño, la definición de perfiles, los concursos, un tribunal de calificaciones y reglas claras para la carrera administrativa.
Pero esa explicación no satisfizo a la oposición.
Los ediles insistieron en que el problema concreto del llamado a sala era qué sucederá con los trabajadores cuyos contratos vencen el 30 de setiembre.
Pereira había formulado cinco preguntas específicas: por qué no se renuevan los contratos, quién realizará las tareas si esos funcionarios dejan la Intendencia, cuántos funcionarios considera necesarios el Ejecutivo, cuántos presupuestados existen actualmente y cuáles son los criterios utilizados para decidir qué contratos continúan y cuáles no.
Entre esos criterios, la oposición reclamó conocer si se consideran la antigüedad, las calificaciones y el desempeño.
Ximénez respondió que no existe una decisión de sustituir trabajadores municipales por empresas privadas. Fue categórico al respecto. Aseguró que la Intendencia continuará realizando la mayor cantidad posible de obras con sus propios funcionarios y aclaró que determinadas obras financiadas por organismos nacionales deben necesariamente pasar por procedimientos de licitación.
El intendente rechazó además la idea de que exista una “lupa” sobre determinados trabajadores. Su planteo fue que cada vínculo debe analizarse en función de las necesidades del servicio, la tarea efectiva, el desempeño, la acreditación y el cumplimiento de las normas.
La disputa, sin embargo, quedó abierta.
Para el Partido Nacional, el ajuste está recayendo sobre trabajadores que habían mejorado su situación al pasar de contratos zafrales a contratos anuales, mientras se mantienen otras erogaciones y aparecen nuevas contrataciones bajo modalidades de arrendamiento.
Para el Frente Amplio, en cambio, mantener sin cambios esa estructura significaría prolongar un sistema que consideran desordenado, costoso y discrecional. Ximénez insistió en que no se trata de recortar por recortar, sino de reconstruir la administración sobre nuevas reglas.
En el fondo, la sesión dejó planteadas dos preguntas diferentes. La oposición quiere saber cuántos trabajadores perderán efectivamente su empleo y bajo qué criterios. El Ejecutivo sostiene que antes de responder definitivamente debe ordenar una estructura que, según sus números, recibió con graves problemas financieros y administrativos.