Hay palabras que parecen haber quedado fuera del lenguaje político. “Pusilánime” es una de ellas.
No es una palabra amable. Tampoco pretende serlo. Describe a quien carece de ánimo y valor para tomar decisiones o afrontar situaciones comprometidas. Viene del latín pusillus animus: espíritu pequeño.
La política, sin embargo, no se ejerce con espíritu pequeño.
Gobernar supone decidir. Y decidir significa, inevitablemente, asumir costos, enfrentar conflictos, explicar lo que se hace y hacerse responsable de sus consecuencias. Quien pretende administrar sin pagar ninguno de esos precios termina haciendo algo bastante diferente: administra la espera.
Lavalleja atraviesa precisamente uno de esos momentos en los que ya no alcanza con administrar la espera.
Los problemas financieros de la Intendencia, las dificultades para afrontar las obligaciones, la discusión sobre los funcionarios, la relación con los sindicatos, las decisiones que se anuncian y luego se corrigen, forman parte de una misma cuestión: la política dejó de ser el arte de elegir entre alternativas para convertirse, demasiadas veces, en el intento de evitar que esas alternativas se hagan visibles.
Y cuando eso ocurre, el problema no es solamente económico. Es político.
Porque una administración puede tener menos recursos que otra. Puede recibir una herencia complicada. Puede equivocarse. Puede incluso atravesar una crisis extraordinaria. Lo que no puede hacer indefinidamente es esconder la decisión detrás de la circunstancia.
El ciudadano puede comprender una decisión difícil. Lo que difícilmente comprenda es que nadie quiera tomarla.
Hay una diferencia sustancial entre prudencia y pusilanimidad.
La prudencia calcula las consecuencias antes de actuar. La pusilanimidad calcula las consecuencias para no actuar.
La primera es una virtud del gobernante. La segunda termina siendo una forma de irresponsabilidad.
En una administración pública esto adquiere una dimensión todavía mayor. El dinero que se administra no pertenece al gobernante. Es dinero de los contribuyentes. Cada peso que se destina a una estructura, cada contratación, cada compensación, cada crédito y cada compromiso asumido tiene finalmente un destinatario que paga la cuenta.
Por eso la discusión sobre el tamaño del Estado departamental no debería ser presentada como una guerra contra los funcionarios.
Es exactamente al revés.
Defender al funcionario público implica defender también una administración capaz de pagarle, de capacitarlo, de exigirle y de ofrecerle estabilidad dentro de las posibilidades reales de las cuentas públicas. Una plantilla sobredimensionada, financiada con recursos que no existen, no protege al trabajador: posterga el problema hasta hacerlo más doloroso.
La política responsable debe tener el coraje de decirlo.
También debe tenerlo para decirle que no a los reclamos que no puede satisfacer, aunque sean legítimos desde la perspectiva de quienes los formulan.
Ese es uno de los lugares donde se prueba el carácter de un gobierno.
Es relativamente sencillo prometer. Es más difícil explicar por qué una promesa no puede cumplirse. Y mucho más difícil todavía asumir públicamente que una decisión equivocada debe ser corregida.
La autoridad no consiste en conseguir que nadie se enoje con uno.
Consiste en estar dispuesto a que alguien se enoje cuando hacer lo correcto lo exige.
Lavalleja necesita recuperar esa dimensión de la política.
No se trata de volver a las viejas épocas de los caudillos que confundían autoridad con arbitrariedad. Tampoco de reivindicar el autoritarismo administrativo. Se trata de algo mucho más elemental: que quien ocupa una responsabilidad pública tenga la capacidad de ejercerla.
Una intendencia no puede funcionar pendiente de cómo reaccionará cada sector ante cada decisión. Tampoco puede convertir la comunicación en un ejercicio de ocultamiento ni transformar la información pública en una sucesión de explicaciones defensivas.
El gobierno debe hablar antes de que hablen las filtraciones.
Debe explicar antes de que aparezcan las versiones.
Debe asumir antes de que la realidad le imponga la admisión.
Y debe decidir antes de que la falta de decisión termine decidiendo por él.
Ese es, quizás, el verdadero problema de fondo.
Lavalleja no necesita funcionarios políticos que pretendan ser simpáticos todo el tiempo. Necesita gobernantes que sepan distinguir entre popularidad y autoridad. Entre consenso y sometimiento. Entre diálogo y dependencia.
La política democrática exige negociación. Por supuesto.
Pero negociar no significa renunciar a gobernar.
Una cosa es escuchar a los sindicatos, a los partidos, a los empresarios, a los funcionarios y a las organizaciones sociales. Otra muy distinta es entregarles a todos ellos el derecho de veto sobre las decisiones que corresponden a quienes fueron elegidos para gobernar.
La frontera es delicada, pero existe.
Cuando se la cruza, aparece un gobierno paralizado.
Y un gobierno paralizado puede conservar durante algún tiempo las formas exteriores del poder. Puede tener oficinas, jerarquías, asesores, discursos y comunicados. Lo que empieza a perder es algo mucho más importante: autoridad.
La autoridad no se decreta. Se construye.
Se construye diciendo la verdad cuando resulta incómoda. Se construye poniendo las cuentas sobre la mesa. Se construye aceptando que administrar recursos escasos obliga a establecer prioridades. Se construye tomando decisiones y respondiendo por ellas.
Por eso “pusilánime” puede ser una palabra incómoda, pero también una palabra útil.
No describe simplemente a alguien cobarde.
Describe una manera de enfrentar la responsabilidad.
Y en política, cuando quienes tienen que decidir comienzan a comportarse como si su principal objetivo fuera evitar el conflicto, el conflicto no desaparece. Se acumula.
Hasta que llega la factura.
Lavalleja merece algo mejor que eso.
Merece una administración que no confunda prudencia con miedo, diálogo con subordinación ni sensibilidad social con incapacidad para gobernar.
Porque las crisis no se resuelven esperando que desaparezcan.
Se resuelven tomando decisiones.
Y para eso hace falta algo que ningún presupuesto municipal puede comprar: carácter.
Pablo Melgar