Siempre se nos ha repetido que “el Estado somos todos”, que sus decisiones reflejan el interés general y que sus obras buscan el bienestar común. Sin embargo, la realidad muestra que muchas veces el Estado actúa como una estructura de poder, capaz de atropellar los derechos de sus propios habitantes.
El Gobierno Nacional, con la Represa de Casupá, demuestra un ejemplo claro de esa contradicción. En nombre de una supuesta “utilidad pública”, un poder centralista justifica decisiones que benefician únicamente a una población metropolitana, afectando directamente a productores y familias del interior profundo.
Algunos de los principales cuestionamientos:
• Debilidades ambientales: el proyecto presenta impactos irreparables sobre productores, ecosistemas y familias locales.
• Contradicciones institucionales: mientras el Instituto Nacional de Colonización impulsa políticas de acceso a la tierra e invierte millones de dólares para fomentar el arraigo rural, la Represa de Casupá destina millones para desplazar a productores del medio rural a la fuerza.
• Expropiación y desarraigo: sí, la expropiación se indemniza. Pero aquí no se trata solo del valor de una hectárea de campo arrebatada: se están expropiando proyectos de vida, vínculos comunitarios y esfuerzos generacionales. ¿Cuánto vale el cambio forzoso de un modo de vida y el dolor del desarraigo?
• Ineficiencia estructural: existen pérdidas superiores al 50% del agua potabilizada en la red de abastecimiento de Montevideo. La represa no resuelve este problema: solo agrega más agua a un sistema que ya la desperdicia. Es como tener una jarra que pierde por abajo y, en lugar de repararla, seguir llenándola. ¿Puede eso considerarse eficiente?
• Sesgo del centralismo: las declaraciones del Ministro de Medio Ambiente, Edgardo Ortuño, dejaron la percepción de que la Represa de Casupá es una decisión política ya tomada, que solo resta justificar técnicamente. Se muestra disposición a oír las críticas —pero no a escuchar para entender—, ya que no hay voluntad real de revertir la decisión. Una postura que echa por tierra los principios de participación ciudadana y descentralización.
El argumento de la utilidad pública se transforma, así, en una herramienta de poder, donde unos pocos deciden sobre los derechos y proyectos de vida de los demás, amparados en la idea de que lo hacen por el bien común. Pero cuando ese bien común se define sin la participación de los propios afectados y sin evaluar alternativas más eficientes en el uso de los recursos, estamos frente a una arbitrariedad.
El Estado debería ser la expresión organizada de todos los ciudadanos, no un aparato que decide sobre ellos. Cuando las políticas públicas se aplican sin diálogo real —primero escuchar para luego resolver— y sin priorizar los derechos individuales, el Estado deja de representar a todos y pasa a representar únicamente a quienes detentan el poder.
La Represa de Casupá no es solo una obra de infraestructura: es un símbolo de cómo la noción de Estado puede distorsionarse hasta el punto de olvidar su verdadera razón de ser —servir al pueblo, no servirse de él—.
Unidos para Crecer, Lista 79, Partido Nacional.