Por Natalia Gorgoroso
La votación del Presupuesto Quinquenal 2026-2030 en la Junta Departamental de Lavalleja (JDL) se ha convertido en un auténtico ejercicio de disección legislativa. La sesión, que comenzó a las 18:00 horas de ayer y se extendió a las primeras horas de este miércoles, evidencia un escenario donde el Ejecutivo departamental ya no tiene un cheque en blanco.
Artículo por artículo, la oposición ha logrado imponer su visión de contralor, logrando incluso la eliminación total de normativas propuestas por el intendente Daniel Ximénez, mientras que el oficialismo debió sudar para salvar piezas clave de su organigrama por la mínima diferencia.
En este complejo ajedrez político, el Partido Colorado ha demostrado ser el que inclina la balanza para un lado u otro. Los ediles Luis María Carresse, Julio Sánchez y Néstor Calvo han dejado en claro que no votan en bloque, sino con absoluta independencia de criterio, acompañando al Frente Amplio en algunas modificaciones, pero alineándose con el Partido Nacional a la hora de ponerle un freno a las potestades discrecionales del intendente.
LOS PRIMEROS CONSENSOS
El tratamiento del articulado comenzó respetando estrictamente el orden. Los primeros artículos (1 al 4) fueron aprobados en bloque por unanimidad. La primera señal de que la Junta no cedería su rol de contralor apareció en el Artículo 5, donde se modificó el texto para obligar al Ejecutivo a comunicar a la Junta Departamental cualquier transposición de rubros.
El debate tomó temperatura jurídica al llegar al Artículo 13, que proponía la creación de una Comisión Especial de Reestructuras. El proyecto sugería integrar a un edil en dicha comisión ejecutiva. Aquí intervino por primera vez el asesor letrado de la Junta, Dr. Julio Serrón, advirtiendo sobre el choque de poderes: incluir a un legislador departamental en una comisión de la Intendencia determinaría que este perdiera su competencia de control posterior.
Con ese respaldo, se acordó por unanimidad que la comisión quede integrada por seis miembros del Ejecutivo y tres representantes de ADEOM, dejando a la Junta Departamental en su rol natural de contralor.
El peso de la oposición blanca, amparada en la Constitución, logró torcerle el brazo al oficialismo en los Artículos 14 y 15. El texto original del intendente Daniel Ximénez establecía que si la Junta no se expedía en 30 días sobre los proyectos de reestructura, estos tendrían “aprobación ficta”.
El edil Joaquín Hernández (PN) denunció la propuesta como “un total avasallamiento de la Constitución”, calificando de insólito ponerle “una piola a los pies” a una Junta que sesiona cada 14 días. Su compañera de bancada, Verónica Machado, recordó que el texto vulneraba el principio de reserva legal (Art. 273).
El asesor letrado fue categórico al respaldar a la oposición: “Se debería incluir en el artículo 15 la aprobación de la Junta Departamental, evidentemente por control”.
Acorralado por la biblioteca jurídica, el Frente Amplio cedió, eliminó el plazo y agregó explícitamente que las reestructuras van a la Junta “para su aprobación”. La edil Carol Aviaga (PN) ironizó felicitando al oficialismo por recapacitar y evitar concentrar poder “de forma absolutista”.
ARTÍCULO 16: PRIMERA GRAN FRACTURA
El clima de consenso se quebró en el Artículo 16, aprobado por una ajustadísima mayoría de 17 votos en 31 ediles presentes en la sala de sesiones. Este punto autoriza a la Intendencia a utilizar los créditos de los cargos vacantes para financiar funciones contratadas.
El Partido Nacional y los ediles colorados votaron en contra. Carol Aviaga (PN) advirtió que el artículo es un “cheque en blanco” de extrema discrecionalidad: “¿Se está preparando el camino para una tercerización de las funciones? No quiero que Lavalleja empiece a caminar por el sendero de Canelones o Montevideo”, disparó.
Desde el oficialismo, Francisco Gómez defendió la medida para no tener el dinero paralizado, recordando que la administración anterior dejó “1.155 cargos vacantes presupuestados”, y acusó a la oposición de hacer interpretaciones rebuscadas.
Tras aprobarse, la Junta retomó la senda del acuerdo para dividir el Artículo 17 en dos (creando el 18), garantizando que los concursos abiertos no generen presupuestaciones automáticas, una medida celebrada por todas las bancadas para proteger la carrera funcional.
UN ARTÍCULO BORRADO DE RAÍZ
El clímax del contralor legislativo se vivió con el Artículo 21 (ex 20). El intendente Ximénez pretendía que se le facultara para reorganizar remuneraciones e integrar compensaciones al salario base de los funcionarios.
La bancada nacionalista lo frenó. Las ediles María Noel Pereira y Verónica Machado explicaron que el salario base se fija por presupuesto y que otorgarle esa potestad al intendente violaba el artículo 86 de la Constitución. “Se le están otorgando las llaves de los salarios al intendente cuando la política salarial es presupuestal”, sentenció Machado.
El asesor letrado fue lapidario y le dio la estocada final a la pretensión del Ejecutivo: “Todo tema salarial tiene que tener su asignación presupuestal”, explicó Serrón. Ante la contundencia del argumento, el edil colorado Luis Carresse solicitó un cuarto intermedio y presentó una moción drástica: eliminar el artículo por completo.
Sin margen de maniobra, la bancada del Frente Amplio aceptó suprimirlo. Un artículo entero, pilar de la reestructura de Ximénez, fue borrado de raíz del presupuesto con votación unánime de las tres bancadas.
