Por Natalia Gorgoroso
La tensión política en la Junta Departamental de Lavalleja (JDL) sumó un nuevo y polémico capítulo este miércoles. Previo a la sesión de ayer (ver nota en página 7), la bancada de ediles del Partido Nacional (PN) convocó a los medios de comunicación para denunciar lo que consideran una serie de medidas “alarmantes” y “extorsivas” por parte de la Intendencia Departamental de Lavalleja (JDL) que gobierna el Frente Amplio.
Si bien la rueda de prensa fue abierta por la edil Verónica Machado, quien expuso cuestionamientos sobre gastos de la flota vehicular, el eje central de la indignación opositora radicó en el reciente descubrimiento de la Resolución N° 541/026, mediante la cual el gobierno departamental aprobó un convenio con la empresa multinacional Equifax (propietaria del Clearing de Informes en Uruguay) para la gestión de contribuyentes morosos.
“UNA PRÁCTICA CASI EXTORSIVA”
El edil nacionalista Joaquín Hernández fue el encargado de poner sobre la mesa el tema que mayor preocupación genera en el PN. Según consta en los documentos oficiales, la Intendencia rubricó un acuerdo con Equifax – Clearing de Informes S.A., que expresa: “1°.- Apruébese el proyecto de convenio (…) entre la Intendencia Departamental de Lavalleja y Equifax-Clearing de Informes S.A. por los servicios en Gestión de Contribuyentes”, extraído de la Resolución N° 541/026, firmada por el intendente Dr. Daniel Ximénez.
Para el Partido Nacional, la lectura de este convenio es clara y directa: los vecinos que mantengan deudas por concepto de Contribución Inmobiliaria serán enviados al Clearing de Informes.
“Nos parece una cosa grave, alarmante. Es una práctica prácticamente extorsiva para el contribuyente del departamento”, sentenció Hernández. El edil recordó que el PN gobernó durante muchos años en Lavalleja y “nunca se le pasó por la cabeza mandar al Clearing al vecino por no pagar la Contribución”.
Los ediles nacionalistas enmarcan esta decisión dentro de lo que consideran una estrategia agresiva de recaudación. Hernández ató este convenio a debates recientes dados durante la discusión del Presupuesto Quinquenal:
- Fortalecimiento del recupero de deudas: el Ejecutivo había anunciado su intención de robustecer la oficina de recuperación de morosos, lo que ahora, según la oposición, cobra pleno sentido.
- Freno al aumento de impuestos: la bancada del PN logró hacer caer el Artículo 79 del presupuesto, el cual preveía un aumento escalonado de la contribución inmobiliaria hasta el año 2030. Al fracasar esa vía, argumentan los ediles, la Intendencia optó por la presión crediticia.
- Nivel de morosidad: según datos manejados en la conferencia, la morosidad actual ronda el 18%. “Es un nivel bajo que no amerita esta recaudación excesiva”, argumentó Hernández, sugiriendo que el verdadero fin es “bancar cargos de confianza”, como la creación de la figura del Prosecretario.
Asimismo, señalaron una contradicción en el discurso oficialista: mientras se lanza una amnistía que perdona el 70% de multas y recargos bajo la premisa de “no fomentar la deuda”, simultáneamente se firma el convenio para asfixiar crediticiamente a los deudores. El PN ya anunció que presentará un pedido de informes urgente para conocer “la letra chica” de este contrato.
ALQUILER VS. COMPRA
Previo a la denuncia sobre el Clearing de Informes, la edil Verónica Machado había sido la encargada de iniciar la conferencia poniendo la lupa sobre el manejo de los fondos públicos en la adquisición y arrendamiento de vehículos para distintas direcciones de la Intendencia.
Tras un pedido de informes realizado en febrero, las respuestas oficiales confirmaron los rumores que habían llegado a oídos de la bancada nacionalista, dejando más dudas que certezas respecto a la conveniencia económica de las operaciones:
- El Arrendamiento (Dirección de Vialidad): se alquiló una camioneta tipo SUV por un plazo de 24 meses, con un costo total de US$ 21.500. Finalizado el plazo, el vehículo debe ser devuelto.
- La Compra (Dirección de Prensa): se adquirió un vehículo 4×4 (marca Foton) por un valor de US$ 21.600. Este vehículo pasa a ser patrimonio definitivo de la comuna.
“No cuestionamos la contratación en sí, simplemente queremos una explicación. No se entiende cómo en un caso compramos y en otro arrendamos, cuando el año que viene ese vehículo hay que devolverlo y tiene exactamente el mismo costo, hay solo 100 dólares de diferencia”, explicó Machado.
La edil denunció que la Intendencia de Lavalleja no adjuntó el informe de conveniencia que justifique por qué se eligió alquilar en lugar de comprar. Además, manifestaron preocupación por el control sobre el vehículo arrendado, que extraoficialmente afirman es de uso particular del Director de Vialidad, ya que, al no ser estrictamente un vehículo oficial, se desconoce si pernocta en dependencias municipales o si tiene otros usos fuera del horario laboral.
El PN intentó ingresar este tema en el orden del día de la sesión de la Junta de la víspera, pero la bancada del Frente Amplio votó en contra de su tratamiento.
VIVIENDAS EN DESUSO
Finalmente, los ediles sumaron una tercera alerta relacionada con el derecho de propiedad. Hernández se refirió a los anuncios recientes sobre la instalación de un “laboratorio” en conjunto con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) para investigar y relevar propiedades y casas vacías o en desuso en Minas.
Desde filas blancas temen que este relevamiento sea el paso previo para aplicar cobros diferenciales a los dueños de casas desocupadas o, en el peor de los casos, proceder a expropiaciones amparadas en la Ley de Ordenamiento Territorial.
En declaraciones posteriores a SERRANO, Joaquín Hernández dijo que “queremos marcar enfáticamente que nosotros somos defensores de la propiedad privada. El Estado no es quién para intervenir. Si hay una persona que tiene una propiedad privada, esa propiedad se debe respetar”.
“No puede ser que Lavalleja sea un laboratorio en ese sentido», concluyó, sumando este proyecto al “hilo conductor” de una administración que, según denuncian, busca recaudar por todos los frentes posibles.