LA PROSECRETARÍA GENERAL
A pesar de los álgidos cruces jurídicos iniciales, el punto que demandó la mayor cantidad de tiempo y transformó la sesión en una batalla de trincheras fue el referido a la creación de la figura de la Prosecretaría General de la Intendencia de Lavalleja.
La propuesta del Ejecutivo de instaurar este nuevo cargo de extrema confianza política chocó de frente contra el muro nacionalista. El Partido Nacional invirtió horas en desglosar lo que consideraron una profunda contradicción del oficialismo. Los ediles blancos recordaron incansablemente las promesas de campaña del Frente Amplio, que aseguraba gobernar con una cúpula reducida.
Argumentaron que resulta éticamente inviable y financieramente irresponsable crear una Prosecretaría General altamente remunerada (con un salario base que supera los 125.000 pesos y que, según la oposición, se acercaría a los 200.000 sumando partidas) mientras el mismo presupuesto recorta 135 vacantes de los escalafones más bajos de funcionarios municipales como maquinistas y obreros.
El oficialismo cerró filas para defender a capa y espada el diseño de Ximénez. Argumentaron la imperiosa necesidad de modernizar la estructura administrativa, agilizar el despacho diario del intendente y generar un organigrama acorde a las nuevas exigencias de gestión.
La oposición, sin embargo, no cedió un centímetro, catalogando la medida como un ensanchamiento injustificado del aparato político para “acomodar” figuras afines.
El extenso tratamiento obligó a sucesivos cuartos intermedios. El Partido Colorado, manteniendo su postura independiente, escuchó los argumentos pero decidió no acompañar el gasto, dejando al Frente Amplio en soledad.
Finalmente, a la hora de levantar la mano, el artículo que crea la Prosecretaría General se aprobó con los votos justos, obteniendo el respaldo de los 16 ediles del Frente Amplio y dos de los colorados Luis María Carresse y el coronel Julio C. Sánchez. Ahora deberá pasar por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR), donde puede ser observado, y volver al deliberativo. Luego, en caso que el debate sea por la constitucionalidad del proyecto, la iniciativa podría pasar a la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Por estas horas se sabe, gracias a los propios argumentos frenteamplistas, que la dirección de Promoción y Desarrollo sería la que se transformaría en Prosecretaría General y el nombre que se maneja para estar al frente de la misma es el de Eduardo Yocco.
ARTÍCULO 24
El tratamiento de la reestructura del organigrama de la Intendencia continuó con el Artículo 24, que establece la creación de la Dirección General de Gestión Humana y Recursos Materiales. A diferencia del extenso debate que demandó el Artículo 23 sobre la Prosecretaría General, el tratamiento de este punto fue rápido, ya que la naturaleza de la modificación estructural era la misma y las posturas de las bancadas ya estaban fijadas.
Durante la breve discusión, la oposición rechazó la creación de esta nueva área jerárquica reiterando las objeciones del artículo anterior. El Partido Nacional argumentó nuevamente que la Junta carece de iniciativa para crear dependencias y modificar el planillado, señalando que la medida viola la Constitución. Asimismo, reafirmaron su negativa a votar cargos de confianza y engrosar la estructura política del gobierno departamental.
Tras la solicitud de votación nominal, el resultado fue idéntico al del Artículo 23. El Artículo 24 resultó aprobado por mayoría simple con 16 votos a favor, aportados en su totalidad por el Frente Amplio. En contraposición, sumaron 15 votos negativos correspondientes a todo el bloque del Partido Nacional y a los tres ediles del Partido Colorado, quienes volvieron a rechazar la medida en conjunto con los ediles blancos.
INSÓLITA DISCUSIÓN
Luego de esa ajustada votación, el plenario se sumergió en un áspero debate de más de media hora. El eje de la discusión fue la solicitud de votar un cuarto intermedio para suspender la jornada y retomar el tratamiento hoy miércoles a las 19:00 horas.
Los argumentos esgrimidos apelaban al sentido común: el evidente agotamiento físico tras las jornadas maratónicas, las obligaciones laborales particulares de los curules y el riesgo que implicaba el viaje de madrugada para aquellos ediles que residen en otras localidades del interior del departamento.
Sin embargo, lejos de alcanzar un consenso para el descanso, la propuesta derivó en un fuerte enfrentamiento verbal. La discusión subió rápidamente de tono y tuvo como principales protagonistas a los ediles Joaquín Hernández, por el Partido Nacional, y Gastón Díaz, desde la bancada del Frente Amplio. Las recriminaciones cruzadas dejaron en evidencia que la tensión acumulada por el debate del presupuesto había llegado a su límite.
El oficialismo se mantuvo inflexible. Haciendo valer su mayoría, la bancada del Frente Amplio decidió no dar lugar al receso y se impuso para que la sesión no se detuviera.
De esta forma, el plenario se vio obligado a continuar tratando la extensa norma presupuestal durante la madrugada, a pesar del visible cansancio y el malestar de varios legisladores departamentales que debieron seguir en sus bancas.
SIN CARGOS PARA MUNICIPIOS
Si bien SERRANO realizó la cobertura hasta ese momento, al cierre de esta edición se supo que la sesión continuó hasta las 7:25 de la mañana de hoy.
En el correr de la madrugada, en principio, la oposición política logró frenar la instalación de los cargos de secretarios para los alcaldes.
Por otro lado, la oposición logró bajar algunos artículos que ADEOM no aceptaba, al tiempo que quedó firme la decisión de reducir 135 puestos de eventuales.
En próximas ediciones ampliaremos la información.